
La muerte de Keiner Banguera durante un operativo de la fuerza pública en el municipio de El Charco, Nariño, quedó bajo investigación judicial tras las versiones contrapuestas sobre las circunstancias del hecho y la identidad del joven fallecido.
La Defensoría del Pueblo informó en la mañana del domingo 4 de octubre que acompaña a la familia y a la comunidad desde el episodio reportado el 2 de octubre. El organismo pidió que las autoridades aclaren lo ocurrido con garantías para todas las partes y sin afectar la integridad de las pesquisas.
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El caso será definido por la justicia penal ordinaria, que deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de Banguera, además de determinar si existen responsabilidades del Ejecutivo, luego de que el Gobierno lo vinculara con una estructura armada ilegal, autoridades departamentales y miembros de la comunidad cuestionaron esa versión.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación que priorice el expediente y adelante las diligencias necesarias para esclarecer el caso en el menor tiempo posible.

“Corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte y definir si hay lugar a responsabilidades. Por esta razón, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló la Defensoría en un comunicado.
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La entidad también reclamó que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios lleguen de inmediato a manos de la Fiscalía. El organismo pidió verificar durante la investigación si los integrantes de la Fuerza Pública cumplieron los protocolos previstos para este tipo de procedimientos.
Así mismo, sostuvo que continuará con el acompañamiento a los familiares y a los habitantes de la zona. También afirmó que hará seguimiento a las actuaciones oficiales hasta que se establezcan plenamente las circunstancias de la muerte.
El llamado incluyó a la fuerza pública, a la que le solicitó entregar la información requerida por los investigadores y colaborar con transparencia ante las autoridades judiciales.
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“Hacemos un llamado a la Fuerza Pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia”, señaló la Defensoría.
El operativo dejó dinero, una embarcación y munición incautados
La operación se desarrolló en el sector Arenal de El Charco con participación de la Armada Nacional y el Ejército. Según la información difundida sobre el procedimiento, el resultado incluyó la muerte de un hombre y la incautación de 675 millones de pesos en efectivo.

Las tropas también recuperaron una embarcación con motor fuera de borda y proveedores de munición para pistola. La versión divulgada por el Gobierno nacional sostiene que los militares respondieron a disparos que provenían de una embarcación durante labores de control en la zona.
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El presidente Abelardo De la Espriella afirmó que el fallecido pertenecía a la estructura 30 de las disidencias de las Farc, señalada como una organización al mando de alias Iván Mordisco.
Esa afirmación abrió una controversia pública porque funcionarios de derechos humanos del departamento y sectores de la comunidad plantearon una identificación distinta del joven.
La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Nariño indicó que la Fiscalía ya adelanta actuaciones por los hechos ocurridos el 2 de octubre. La dependencia departamental señaló que, hasta ese momento, no existía una determinación concluyente de las autoridades sobre una posible pertenencia de Keiner Banguera a una organización armada ilegal.
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De acuerdo con ese pronunciamiento, integrantes de la comunidad reconocían al joven por su liderazgo y lo relacionaban con el Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje.
La Secretaría de Paz anunció un consejo de seguridad y la presentación del caso ante el Comité Departamental de Derechos Humanos. La medida busca mantener el seguimiento institucional sobre lo sucedido en el municipio.
La dependencia sostuvo que su intervención estará dirigida a proteger los derechos humanos, a la población civil y a los territorios golpeados por el conflicto.
El debate también alcanzó el trato público hacia la víctima
La Secretaría de Paz rechazó la expresión “esa plaga”, empleada por De la Espriella en una declaración pública sobre el caso.
La entidad departamental afirmó que cualquier persona debe recibir un trato respetuoso de su dignidad, al margen de las hipótesis que puedan investigarse sobre su conducta o sus eventuales vínculos.
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El expediente deberá resolver dos aspectos que todavía generan controversia: la identidad y posible relación del fallecido con grupos armados, además de las condiciones en las que se produjo el uso de la fuerza durante el operativo.
Las autoridades judiciales también deberán establecer la procedencia de los recursos incautados y el destino que tendrían. Esa revisión formará parte de la determinación de responsabilidades que corresponde a la Fiscalía y a los organismos competentes.
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