Autopista entre Medellín y Bogotá sigue en estado deplorable: Asamblea de Antioquia exigió reparaciones urgentes

La Asamblea de Antioquia exigió acciones urgentes para reparar el tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá, un corredor de 135 kilómetros que registra deterioro de la malla vial, inestabilidad de taludes, inseguridad y accidentalidad pese a conectar cuatro municipios y ser una ruta estratégica entre las dos principales ciudades del país.

Por ese sector circulan cerca de 4.500 vehículos al día. La comunidad, los gremios y dirigentes políticos reclaman una intervención ante las condiciones de la carretera, que algunos han calificado como un “calvario” y un “monumento a la desidia” del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La corporación departamental pidió a las entidades nacionales que actúen frente a la “alarmante crisis de accidentalidad y el avanzado deterioro” de la vía. Su solicitud incluye atención técnica prioritaria en los puntos de mayor riesgo, supervisión de acuerdos previos para una pavimentación integral y una revisión de las tarifas de los peajes locales.

También planteó medidas de largo plazo: una doble calzada y mayores controles viales y de velocidad para proteger a las comunidades rurales y los entornos escolares ubicados junto al corredor.

El diputado José Luis Noreña cuestionó la distancia entre los recursos obtenidos mediante los peajes y el dinero destinado a conservar el trayecto. Según su cálculo publicado por El Colombiano, el recaudo alcanza los $ 120.000 millones, mientras las inversiones anuales para el tramo oscilan entre $ 10.000 millones y $ 20.000 millones.

El legislador sostuvo que las reparaciones realizadas hasta ahora han sido superficiales y afirmó no conocer un diagnóstico reciente del Instituto Nacional de Vías (Invías). “Ahí viene el gran problema. Al tramo de El Santuario-Caño Alegre solo le invierten de $ 10.000 millones a $ 20.000 millones al año. Entonces, nos preguntamos: ¿dónde está el resto de la plata?”, expresó.

La discusión sobre quién debe hacerse cargo de la vía incluye versiones distintas sobre el fin de la concesión. Hasta agosto de 2026, Devimed operó la carretera y luego la entregó a Invías; sin embargo, diputados y congresistas aseguran que el concesionario había devuelto ese tramo a la Nación desde 2019.

Noreña explicó que existen registros en Invías sobre aquella entrega y señaló que el sector más complejo atraviesa El Santuario, Cocorná, San Luis y Puerto Triunfo, antes de llegar a Puerto Boyacá. El resto de la ruta permaneció bajo concesión de Devimed hasta el 1 de agosto de 2026, indicó.

La primera alternativa propuesta por el diputado consiste en que el Gobierno nacional entregue el tramo a Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón ya solicitó que varias carreteras nacionales situadas en el departamento pasen a la administración regional, con el objetivo de asumir su mantenimiento y ejecutar las obras requeridas.

La segunda opción es adjudicar una nueva concesión con obligaciones de conservación e infraestructura. Para Noreña, esa figura debería contemplar la ampliación a un tercer carril o una doble calzada que prolongue la que actualmente llega hasta El Santuario.

La vía también es considerada determinante para el funcionamiento del puerto de Urabá, cuya operación total está prevista para finales de este año. Por ese corredor se movilizarían productos de exportación procedentes de Bogotá y mercancías importadas con destino al centro del país.

Un proyecto para destinar todo el recaudo al mantenimiento

El senador Esteban Quintero presentó un proyecto de ley para que el 100% de los recursos cobrados en peajes de Colombia se inviertan en el mantenimiento del mismo corredor vial donde se recauda el dinero. La iniciativa superó una proposición de archivo y no modificaría quién administra las carreteras.

En el caso de la autopista Medellín-Bogotá, Invías conservaría la responsabilidad operativa, pero el recaudo íntegro de los peajes tendría que dirigirse a las reparaciones. La regla propuesta alcanzaría a todas las vías del país.

Quintero afirmó que no se han invertido siquiera $ 250.000 millones en la modernización o el mantenimiento de esta carretera. “Eso hace que se esté incumpliendo con la ley, que dice que, por lo menos, el 50 % debe estar destinado al mantenimiento. Y una vez la vía ya esté en óptimas condiciones, ahí sí la plata podría ir a otros corredores”, señaló en declaraciones obtenidas por El Colombiano.

El senador indicó que, durante el gobierno de Petro, Invías justificó la asignación parcial del recaudo con el argumento de que los recursos se destinaban a otras carreteras, entre ellas las del Chocó. “Sin embargo, las vías del Chocó siguen iguales o peores, y la autopista Medellín-Bogotá”, apuntó.

El deterioro también preocupa al sector productivo del oriente antioqueño. Juan Camilo Aguirre, director de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, afirmó a El Colombiano que una carretera en buen estado permite que los productores lleven sus cosechas al mercado, que los comerciantes reciban insumos y que los visitantes lleguen de forma segura a los municipios turísticos.

Aguirre añadió que el corredor ha sido determinante para el desarrollo de la subregión. Para el dirigente gremial, las obras deben priorizar la protección de quienes circulan por la ruta y de las comunidades que viven junto a ella, con atención especial a las zonas escolares.

Mientras empresarios y políticos reclaman que los recursos recaudados se destinen a la carretera, habitantes de la zona han tomado algunos peajes y levantan las talanqueras cuando los conductores intentan pagar, según Quintero. “Es decir, esos peajes no se están cobrando. Entonces, tampoco se está recibiendo dinero”, concluyó el senador.