La administración de Donald Trump notificó al Congreso que avanzará con el traslado de USD 52.000.000 en ayuda militar prevista para Europa y Oriente Medio hacia Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, como parte de una política que busca concentrar recursos de seguridad en el hemisferio occidental.
La reasignación se produce después de un acercamiento de Washington con gobiernos latinoamericanos en seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico. En septiembre de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú para promover la cooperación con esos países.
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En Colombia, Rubio respaldó al gobierno de Abelardo de la Espriella y destacó el trabajo bilateral en seguridad, inteligencia y combate contra el narcotráfico. En agosto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Colombia, Ecuador y Honduras habían acordado permitir operaciones militares conjuntas contra organizaciones criminales, aunque Guatemala negó luego haber alcanzado un entendimiento de ese tipo.
USD 52 millones, de aliados europeos a países latinoamericanos
Los recursos estaban destinados inicialmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. La decisión fue comunicada al Congreso en septiembre de 2026 y luego quedó bloqueada por la senadora demócrata Jeanne Shaheen y el representante Gregory Meeks, integrantes de los comités de relaciones exteriores de sus respectivas cámaras.
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La Casa Blanca informó el miércoles 30 de septiembre de 2026 que continuaría con el cambio de destino pese a esa suspensión. Shaheen y Meeks enviaron una carta a Rubio en la que cuestionaron que el Ejecutivo modificara la asignación de fondos aprobados por los legisladores, informó The Washington Post.
“Ambas cámaras del Congreso proporcionaron estos fondos con un propósito muy específico: apoyar a Ucrania y a nuestros aliados europeos tras la invasión a gran escala de Rusia”, señalaron los congresistas en la misiva. Parte de los recursos estaba vinculada a un paquete aprobado durante la guerra de Ucrania para reforzar a países europeos afectados por el conflicto e incentivar la compra de equipamiento militar estadounidense en lugar de armas rusas.
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Los legisladores sostuvieron que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú no habían brindado asistencia de seguridad significativa a Ucrania ni a los aliados europeos perjudicados por la guerra. Con ese argumento, cuestionaron la relación entre el destino original del dinero y la nueva asignación.
El Departamento de Estado defendió el giro y afirmó que los recursos tendrán un impacto mayor en América Latina, en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump. “La reasignación de fondos desde Oriente Medio y Europa hacia el hemisferio occidental es coherente con la Estrategia de Seguridad Nacional”, indicó la dependencia al diario.
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Washington prevé emplear los fondos contra el narcoterrorismo, para reforzar la seguridad del Canal de Panamá, fortalecer alianzas militares de Estados Unidos y contrarrestar la influencia de otros países en la región. El Departamento de Estado no respondió directamente a las consultas sobre las restricciones legales señaladas por Shaheen y Meeks.
Colombia se une oficialmente al Escudo de las Américas

Colombia se incorporó oficialmente al Escudo de las Américas el 14 de septiembre de 2026, una coalición regional de cooperación militar y de seguridad contra organizaciones narcoterroristas que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca convertir en resultados para la relación bilateral con Estados Unidos. La formalización ocurrió con la participación de la embajadora María Consuelo Araújo en una reunión de la iniciativa.
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La coalición fue anunciada en marzo de 2026 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cumbre con líderes del Hemisferio Occidental. Su objetivo es coordinar capacidades militares y de seguridad frente a organizaciones criminales transnacionales, con foco en los cárteles de droga que operan en el continente.
El mecanismo permite a los países participantes intercambiar inteligencia militar y coordinar operaciones para localizar y desmantelar redes de cárteles. También prevé que sus miembros soliciten ayuda a otros integrantes, incluido Estados Unidos, para actuar contra las rutas y la infraestructura empleadas por esas organizaciones.
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