Fiscalía llevará a juicio a dos empleados del colegio en el que estudiaba Valeria Afanador en Cajicá: de qué los acusan

La Fiscalía General de la Nación llevará a juicio por homicidio culposo a Emely Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada por la muerte de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que desapareció de su colegio en Cajicá, Cundinamarca.

El organismo sostiene que las presuntas omisiones en la supervisión de la estudiante y en el mantenimiento de una malla perimetral hicieron previsible y evitable su salida hacia el río Frío.

El cuerpo de la niña fue hallado el 29 de agosto de 2025, 18 días después de que fuera reportada como desaparecida el 12 de agosto. Un campesino lo encontró en el río Frío, a 200 metros de la institución educativa, cerca del sector La Fagua.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que Valeria, de 10 años, murió por ahogamiento. La audiencia de acusación contra los dos procesados quedó programada para el 10 de noviembre a las 8:00 a. m..

La salida anticipada del aula y la malla deteriorada

La investigación estableció que Valeria salió del salón a las 9:54 a. m., antes del recreo previsto para las 10:05 a. m.. En ese momento estaba bajo la supervisión de Fuentes Hernández, que tenía asignadas funciones de vigilancia, acompañamiento y cuidado de la estudiante.

Durante el descanso, a las 10:06 a. m., la niña fue registrada mientras se desplazaba junto a la cerca viva del plantel. Permaneció en esa zona cerca de tres minutos, hasta que a las 10:09 a. m. se produjo su último avistamiento.

La Fiscalía sostiene que la menor salió de la institución a través de una abertura en la malla perimetral, ubicada junto al cauce del río Frío. Esa estructura presentaba un deterioro previo que permitía el paso hacia el exterior y, de acuerdo con el ente investigador, la situación era conocida por trabajadores del colegio, incluido el personal de seguridad.

El espacio abierto en el cerramiento habría sido utilizado antes por otros alumnos para salir momentáneamente o recuperar objetos que caían fuera de las instalaciones. Ochoa Prada, encargado del área de infraestructura del Gimnasio Campestre Los Laureles, tenía entre sus funciones verificar, gestionar y ejecutar reparaciones y adecuaciones en los cerramientos y demás estructuras de seguridad física.

El organismo acusador afirmó que el funcionario fue informado sobre las aberturas existentes en la malla, pero no habría tomado medidas efectivas para repararla, cerrarla o asegurarla. A Fuentes Hernández le atribuye haber permitido que Valeria abandonara el aula antes del recreo, sin acompañamiento adulto, sin comprobar dónde se encontraba después y sin garantizar su llegada al comedor.

La Fiscalía indicó que las obligaciones de la docente eran mayores debido al conocimiento que la institución y el personal tenían sobre la condición particular de la niña. En su acusación, señaló que la profesora debía mantener una supervisión continua y acompañar a los estudiantes en el traslado al comedor.

“Estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa y en el ejercicio de las funciones asignadas, presuntamente omitieron el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

La acusación considera que las conductas atribuidas a ambos confluyeron en un mismo riesgo: la falta de supervisión de la estudiante en un momento crítico y la existencia de una vía de salida sin control. Para la Fiscalía, la supervisión adecuada y el mantenimiento de la malla eran medidas básicas para impedir que los alumnos abandonaran el colegio sin autorización y quedaran expuestos a riesgos externos.

El escrito sostiene que el resultado era objetivamente previsible y evitable. Fuentes Hernández y Ochoa Prada no aceptaron el delito imputado cuando fueron interrogados por el juez de control de garantías.

La familia Afanador, representada por el abogado Julián Quintana, reclamó que también sean judicializadas otras personas que considera posibles responsables. El jurista cuestionó que la Fiscalía no formulara cargos contra Sonia Inés Ochoa, rectora de la institución educativa.

“Vamos a insistir en que las demás personas que esta representación ha identificado como posibles responsables también comparezcan ante la justicia”, afirmó Quintana.

La Fiscalía ordenó compulsar copias para que se investiguen posibles delitos ambientales, debido a que el colegio está ubicado dentro de la ronda del río, una situación que el organismo considera un peligro para otros estudiantes.