Colombiano y su esposa fueron condenados en Estados Unidos por millonario fraude: lideraron una compañía ‘fantasma’ que se apropiaba de identidades

El colombiano Luis Pino-Copete, de 42 años y residente en Bogotá, fue declarado culpable en Estados Unidos, junto con su esposa, Jael Watts, por su participación en un esquema que presentó solicitudes falsas por más de USD 13.000.000 de fondos federales destinados a personas mayores, con discapacidad y sin hogar.

La sentencia de ambos quedó fijada para el 21 de enero de 2027. El veredicto fue emitido por un jurado federal en Utica, estado de Nueva York, tras un juicio de varias semanas.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 2 de octubre de 2026 que la pareja utilizó identidades robadas, documentos apócrifos y registros ficticios para respaldar las operaciones de Pearl Transit Corporation, una empresa con sede en Nueva Jersey que, según las pruebas, no prestaba los servicios de transporte por los que pidió reembolsos.

El jurado concluyó que Pearl Transit no realizó los servicios facturados

La acusación sostuvo que Pearl Transit decía contar con conductores en distintos puntos de Estados Unidos para transportar a adultos mayores y personas con discapacidad, además de asistir a personas sin hogar. Sin embargo, durante el proceso se estableció que la compañía no tenía a esos trabajadores ni ejecutó los trayectos y atenciones incluidos en sus solicitudes.

Las maniobras se extendieron entre julio de 2019 y octubre de 2025. Los reclamos involucraron recursos de la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito (FTA), la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y la Subvención para Soluciones de Emergencia, administradas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Parte de esos programas recibió recursos durante la pandemia de covid-19 mediante la Ley Cares (por sus siglas en inglés).

Para aparentar que los servicios existían, los acusados presentaron nóminas y registros de beneficiarios elaborados con datos de personas reales. La investigación detectó que algunas de ellas habían muerto cuando, según la documentación, recibieron atención de Pearl Transit. También aparecieron como conductores personas sin licencia de conducción o que nunca habían manejado un vehículo. Una de las supuestas empleadas solo tenía permiso de aprendizaje.

Una auditoría en Nueva York puso en marcha la investigación

Las alertas surgieron a finales de 2024, cuando Jael Watts solicitó cerca de USD750.000 al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York mediante el programa de la Sección 5310. La Oficina del Contralor estatal consideró sospechosas las facturas y abrió una auditoría.

Según el Departamento de Justicia, Watts y Pino-Copete respondieron a ese control con la creación de numerosos soportes falsos y el uso de identidades robadas, con el propósito de sostener que Pearl Transit había prestado los servicios. La acusación indicó que los dos conspiraron para obtener fondos y que después reclamaron pagos por USD 1.275.550 ante esa dependencia estatal.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte había informado el 17 de febrero de 2026 que la FTA suspendió a Pino-Copete de participar en contrataciones y otras transacciones federales. Watts y la compañía habían recibido la misma suspensión el 3 de diciembre de 2025. En esa investigación, él figuraba como gerente regional y ella como gerente de operaciones.

Pino-Copete se incorporó al esquema en 2024, según la acusación

El Departamento de Justicia señaló que Watts se casó con Pino-Copete en Colombia en 2023 y que él pasó a formar parte de las maniobras en enero de 2024. Un año después ingresó a Estados Unidos con una visa expedida en diciembre de 2024. Su intervención aumentó luego de que fuera acusada inicialmente de fraude electrónico en julio de 2025, de acuerdo con las pruebas del juicio.

Tras la captura inicial de Watts y el registro de sus dispositivos electrónicos, los investigadores hallaron conversaciones de la pareja sobre la preparación de documentos para responder a la auditoría. El examen de cuentas bancarias permitió establecer que más de USD 1,5 millones provenientes de recursos de Georgia, Carolina del Norte y California se destinaron a gastos personales.

Entre esos desembolsos, las autoridades identificaron más de USD 100.000 en alquileres de vehículos Porsche y una cifra similar en compras en Loro Piana, en Manhattan. La pareja también realizó durante 2024 un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países de Europa.

Tras conocerse la culpabilidad del colombiano y su pareja, Scott Turner 19.º secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos señaló que el Gobierno estadounidense no permitirá acciones que perjudiquen las finanzas del país.

“Dos estafadores más fueron llevados ante la justicia hoy gracias a @WHFraudTF. Jael Watts y el nacional colombiano Luis Pino-Copete fueron condenados por intentar robar más de 13 millones de dólares de dinero de los contribuyentes destinado a nuestros estadounidenses más vulnerables. Bajo el liderazgo de @POTUS y @VP, HUD no tolerará el abuso de ni un solo centavo. Las prótesis para personas sin hogar también fueron parte de las reclamaciones”, escribió en su cuenta de X.

Los detalles del expediente

El expediente incluyó solicitudes de fondos vinculadas a prótesis dentales para personas sin hogar. Los acusados afirmaban que brindaban esos tratamientos sin costo, pero las pruebas indicaron que las prótesis se imprimían en una vivienda con una impresora 3D y que cobraban a los pacientes por escanearles la boca e instalar los dispositivos.

En mensajes recuperados durante la investigación, Jael Watts habló de la creación de documentos falsos y escribió que debían estar comprometidos con ese trabajo. La Fiscalía también presentó imágenes de videollamadas y fotografías que, según su exposición, mostraban dinero obtenido de la atención dental.

El jurado halló a Watts culpable de un cargo de declaración falsa, uno de robo de identidad agravado y cinco de fraude electrónico. Ambos fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas de hasta USD 250.000 y hasta tres años de libertad supervisada. También deberán pagar una restitución de al menos USD 1,9 millones. Pino-Copete podría ser expulsado de Estados Unidos una vez cumpla una eventual condena, debido a que no es ciudadano de ese país.