La JEP llamó a Rodrigo Londoño y otros exintegrantes del secretariado de las Farc como testigos por el caso de la ‘Farcpolítica’

El proceso examina hechos ocurridos en Caquetá durante los años 90 y 2000, entre ellos homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad

La JEP decretó las pruebas que serán practicadas durante el juicio adversarial contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, en el primer proceso de esta jurisdicción relacionado con el fenómeno conocido como ‘Farcpolítica’ - crédito Sebastián Marmolejo/Europa Press y Colprensa
La JEP decretó las pruebas que serán practicadas durante el juicio adversarial contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, en el primer proceso de esta jurisdicción relacionado con el fenómeno conocido como ‘Farcpolítica’ - crédito Sebastián Marmolejo/Europa Press y Colprensa
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definió las pruebas que serán practicadas e incorporadas en el Juicio Adversarial Transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, dentro del proceso que constituye el primer juicio adelantado por la jurisdicción en relación con lo que se conoció como Farcpolítica, término utilizado para referirse a las alianzas políticas con las extintas Farc en el contexto del conflicto armado.

La decisión fue adoptada mediante un auto fechado el 1 de octubre, después de la audiencia preparatoria que comenzó los días 22 y 23 de julio y concluyó con la sesión realizada este jueves. En ella, la Sección resolvió las solicitudes probatorias presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la defensa de Almario Rojas, el Ministerio Público y los intervinientes especiales.

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Entre los testimonios que llegarán al juicio se encuentran los de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”, Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera, además de otros antiguos integrantes de las extintas Farc.

La determinación sobre las pruebas no implica, en esta etapa, una decisión sobre la responsabilidad penal del excongresista. La Sección precisó que su decisión establece cuáles de los elementos solicitados podrán ser presentados, incorporados y debatidos durante el juicio, bajo las reglas del procedimiento adversarial.

En total son 17 testimonios solicitados por la JEP

Rodrigo Londoño por primera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU
La acusación de la UIA comprende 30 hechos jurídicamente relevantes, relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad ocurridos en el departamento del Caquetá - crédito @MisionONUCol/X

La acusación presentada por la UIA comprende 30 hechos jurídicamente relevantes relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre los hechos señalados se encuentran el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Tubay Cote, registrada en diciembre de 2000.

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Para sustentar su teoría del caso, la UIA solicitó diferentes elementos materiales probatorios, evidencia física, documentos e información obtenida legalmente. La Sección decretó 17 testimonios solicitados por el organismo investigador.

Además de Londoño Echeverri, Toncel Redondo y Ramírez Cabrera, deberán comparecer Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz, Omar Olaya Estupiñán, Eduardo Ocasiones Llanos, William Wilches Sánchez, Alberto Luna Ocasiones y Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, entre otros.

La Sección también ordenó que la UIA ponga a disposición de la Subsección encargada del juicio a las personas que hayan elaborado, coordinado o tengan conocimiento directo de los diferentes tomos del denominado “Informe Génesis” de la Fiscalía. Estos testigos deberán explicar aspectos relacionados con la metodología utilizada y los resultados de ese trabajo.

Dentro de las pruebas documentales admitidas como elementos de cargo figuran protocolos de necropsia, actas de inspección y levantamiento de cadáveres, registros civiles de defunción, informes fotográficos y dactiloscópicos, declaraciones rendidas ante autoridades judiciales y expedientes de investigaciones penales. También fueron incorporados documentos relacionados con las estructuras de las antiguas Farc, entre ellos información sobre el Secretariado, el Bloque Sur, el Comando Conjunto ‘Camilo Torres’ y la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’.

A esto se suman documentos provenientes de actuaciones adelantadas anteriormente por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, conforme a las reglas de permanencia de la prueba del procedimiento adversarial.

Defensa de Luis Fernando Almario también llevará pruebas a juicio

JEP - Juicio contra Luis Fernando Almario Rojas
Almario Rojas ha negado su participación en los hechos y mantiene su posición de no aceptar responsabilidad por las conductas que le atribuye la acusación - crédito JEP

La decisión de la JEP incluyó igualmente elementos solicitados por la defensa de Luis Fernando Almario Rojas. Estos están relacionados con los resultados y estadísticas electorales de Caquetá, el contexto político del departamento, actuaciones judiciales, informes de seguridad, amenazas y atentados contra el excongresista, así como declaraciones obtenidas durante procesos adelantados previamente por la justicia ordinaria.

La defensa podrá incorporar 44 documentos, entre ellos resultados electorales del Caquetá entre 1990 y 2007, informes de organismos de seguridad, intervenciones de Almario Rojas en el Senado y actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. También fueron admitidos, con fines exclusivos de contextualización del ambiente político y de la opinión pública y sin otorgarles valor de prueba plena, 30 documentos descubiertos por la defensa, entre ellos publicaciones de medios de comunicación.

El excongresista tendrá además la posibilidad de presentar 21 testimonios. En esta lista se encuentra el propio Luis Fernando Almario Rojas y algunos de los mismos antiguos integrantes de las Farc citados por la UIA, entre ellos Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Londoño y Fabián Ramírez.

La Sección decretó igualmente dos pruebas periciales solicitadas por la defensa. Una estará relacionada con los resultados electorales correspondientes al Congreso, la Gobernación, las alcaldías y la Asamblea del Caquetá. La segunda abordará el patrón de violencia contra líderes y simpatizantes de partidos y movimientos políticos del departamento. Ambos peritajes deberán concentrarse en hechos ocurridos entre 1994 y 2007.

La JEP señaló que el juicio se desarrollará bajo las garantías de contradicción, debido proceso y presunción de inocencia, y que las pruebas deberán ser debatidas antes de determinar la responsabilidad o inocencia del acusado - crédito JEP
La JEP señaló que el juicio se desarrollará bajo las garantías de contradicción, debido proceso y presunción de inocencia, y que las pruebas deberán ser debatidas antes de determinar la responsabilidad o inocencia del acusado - crédito JEP

Almario Rojas ha mantenido su posición de no aceptar responsabilidad por los hechos que se le atribuyen. Durante las versiones voluntarias realizadas en 2021, negó su participación y sostuvo su inocencia.

El juicio deberá permitir el debate de las pruebas decretadas y el ejercicio de contradicción de las partes. La JEP señaló que en este procedimiento se garantizan las reglas de contradicción, el debido proceso y la presunción de inocencia de Luis Fernando Almario Rojas. Sin embargo, la determinación sobre su responsabilidad o inocencia corresponderá a la decisión que se adopte después de que las pruebas sean practicadas y debatidas dentro del proceso.

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