“Se les acabó la fiesta”: De la Espriella pone en marcha su ofensiva anticorrupción; agentes encubiertos y seguimiento a contratos públicos

La estrategia anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella contra la corrupción tendrá como uno de sus principales focos el seguimiento a los recursos públicos antes de que lleguen a perderse. El mandatario aseguró que su Gobierno buscará anticiparse a irregularidades mediante investigación, tecnología y revisión financiera.

La ofensiva fue presentada bajo el mensaje “se les acabó la fiesta”, luego de que en los últimos días se conocieran casos en regiones del país. Entre los asuntos mencionados estuvieron las universidades de Córdoba y Pamplona, y la salida del director de Bomberos.

De la Espriella sostuvo que la prioridad será determinar qué ocurre con los recursos desde las primeras etapas de la contratación. Por eso, anunció controles sobre contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, siempre dentro de las facultades legales.

“Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes”, afirmó el presidente. Según explicó, cuando aparezcan elementos que puedan constituir delito, falta o detrimento, estos deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Para desarrollar esa estrategia, el jefe de Estado anunció la creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y la designación de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. De la Espriella indicó que ella tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia anticorrupción y coordinar la identificación del destino de los recursos públicos.

“No quiero otra oficina burocrática. Quiero resultados, información, tecnología, analítica y coordinación. La instrucción para ella es una: perseguir a los corruptos y cuidar la plata del pueblo”, señaló.

Agentes encubiertos y auditorías para seguir el rastro de la plata

El Gobierno ya trabaja con agentes encubiertos dentro de la administración pública para indagar posibles hechos de corrupción. El presidente planteó que las investigaciones pueden extenderse fuera del país cuando los recursos derivados de actividades ilícitas terminen en otras jurisdicciones.

Uno de los casos citados fue el contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa Ciberpaz, celebrado entre el anterior Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona por $14.984 millones. El mandatario pidió una auditoría forense para establecer cuánto costó cada actividad, dónde se realizó, quién participó, quién la certificó y qué recibió el país.

Su mensaje incluyó el caso del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, a quien dijo haber cuestionado directamente durante su visita a Sucre. El presidente sostuvo que no puede ignorar los antecedentes, investigaciones y actuaciones públicas que, según afirmó, rodean la trayectoria del mandatario local. A la vez, aclaró que el Ejecutivo no busca reemplazar a los jueces ni anticipar decisiones judiciales.

Universidades de Córdoba y Pamplona, en la mira del Gobierno

En Córdoba, otro de los asuntos señalados fue la situación de la universidad pública y su rector, Jairo Torres Oviedo. De la Espriella afirmó que ordenó al Ministerio de Educación ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

“La autonomía universitaria se respeta. Autonomía no es ausencia de controles ni patente para atornillarse con corrupción y politiquería. La Universidad de Córdoba no tiene propietarios: pertenece a los cordobeses y a sus estudiantes”, dijo.

En cuanto a Pamplona, De la Espriella recordó que el Consejo de Estado anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez. También mencionó denuncias relacionadas con manejos contractuales, presuntos poderes externos sobre la contratación y burocracia.

Ante esos señalamientos, afirmó que ordenó a la ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos, ejercer vigilancia inmediata. El presidente justificó la ofensiva al señalar que esta semana les reiteró a alcaldes y gobernadores que no permitirá el robo de “un solo peso”. También cuestionó la reacción que generan sus advertencias sobre el manejo del presupuesto.