El Ministerio de Comercio alista una negociación con Estados Unidos para levantar el arancel adicional de 12,5% a importaciones colombianas: “Hay voluntad política”

La negociación comercial entre Colombia y Estados Unidos entrará la próxima semana en una nueva fase: una mesa técnica se reunirá durante tres días para revisar los asuntos que Washington considera pendientes. El encuentro busca acercar posiciones frente al arancel adicional que afecta a determinados productos colombianos.

Las reuniones están previstas para lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre de 2026 y estarán a cargo de los equipos negociadores de ambos gobiernos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, confirmó que no viajará a las sesiones y que el embajador de Colombia en Estados Unidos no participará.

“Vamos bien, estamos avanzando con ellos en el framework, estamos avanzando con ellos en todo lo que tiene que ver con la negociación. Hay voluntad política de ambas partes y la próxima semana será definitiva. Habrá una mesa con técnicos de ambos gobiernos y estaremos revisando los puntos críticos, que son cuatro”, señaló el ministro a periodistas en Bogotá.

Según Gómez Amín, el equipo colombiano ya conoce los compromisos que deberá revisar con Washington y llegará a la mesa con una posición definida. La intención es analizar cada uno de los cuatro asuntos identificados como críticos y avanzar hacia un nuevo entendimiento comercial.

“No, voy a estar allá, voy a mandar a los negociadores, el embajador tampoco estará. Ellos se sentarán lunes, martes y miércoles, punto por punto. Ya tenemos todos los compromisos de ellos, que son los puntos críticos, y vamos a revisarlos”, sostuvo.

El trasfondo de la negociación es el arancel adicional de 12,5% que Estados Unidos aplica desde el 24 de julio de 2026 a determinadas importaciones provenientes de Colombia. La medida alcanzó a varias economías y fue relacionada por Washington con los esfuerzos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

El gravamen no cobija por igual a toda la oferta exportadora colombiana, pues existen productos y categorías excluidas. Aun así, la tarifa se convirtió en uno de los asuntos centrales de la agenda entre Bogotá y Washington. La búsqueda de una salida comenzó a tomar fuerza en agosto, cuando el Gobierno colombiano gestionó un alivio temporal para los gravámenes. El presidente Abelardo de la Espriella pidió entonces a Estados Unidos suspender temporalmente las tarifas y encargó a Gómez Amín adelantar las conversaciones en Washington.

“Lo más importante es fortalecer la relación con Estados Unidos en lo comercial y en lo militar. Estaremos trabajando con ellos para que ese acuerdo se firme pronto”, afirmó Gómez Amín. El ministro plantea que el proceso debe desarrollarse bajo un criterio de reciprocidad entre ambos países. “Esto es un tema recíproco. Ellos ayudan a Colombia en muchos temas y nosotros ayudamos a Estados Unidos en otros”, manifestó.

Mientras avanzan las conversaciones, Colombia adoptó una medida relacionada directamente con una de las preocupaciones planteadas por Washington. El 28 de septiembre fue firmado el Decreto 1444 de 2026, que prohibió el ingreso al país de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio. La norma incorpora mecanismos para controlar esos bienes dentro de las operaciones de comercio exterior y contempla distintas etapas de las cadenas de suministro, como extracción, cultivo, cosecha, manufactura, ensamble, procesamiento y acabado.

Para el Gobierno, esta decisión constituye una señal de que Colombia está tomando medidas compatibles con la posición estadounidense frente al trabajo forzoso. “Es un decreto de trabajo forzoso que lo que evita es que Colombia comercialice productos con países que aplican estas prácticas. Nosotros las rechazamos como Estados Unidos y por eso el decreto salió”, explicó Gómez Amín.

La expedición del decreto, sin embargo, no elimina de manera automática el arancel adicional ni implica que los exportadores colombianos dejen de pagarlo inmediatamente. La norma forma parte de las medidas que Bogotá lleva a la negociación para responder a las inquietudes de Washington.