Defensa de Sneyder Pinilla prende las alarmas por el traslado del exdirector de la Ungrd a La Picota: “Su vida e integridad deben ser protegidas”

El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla, exigió revocar la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que dispone el traslado de su cliente a la cárcel de La Picota, en Bogotá, bajo el argumento de que existe un mandato judicial que ordena su permanencia en una unidad militar.

La reacción de la defensa se dio tras la expedición de la Resolución Número 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el Director General del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez. Mediante este acto administrativo, el instituto ordenó trasladar a Olmedo López, exdirector de la entidad, y a Sneyder Pinilla desde los recintos especiales para la fuerza pública hacia la cárcel La Picota.

La resolución del Inpec fundamenta la decisión en el artículo 304 de la Ley 906 de 2004 y en solicitudes de la Dirección de Custodia y Vigilancia para reubicar a las personas privadas de la libertad hacia establecimientos que ofrezcan mayores condiciones de seguridad y control penitenciario. La medida afecta a Pinilla, condenado a 5 años, 8 meses y 1 día por concierto para delinquir y peculado por apropiación, el cual se encontraba en el Centro de Reclusión Militar.

El jurista difundió un mensaje en sus redes sociales en el que advirtió que mover a su representado hacia un centro penitenciario ordinario desconoce los pronunciamientos de los jueces de la República y compromete la vida del exfuncionario en su condición de testigo clave dentro del escándalo de corrupción.

“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, sostuvo el abogado Moreno en una publicación en su cuenta de X.

“Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas. No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”, agregó el representante legal en su publicación.

Las controversias de custodia y los riesgos en La Picota

La orden administrativa del Inpec para llevar a los procesados a La Picota se produce tras una serie de investigaciones disciplinarias dentro del instituto por presuntas irregularidades en los esquemas de vigilancia y permisos no autorizados en los lugares de reclusión iniciales.

Informes internos detectaron que tanto Pinilla como Olmedo López habrían salido de la guarnición del Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) sin la correspondiente autorización de los jueces o de la Fiscalía para asistir a reuniones privadas y citas médicas, situación que derivó en la suspensión de varios dragoneantes y guardias del instituto.

A las fallas en la custodia se suma la preocupación de la defensa por la seguridad del delator, debido a que en el mismo complejo penitenciario de La Picota se encuentran recluidos otros líderes políticos salpicados en el caso.

Frente a este escenario, los representantes legales plantean que el traslado podría generar un grave riesgo para la integridad física del exsubdirector, al quedar expuesto a una eventual convivencia o cercanía en los mismos espacios con las personas a las que él mismo salpicó dentro de sus declaraciones ante la justicia.

De allí la insistencia en evitar que los procesados se mezclen en la misma infraestructura carcelaria, mientras la resolución del 6 de octubre mantiene la orden de traslado bajo estrictas medidas de seguridad.

Y es que durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá determinó que la vida de Sneyder Pinilla y Olmedo López sí se encuentra en riesgo real.

El despacho judicial justificó la orden de reclusión militar señalando que la amenaza no solo proviene de la condición de delatores de los procesados, sino del poder y la dignidad que ostentan otros integrantes de la red de corrupción.

Según argumentó el juez, existen actores interesados en entorpecer las líneas de investigación de la Fiscalía e impedir que la verdad salga a la luz, razón por la cual accedió a la petición del organismo judicial para garantizar la protección física de los imputados en un centro especial.

El rol de Pinilla en el entramado de la Ungrd

Sneyder Pinilla ejercía como subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd durante la administración de Olmedo López, época en la que se tramitó la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable al departamento de La Guajira por un valor cercano a los $46.800 millones, contrato que registró sobrecostos superiores a los $20.000 millones.

Tras la apertura de las investigaciones formales, Pinilla accedió a una matriz de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, entregando registros de llamadas, chats y bitácoras de seguimiento sobre la forma como se habrían desviado fondos públicos para el pago de sobornos a altos dirigentes del Congreso de la República.

Dentro de sus declaraciones ante los tribunales, el exsubdirector señaló haber entregado personalmente sumas de dinero en efectivo al expresidente del Senado Iván Name y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, dineros que habrían sido ordenados desde la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Pinilla los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y cohecho, derivando en una condena previa y en el mantenimiento de su reclusión mientras avanza la entrega de pruebas.