Gustavo Petro cuestionó borrador de decreto de Abelardo De la Espriella para regular la protesta social en Colombia: “No es un derecho neoliberal”

Con una nueva publicación en sus redes, el expresidente Gustavo Petro volvió a cuestionar en la mañana del viernes 2 de octubre el proyecto de decreto con el que el mandatario Abelardo de la Espriella modifica las reglas para las movilizaciones en Colombia y sostuvo que el derecho a protestar corresponde a las multitudes, no a individuos aislados.

La propuesta que dio a conocer Rodrigo Lara, ministro del Interior, mantiene la mediación como vía preferente, pero habilita intervenciones focalizadas ante delitos, violencia o ataques durante las jornadas. El borrador presentado ante el Ejecutivo consta de 24 artículos y modifica, en consecuencia, las disposiciones del Decreto 003 de 2021.

Entre los artículos que fueron presentados a la opinión pública, se regula la reacción, el uso y la verificación de la fuerza legítima del Estado, además de la protección de la protesta pacífica ciudadana. La iniciativa busca conciliar las garantías de los que se movilizan con los derechos de la población que no participa.

Petro defendió la protesta social como expresión del poder constituyente

Frente a esta iniciativa, el exmandatario rechazó la idea de limitar las manifestaciones cuando afectan intereses económicos o generan impactos sobre terceros. “¿Qué derecho hay a impedir una protesta porque es contra los grandes acaudalados en el país imponiendo medidas injustas a quienes protestan y a quienes no protestan?”, expresó.

Para Petro, el tema es claro. “El derecho a protestar no es un derecho neoliberal y recortado como si se tratara de simples individuos. No, el derecho a protestar es de las multitudes, del pueblo mandante y constituyente primario. Hablamos de millones de personas en la protesta y no de cientos”, señaló el ex primer mandatario en su post.

El pronunciamiento del líder del Pacto Histórico incluyó referencias a los camioneros, sus condiciones laborales y los pequeños transportistas. De hecho, planteó que una movilización debe abordar “el derecho del chofer de la tractomula a sus ocho horas de trabajo diario”, así como sus prestaciones, seguros de enfermedad y riesgo, y su pensión.

También sostuvo que las protestas no pueden entenderse como hechos aislados. “Por eso una protesta no es una protesta más, es el proceso mediante el cual el pueblo se vuelve mandante y constituyente”, expresó el líder opositor, que habló de pequeños camioneros “en extinción” y de grandes empresas que impiden la expansión del ferrocarril.

Según su concepto, un pueblo movilizado como poder constituyente es clave. Y agregó que ninguna institución constituida está por encima de ese poder y, en un tema que ya se volvió recurrente en sus publicaciones, aludió a un supuesto fraude electoral en la elección pasada, en la que resultó ganador De la Espriella sobre el senador Iván Cepeda.

“El fraude electoral en la pasada elección para presidencia, congreso y autoridades locales, cuya probabilidad estadística demostrada por peritos doctos en la materia es del 95%, necesita solo que la justicia coteje los formularios E-14 con los votos reales en las bolsas por mesa y las identidades de jurados y electores”, denunció Petro.

Intervención policial ante violencia y bloqueo de ambulancias

El proyecto publicado por el Ministerio del Interior establece que el diálogo y la mediación seguirán siendo el recurso prioritario frente a una manifestación. Sin embargo, esos mecanismos no impedirán ni retrasarán una actuación inmediata de la Policía Nacional contra quienes cometan delitos o actos violentos.

La fuerza pública podrá actuar contra agresores si, desde el inicio de una concentración, se detecta uso o porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. La misma regla incluye la retención de personas, ataques a infraestructura, agresiones a civiles, personal médico, periodistas o servidores públicos.

Los gestores de convivencia deberán mantener los canales de comunicación con el resto de los asistentes mientras se producen intervenciones contra personas determinadas. El texto publicado para comentarios también prevé que las conversaciones puedan retomarse después de que cesen las acciones violentas y existan garantías.

Otro de los apartes clave del articulado es que el Puesto de Mando Unificado (PMU) deberá verificar y dejar constancia en acta de las causales para declarar agotada la mediación. Entre ellas figura la obstrucción de servicios de salud o el bloqueo del tránsito de ambulancias, en propuesta derivada de hechos registrados en el estallido social.

El borrador aclara que los trancones, el ruido y otras incomodidades propias de una movilización no modifican por sí mismos su carácter pacífico. Para disolver una marcha por el bloqueo de vías deberá existir una perturbación grave e inminente, además de la inexistencia de una alternativa menos lesiva para disuadir a los manifestantes.

La norma contempla cinco niveles de intervención, desde la facilitación preventiva de los gestores de convivencia hasta el restablecimiento del orden por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) o de la fuerza policial territorial disponible; y se prohíbe el uso de armas de fuego por los uniformados.