Por el caso Lili Pink, juez negó libertad al único capturado por presunta red de lavado de activos y contrabando

El 30 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una audiencia en la que Walter Francisco Martínez, único detenido hasta ahora por el caso de presunto contrabando y lavado de activos conocido como Lili Pink, solicitó recuperar su libertad; terminó por reforzar los argumentos que llevaron a imponerle la medida de aseguramiento.

La Fiscalía General de la Nación pidió que Martínez continuara en prisión mientras avanza el proceso penal. Sostuvo que sería responsable de los delitos imputados y que su libertad podría afectar la investigación. La jueza de control de garantías respaldó la solicitud del ente acusador.

“No existen razones para revocar la decisión de primera instancia y en este sentido será confirmada, pero por las razones expuestas en esta providencia. En mérito a lo expuesto, el Juzgado 55 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá resuelve, primero, confirmar la decisión proferida el 13 de mayo de 2026 por el Juzgado 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se impuso a Walter Francisco Martínez medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario con cumplimiento transitorio en institución hospitalaria. Pero aclarando que por las razones expuestas en esta providencia”, dijo la jueza.

Martínez fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante los allanamientos realizados por la Fiscalía en distintas sedes y sucursales de la empresa de ropa interior femenina en el país.

El organismo investigador argumentó que el procesado representa un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del expediente. Según expuso, podrían verse comprometidos elementos materiales probatorios y testigos vinculados al caso.

La jueza concluyó que la defensa no acreditó cambios en las circunstancias que motivaron la detención. Consideró que persistía el riesgo para la investigación y que no estaba asegurada la comparecencia de Martínez a las audiencias.

En otras diligencias, la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra socios de las compañías que integran la marca. No obstante, los jueces rechazaron esos pedidos y cuestionaron la presentación de los elementos probatorios, así como la falta de evidencia para justificar restricciones a la libertad de los empresarios. La situación fue distinta en el caso de Martínez, quien continuará privado de la libertad.

Así operaba Walter Francisco Martínez, hasta ahora el único capturado en el caso de Lili Pink

Walter Martínez, el único capturado hasta ahora en la investigación sobre las tiendas Lili Pink y su casa matriz Fast Moda S.A.S., fue detenido el 26 de abril de 2026 en Barranquilla, Atlántico, por su presunta participación en una red de lavado de activos y contrabando. La Fiscalía General de la Nación lo señala como representante de siete empresas fachada que habrían permitido ingresar mercancías desde China y Panamá, comercializarlas en Colombia y transferir sus ganancias al exterior.

La estructura investigada habría afectado al sector textil colombiano desde al menos 2014. El alcance del caso fue detallado por El Tiempo y Caracol Radio, que registraron el crecimiento comercial de Lili Pink durante el período bajo análisis.

Las autoridades sostienen que la red abrió más de 400 tiendas desde 2014, una expansión que, según la investigación, habría servido como cobertura para mantener en circulación mercancías y recursos fuera de los controles fiscales y aduaneros.

Martínez Martínez, abogado, figuraba como representante legal de siete sociedades que las autoridades consideran ficticias. Estas empresas habrían sido utilizadas para introducir productos al país mediante firmas de papel y luego ponerlos en circulación de forma irregular.

Las utilidades generadas por las ventas eran enviadas a cuentas internacionales para ocultar su origen, de acuerdo con el ente investigativo. Las tiendas Lili Pink habrían dado una apariencia de legalidad a prendas que ingresaban sin los controles reglamentarios.

El esquema incluía la creación, modificación y cierre de compañías para trasladar activos sin asumir obligaciones legales que pudieran comprometer a los responsables. Las sociedades heredaban cuentas por cobrar, pero no sus deudas, una práctica que habría dificultado el seguimiento de los movimientos de dinero y mercancías.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó operaciones atípicas en Pink Life S.A.S. y otras firmas desde 2017. Sin embargo, los directivos de las compañías aseguraron a Caracol Radio que todas las transacciones estaban justificadas y documentadas.