JEP imputa a 18 exintegrantes de la Fuerza Pública por crímenes de guerra y de lesa humanidad

La decisión abarca 565 casos ocurridos entre 1978 y 2016, con 755 víctimas directas. Entre los comparecientes está un brigadier general retirado señalado por omisión en hechos de 1999

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública por violencias basadas en género contra población civil durante el conflicto armado. La decisión cobija a 16 exintegrantes del Ejército y dos de la Policía, llamados a reconocer responsabilidad por hechos cometidos directamente por agentes estatales o en alianza con grupos paramilitares.

Según información publicada por Blu Radio, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó 565 casos ocurridos entre 1978 y 2016, con un saldo de 755 víctimas directas. De ese total, 650 fueron mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

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La JEP indicó además que 738 víctimas han sido acreditadas dentro del Subcaso 2 del Caso 11. La investigación estableció dos patrones de macrocriminalidad relacionados con estas conductas.

El primero corresponde a ataques contra población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, en los que integrantes de la fuerza pública actuaron directamente o en alianza con grupos paramilitares. En estos casos, las violencias sexuales basadas en género fueron utilizadas, según la Jurisdicción, como mecanismos de humillación, castigo, terror y expulsión de comunidades.

El segundo patrón comprende agresiones empleadas como formas de apropiación sexual, reproductiva y doméstica, además de castigo o disciplinamiento. La JEP señaló que estas conductas fueron facilitadas por la presencia y el control territorial ejercido por integrantes de la fuerza pública.

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- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz
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General retirado fue llamado a responder por omisión en Tibú y La Gabarra

Entre los comparecientes se encuentra el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, quien comandó la Quinta Brigada del Ejército entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999.

La JEP lo llamó a reconocer responsabilidad por omisión en relación con la incursión paramilitar ocurrida en 1999 en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander.

El oficial ya había sido mencionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual de 1999. Según ese documento, el entonces presidente de la República lo retiró del servicio activo el primero de septiembre de ese año por su presunta vinculación con omisiones oficiales que habrían contribuido a la consumación de las masacres de La Gabarra.

La Jurisdicción documentó que, entre mayo y diciembre de 1999, solamente en Tibú, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas forzadamente y 48 víctimas de tortura. Además, más de 50 personas sufrieron violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, mientras más de 2.000 habitantes fueron expulsados del municipio y desplazados.

Por estos hechos también fueron llamados el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez; los mayores retirados Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez y Daladier Rivera Jácome; y el soldado retirado José Misael Valero Santana.

JEP. REUTERS/Luisa Gonzalez
JEP. REUTERS/Luisa Gonzalez

JEP documentó hechos en otras regiones del país

La investigación también abordó la masacre de La Cabuya, en Tame, Arauca, en 1998; la incursión de Los Masetos en la provincia de Lengupá, Boyacá, entre 1991 y 1992; los ataques en Chiscas, Boyacá, en 2003; y hechos de violencia sexual y asesinatos de niñas y niños en Tame, en 2010.

En este último caso, fueron llamados por omisión el coronel retirado Francisco Sanmiguel Guzmán y el mayor retirado James Alberto Granada Carmona, por presuntamente incumplir deberes de prevención, control y disciplina frente a actuaciones de un oficial posteriormente condenado por la justicia ordinaria.

La JEP también documentó casos de servidumbre y esclavitud en Puerto Gaitán, Meta, entre 2002 y 2004. Allí, integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron al menos a 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas, sometiéndolas a trabajos forzados, rapado del cabello, tratos crueles y, en algunos casos, violencia sexual. Por estos hechos fue llamado por omisión el capitán retirado de la Policía Reinaldo Rincón Rojas.

La Sala también acreditó violencias sexuales contra hombres: 55 víctimas de manera individual y un colectivo integrado por 115 hombres.

Los 18 comparecientes tienen ahora 15 días hábiles para informar si reconocen total o parcialmente los crímenes imputados o si no aceptan responsabilidad. Con base en esas respuestas, la Sala decidirá si el proceso continúa por la ruta dialógica o si remite el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

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