Ejército Ecuatoriano abatió a presuntos disidentes de las Farc en operativo contra infraestructura para minería ilegal de Los Lobos en la frontera con Colombia

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a cinco presuntos integrantes de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera en Orellana, en un operativo que apuntó a una alianza vinculada con la minería ilegal y el financiamiento de actividades criminales.

El Ejército Ecuatoriano indicó que los grupos operaban en el sector de Guayusa, donde, de acuerdo con inteligencia militar, extorsionaban a propietarios y operadores de maquinaria asociada a la extracción clandestina de oro.

La ofensiva se produjo en un contexto de mayor presión estatal sobre esa actividad, después de que 11 militares fueran asesinados en mayo de 2025 durante una emboscada en la Amazonía. El Gobierno atribuyó aquel ataque a Comandos de la Frontera, organización que también relaciona con grupos locales como Los Lobos, según informó EFE.

El Ministerio de Defensa informó que la ubicación de los hombres fue identificada con datos del Centro Nacional de Inteligencia. Tras el operativo, la cartera afirmó: “Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno”.

La extracción ilegal de oro sostenía la alianza entre los grupos armados

El Ministerio sostuvo que Los Lobos y la facción de Comandos de la Frontera habían formado una alianza para operar en Orellana y obtener recursos mediante la minería ilegal. Esa actividad, señaló, servía como fuente de fondos para estructuras dedicadas a delitos contra la población.

Al explicar el alcance de la intervención, la cartera de Defensa señaló: “La minería ilegal genera recursos que pueden ser utilizados para sostener actividades criminales como vacunas, extorsiones y otras acciones que afectan directamente a las familias”.

Según la dependencia, la operación permitió afectar esa fuente de financiamiento y reducir la capacidad operativa de las organizaciones. El Ejército anunció que mantendrá las operaciones militares contra los grupos armados organizados, con el objetivo de reforzar el control territorial y proteger a la población.

Los grupos vinculados con la minería ilegal también han ingresado en zonas protegidas en busca de oro, favorecidos por los máximos internacionales del metal. La actividad provoca deforestación y contamina los lechos de los ríos con metales pesados como el mercurio.

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de licor en Antioquia

La prohibición de vender licor en ocho municipios de Antioquia generó preocupación entre comerciantes, distribuidores y habitantes. Un panfleto atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc vetó el ingreso y la distribución de cerveza, aguardiente y otras bebidas alcohólicas.

La orden abarca Don Matías, Santa Rosa, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí. El escrito fue firmado por la compañía Arnulfo Castellanos, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El grupo armado justificó la medida con una supuesta infiltración de organizaciones contrainsurgentes o paramilitares mediante las empresas distribuidoras.

“Queremos informarle a todos los distribuidores de cerveza y licor, incluyendo la empresa Bavaria, de que queda prohibida la entrada a los municipios de Don Matías, Santa Rosa, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí”, señala el documento.

También impuso la obligación de contactar a la organización antes de entrar a esos territorios. Según el panfleto, las personas y empresas deberán pasar por una verificación para establecer quiénes son y de dónde provienen.

“Toda persona u empresa que no acate nuestras directrices será declarado objetivo militar y posteriormente sufrirá la quema de sus vehículos y de sus productos”, advirtió la estructura ilegal.

En Campamento circuló además un mensaje dirigido a comerciantes, en el que se indicó que solo dos distribuidores estarían habilitados para vender cerveza.

Los hechos registrados en Ecuador y Colombia reflejan la expansión del control armado sobre economías y actividades cotidianas en zonas rurales. Mientras las autoridades ecuatorianas buscan debilitar las redes que obtienen recursos de la minería ilegal, las disidencias en Antioquia imponen restricciones comerciales bajo amenazas contra empresarios y habitantes.