Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

El exfiscal general Francisco Barbosa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptaciones ilegales en su contra dentro de la DNI, y pidió una investigación para identificar a los responsables de las actividades de inteligencia que, según sostiene, lo habrían afectado durante el gobierno de Gustavo Petro.

La Fiscalía recibirá 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas que ya fueron sometidos a una auditoría, según indicó Barbosa. Los dispositivos y archivos corresponden a material que, de acuerdo con Semana, fue revisado tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella.

Barbosa afirmó que su apoderado seguirá el avance del caso y reclamará resultados. “Es inadmisible, vuelvo y repito, que hayan montado una parafiscalía, que hayan montado una Fiscalía paralela. Y si se lo hicieron al fiscal general de la Nación, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de este país?”, expresó.

La denuncia señala que las actividades de inteligencia se ordenaban mediante instrucciones de trabajo o de forma verbal para evitar registros. Las consultas habrían abarcado bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias.

Los resultados de esas búsquedas eran reportados semanalmente a la Presidencia, según consta en la presentación judicial. La investigación deberá establecer quiénes autorizaron las consultas, cuál fue el destino de la información y si existieron interceptaciones o seguimientos sin respaldo legal.

El exfiscal vinculó esos presuntos procedimientos con una campaña que, según su denuncia, buscaba afectar su honra, su buen nombre y el de su familia. Sostuvo que la ofensiva se intensificó hacia finales de 2023 en medios de comunicación y redes sociales, mediante la difusión de información falsa.

La presentación judicial busca determinar si los datos que llegaban a Gustavo Petro fueron suministrados por organismos de inteligencia y si pudieron haber servido como insumo para esa campaña. Barbosa había mantenido, de acuerdo con su relato, desacuerdos institucionales con el Gobierno por decisiones que debían ajustarse al orden constitucional.

El abogado Juan Camilo Caicedo, defensor del exfiscal, afirmó que la tensión coincidió con la oposición de su representado a los beneficios que el Gobierno pretendía otorgar a grupos dedicados al narcotráfico. “Esa campaña coincidió con la férrea oposición de mi poderdante a los beneficios que el Gobierno pretendía otorgar a grupos dedicados al narcotráfico, que derivó en un grave enfrentamiento institucional por la insistencia del gobierno Petro en suspender órdenes de captura”, señaló.

La auditoría forense de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), realizada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, advierte sobre presuntas escuchas y seguimientos contra opositores del gobierno Petro durante 2022-2026. Las acciones habrían buscado recopilar información de figuras que incomodaban a la Casa de Nariño mediante procedimientos que no se ajustaban a la legalidad.

El listado entregado por una fuente a la revista Semana que trabajó durante el gobierno Petro incluye a Margarita Cabello, exprocuradora general de la Nación; Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de la República; los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas; y los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. También aparecen Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, el senador asesinado Miguel Uribe Turbay, Ramiro Bejarano y Vicky Dávila.

La auditoría también habría detectado reparos por el uso de gastos reservados, incluida la compra de un dron por $9.000 millones que sufrió un accidente en la zona del Catatumbo. Entre las operaciones cuestionadas figura además el sistema biométrico ABIS, que, según la denuncia, nunca funcionó.

“La gestión tecnológica y de seguridad digital de la Dirección Nacional de Inteligencia requiere una transformación estructural total”, concluyó la auditoría forense, que identificó fallas operativas, posibles filtraciones de información sensible, accesos no autorizados a datos y deficiencias en los protocolos de ciberseguridad.