La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los señalamientos realizados por Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, contra La Silla Vacía, su directora Juanita León y la revista Cambio.
La organización advirtió que calificar a medios de comunicación como “enemigos” o actores políticos puede debilitar las garantías para el ejercicio periodístico.
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El pronunciamiento fue emitido el lunes 5 de octubre de 2026, luego de que Suárez se refiriera a La Silla Vacía y Cambio como “portales activistas” que, según su postura, se presentan como medios de comunicación.
El directivo también afirmó que esos espacios habían declarado una “enemistad” contra él y el Gobierno nacional.
En el pronunciamiento oficial por parte de la Flip se cuestionó en particular que Suárez anunciara una “respuesta política” frente a La Silla Vacía, medio que ha publicado investigaciones relacionadas con su trayectoria, sus relaciones y su llegada a la Junta Directiva de Ecopetrol.
La Flip rechazó que se presente el escrutinio como confrontación política
En su comunicado, la organización sostuvo que el trabajo de investigación y fiscalización que realizan los medios no convierte a la prensa en una adversaria del Ejecutivo.
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Además, desde la Flip se hizo hincapié en que investigar, cuestionar o publicar información sobre funcionarios, asesores y personas cercanas al poder no equivale a una confrontación política. Desde su perspectiva, ese tipo de mensajes intenta desacreditar la labor de medios y periodistas.
La fundación sostuvo que el cargo que ocupa Suárez da una dimensión distinta a sus pronunciamientos. No obstante, como presidente de la junta directiva de una empresa estatal como Ecopetrol, sus afirmaciones pueden incidir en el debate público y tener repercusiones sobre la percepción de medios que realizan investigaciones relacionadas con personas vinculadas al Gobierno.
De acuerdo con el comunicado, presentar a un medio como enemigo, activista o estructura que se disfraza de periodismo puede fomentar escenarios de hostigamiento contra periodistas y afectar las condiciones para que la ciudadanía acceda a información de interés público.
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La organización recordó advertencias de la Corte Constitucional y la CIDH
La Flip citó criterios de la Corte Constitucional sobre el alcance de las declaraciones emitidas por personas que ejercen funciones de autoridad.
Para la fundación, esas intervenciones tienen una repercusión particular en el debate público y pueden ampliar situaciones de deslegitimación o presión contra periodistas.
También se mencionaron pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que se ha advertido que los discursos estigmatizantes provenientes de figuras de poder incrementan la vulnerabilidad de medios y reporteros.
En su respuesta oficial la Flip pidió a Suárez abstenerse de realizar señalamientos contra La Silla Vacía, Juanita León u otros periodistas que investiguen sus actuaciones.
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Sumado a lo anterior, se solicitó al presidente De la Espriella y al Gobierno que rechacen de manera pública esos mensajes y garanticen que no habrá represalias ni tratos diferenciados contra los medios por sus publicaciones.
La Flip reportó 14 hechos desde la campaña presidencial
La organización señaló que el episodio hace parte de una serie de situaciones que ha documentado desde la campaña presidencial.
Según sus registros, desde enero ha identificado 14 agresiones, entre ellas casos de acoso judicial, estigmatización y obstáculos al trabajo periodístico, atribuidos al presidente y a personas de su entorno político e institucional.
En su comunicado la Flip recordó que en junio alertó sobre declaraciones del entonces candidato Abelardo de la Espriella y de su campaña contra periodistas y medios a los que se habría señalado como activistas o actores políticos.
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En julio, la fundación documentó ataques digitales ocurridos después de la difusión de información sobre el entonces presidente electo y su equipo de Gobierno. La organización planteó que esos episodios se produjeron en un contexto de creciente presión contra medios que publicaban contenidos críticos o investigaciones sobre figuras próximas al Ejecutivo.
Durante septiembre, la Flip denunció directrices que, de acuerdo con su versión, contemplaban negar entrevistas y ruedas de prensa a medios que no fueran considerados “amigos”.
La fundación también cuestionó la Directiva Presidencial 01, que centralizó las vocerías oficiales y estableció controles adicionales sobre la comunicación de funcionarios con periodistas.
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Ese mismo mes, la organización alertó sobre solicitudes de rectificación promovidas desde la antigua firma de abogados del presidente.
Según la FLIP, esas peticiones buscaban establecer la forma en que los medios debían describir asuntos relacionados con la trayectoria de De la Espriella.
La fundación advirtió sobre una división entre medios “amigos” y “enemigos”
Para la Flip, los hechos documentados configuran una secuencia en la que primero se cuestiona a periodistas bajo la etiqueta de activistas, luego se diferencia entre medios “amigos” y “no amigos” y, al final, se identifica a determinados medios como enemigos del Gobierno.
La organización sostuvo que la relación entre el poder público y la prensa no puede organizarse a partir de una clasificación entre medios aliados y adversarios. A su juicio, transformar el control periodístico en una enemistad política puede enviar un mensaje disuasivo a reporteros y equipos editoriales que cubren asuntos públicos.
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Desde la Flip se planteó que el problema no se limita a los medios mencionados o a su directora, sino que cualquier señalamiento desde espacios de poder puede influir en las condiciones de trabajo de periodistas que investiguen a funcionarios, contratistas, asesores o personas con influencia institucional.
Por último, la fundación invitó a periodistas, medios y equipos editoriales que hayan enfrentado restricciones de acceso, presiones, solicitudes de rectificación que consideren abusivas, hostigamientos o represalias vinculadas con su cubrimiento del Gobierno a ponerse en contacto con la organización.
El objetivo, indicó el comunicado, es continuar con el registro de estos casos y promover una respuesta conjunta para proteger las garantías de libertad de prensa en Colombia.
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