Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, comenzó su detención domiciliaria por corrupción en Medellín: fue reseñado por el Inpec

Dos días después de un juez ordenara que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fuera a prisión domiciliaria mientras se esclarece la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los Bomberos de Itagüí, el exfuncionario ya fue reseñado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según se conoció en la mañana del domingo 4 de octubre, el acusado fue traslado hasta la cárcel de Bellavista, en la capital del departamento de Antioquia, para cumplir con el proceso de toma de huellas y fotografía que lo certifica como persona privada de la libertad.

Tras el trámite, Quintero fue llevado nuevamente al inmueble donde permanecerá mientras avanza el expediente. La Fiscalía y la representación de las víctimas anunciaron que buscarán que una instancia superior revoque esa decisión y ordene su reclusión en un establecimiento carcelario.

La medida fue impuesta por el juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín. El despacho concluyó que existe una inferencia razonable de responsabilidad contra Quintero, aunque optó por la privación de la libertad en su vivienda y no por una medida intramural.

La investigación se concentra en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la pandemia de covid-19. La Fiscalía sostiene que las operaciones superaron los $17.000 millones y que parte de esos recursos habría sido desviada mediante un esquema de direccionamiento contractual.

El ente acusador le imputó a Miguel Andrés Quintero Calle los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía. El investigado no aceptó los cargos y se declaró inocente durante la audiencia de imputación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Quintero habría promovido desde 2019 la conformación de una estructura dentro del Área Metropolitana. La investigación señala que habría recomendado a Juan David Palacio Cardona para dirigir la entidad.

Palacio Cardona también figura entre las personas investigadas. La Fiscalía plantea que, después de esa designación, Quintero habría intervenido en decisiones sobre la permanencia o salida de funcionarios para facilitar la celebración de los contratos bajo revisión judicial.

Los seis convenios fueron suscritos con los Bomberos Voluntarios de Itagüí. La acusación sostiene que Quintero presuntamente recibiría el 15% de los recursos desviados.

La Fiscalía calcula que ese porcentaje equivaldría a $2.481 millones. De esa suma, $1.654 millones habrían quedado destinados a un beneficio propio y $827 millones habrían favorecido a terceros, de acuerdo con los datos expuestos durante las diligencias.

Los elementos del expediente incluyen chats y testimonios

El expediente incorpora los testimonios de Misael Cadavid y Laura Mejía, además de conversaciones de WhatsApp de grupos identificados como “Amigos” y “Alternativos grupo de trabajo sin condones”.

La Fiscalía utilizó esos elementos para sostener que existió un supuesto direccionamiento de los contratos. La validez y el alcance de ese material harán parte de la discusión probatoria durante las siguientes etapas del proceso.

Cadavid suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía y pasó a colaborar como testigo. El expediente también menciona un presunto acuerdo económico que habría ocurrido en junio de 2020 dentro de las instalaciones del Área Metropolitana en Medellín.

En ese encuentro, según la investigación, habrían participado Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Cadavid. Villada, exsubdirector administrativo y financiero de la entidad, y Álvarez, exasesora jurídica, también son investigados por estos hechos.

El juez rechazó, además, una solicitud de la defensa para que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueran declaradas ilegales y excluidas del proceso. Esa determinación permitió que el material siguiera incorporado en la actuación judicial.

Sebastián Ortega quedó en libertad mientras continúa la investigación

En la misma audiencia, el juez resolvió la situación jurídica de Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los imputados dentro del caso. El procesado fue señalado por peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La Fiscalía lo relaciona con el entramado contractual entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí. Ortega rechazó los señalamientos formulados en su contra.

El despacho decidió no imponerle una medida privativa de la libertad. Por esa razón, Ortega no deberá permanecer recluido mientras el proceso continúa y las partes presentan sus pruebas.

La Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana, reconocida como víctima, habían solicitado que Quintero fuera enviado a una cárcel. El juez se apartó de esa petición y determinó que cumpliera la medida desde su domicilio.

La apelación anunciada por la Fiscalía y la representación de las víctimas buscará modificar esa decisión. Mientras el recurso se resuelve, Quintero deberá permanecer bajo detención domiciliaria.

La medida de aseguramiento no equivale a una condena. El proceso seguirá en curso hasta que las autoridades judiciales definan las responsabilidades individuales de las personas vinculadas a los hechos investigados.