Gobierno de Abelardo de la Espriella le puso la lupa al DNI durante administración Petro: habrían ordenado un “hoyo negro” para indagar a la oposición

Una auditoría forense ordenada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habría concluido que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue utilizada con fines políticos y delictivos durante la administración de Gustavo Petro.

La auditoría habría reunido 147 terabytes de información bajo cadena de custodia, junto con 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas. Esos elementos permitirían reconstruir las actividades realizadas en la entidad durante la administración anterior, según documento revelado por Semana.

Fuentes que aceptaron hablar bajo reserva advirtieron al medio citado de un posible concierto para delinquir dentro del organismo estatal, sucesor del antiguo DAS (extinto Departamento Administrativo de Seguridad). Señalaron que al menos el 20% de los más de 500 empleados de la DNI habría comenzado a aportar información sobre lo ocurrido en los últimos cuatro años.

Las sospechas de uso político de la inteligencia

La auditoría señaló que, tras la llegada de Petro al poder, la DNI quedó organizada en dos bloques: uno a cargo de las labores ordinarias de inteligencia y otro, denominado de “contrainteligencia de Estado”, que reportaba directamente al entonces presidente y al director de turno. Funcionarios describieron ese segundo grupo como un “hoyo negro” que operó sin reglas y que tuvo acceso a la información más crítica manejada entre 2022 y mediados de 2026, incluida la relacionada con la oposición y la campaña presidencial.

Esa estructura quedó formalizada mediante el Decreto 1077, firmado el 23 de agosto de 2024. El bloque habría trabajado de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y se indagan posibles extralimitaciones con información privada de opositores, periodistas y funcionarios que representaron un obstáculo para los intereses del gobernante.

Persisten también preguntas sobre la eventual existencia de expedientes reservados de candidatos presidenciales y posibles labores de espionaje durante la campaña electoral, asuntos que el texto deja en manos de la Fiscalía General de la Nación.

El equipo auditor también habría identificado un supuesto mecanismo de infiltración: organismos de inteligencia creaban una amenaza falsa, asignaban protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Policía a la persona afectada y luego recogían información detallada sobre quién se convertía en objetivo, explicó el medio citado.

Riesgos internos y presunta injerencia extranjera

Según la auditoría, al menos la mitad de los funcionarios incorporados durante la administración anterior no cumplía criterios de idoneidad o confiabilidad; muchos habrían ingresado pese a no superar las pruebas de polígrafo. Más de 100 trabajadores fueron clasificados como riesgo crítico o alto, y algunos tendrían intención de causar “daño grave” desde la entidad de inteligencia civil en Colombia.

El desorden llegó a tal punto que una persona con orden de captura vigente no había podido ser desvinculada de la DNI. Además, diez servidores con posibles vínculos con grupos armados organizados representarían, conforme a lo expuesto en el documento, un alto riesgo de filtración de información.

Las vulnerabilidades abarcan también la seguridad física y digital. La auditoría describe accesos no autorizados a información física, digital y verbal, así como un debilitamiento de los protocolos de ingreso a instalaciones y de control de activos institucionales. El texto menciona, además, funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana sobre quienes recaen sospechas de falsedad documental, sin que existan decisiones judiciales al respecto.

La inspección plantea una “sospecha fundada” sobre la presencia o influencia de agentes de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela en la DNI. En esa misma línea, se investigan dos viajes realizados en 2025 en los que grupos de hasta diez funcionarios de la entidad habrían recibido entrenamiento del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), el principal organismo de inteligencia de ese país.

Las fallas en gastos reservados y tecnología

Los hallazgos también incluyen presuntas irregularidades en la administración de gastos reservados, cuyos desembolsos anuales habrían oscilado entre $7.000 y $10.000.000.000. La revisión señala que al menos $350.000.000 se destinaron a misiones ajenas a las funciones de la dirección de contrainteligencia, entre ellas operaciones relacionadas con alias Papá Pitufo, la llamada paz urbana en Medellín, alias el Mocho Olmedo y el periodista Enrique Tapias.

Entre los casos examinados figura el ABIS, un sistema automatizado de identificación biométrica adquirido por $580.000.000 para registrar huellas dactilares y controlar pagos por información. La plataforma nunca operó y la entidad no tendría precisión sobre los destinatarios finales de parte de esos recursos. También se revisa la compra de un dron por $9.000.000.000 en octubre de 2023: el aparato se accidentó en el Catatumbo con pérdida total y, según la auditoría, no cumplía las especificaciones técnicas ni correspondía a las funciones propias de la DNI.

El presidente De la Espriella encomendó la tarea de depurar y modernizar la agencia al general retirado Jorge Andrés Zuluaga, uno de los artífices de la Operación Jaque, quien llevaba menos de 15 días al frente de la entidad. La reorganización prevé la llegada en comisión de expertos de las Fuerzas Militares y la Policía, y la recuperación de la cooperación con organismos internacionales como la DEA, la CIA, el FBI, el Mossad y el MI6.

La auditoría concluye que la recuperación de la DNI exigirá mucho más que cambios de personal o nuevas estructuras operativas: la entidad deberá reconstruir desde cero su infraestructura tecnológica y sus controles de seguridad digital para impedir que la información reservada vuelva a quedar expuesta.