
El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la mañana del miércoles 30 de septiembre que el gobierno de Abelardo de la Espriella busque un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscaría, según el Ejecutivo, responder a una crisis fiscal y recuperar la confianza de los mercados extranjeros en esta nueva etapa.
En su perfil de X, Petro sostuvo que Colombia no requiere nuevo endeudamiento externo para corregir sus cuentas fiscales e, incluso, se atrevió a presentar una alternativa combina una mayor carga tributaria sobre las rentas más altas, tasas de interés más bajas y la eliminación del déficit asociado a los combustibles.
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La propuesta de Petro frente al déficit fiscal en Colombia
En su mensaje, el exmandatario dejó plasmada su postura. “Lo que está diciendo el FMI es que no es necesario un préstamo del FMI para reducir el déficit fiscal, en mi opinión solo se necesita reducir el déficit fiscal con más impuestos a los más ricos y bajar la tasa de interés del Banco de la República y no aumentar el déficit gasolinero”, dijo.
La discusión sobre las gestiones al FMI ocurren después de que Nigel Clarke, subdirector gerente de la entidad, concluyó en una visita a Colombia entre el 25 y el 28 de septiembre, que Colombia tiene capacidad de resistencia de la economía colombiana y la solidez de sus instituciones ante un escenario internacional de elevada incertidumbre.
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Según el Ministerio de Hacienda, el desequilibrio entre los ingresos estatales y el gasto público corriente dejó un déficit cercano al 6,4% del PIB; por ello, para la administración de De la Espriella, el respaldo técnico y financiero de organismos multilaterales resulta necesario para estabilizar las finanzas públicas.
En contraste, Petro ha salido en defensa de la soberanía económica y de su rechazo a los ajustes fiscales vinculados con el endeudamiento ante organismos financieros internacionales, pues considera que esos créditos condicionan las decisiones nacionales a través de una serie de exigencias macroeconómicas definidas fuera del país.
Entre las medidas que el expresidente ha rechazado se destaca figuras como la congelación de nóminas públicas y, según él, privatizaciones, recortes de subsidios y reformas tributarias de base amplia, como una eventual suba del IVA; pues para el expresidente estas políticas pueden afectar los ingresos de los ciudadanos.
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Además de perjudicar, en su análisis, el empleo y la salud pública, mientras benefician a grandes banqueros y élites financieras. En respuesta, planteó entonces aumentos del salario mínimo por encima de la inflación para sostener el consumo interno; y la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, con el objetivo de reactivar la inversión.
El antecedente de la Línea de Crédito Flexible ante el FMI
Durante su gobierno, entre 2022 y 2026, Petro enfocó parte de su política financiera en cancelar la Línea de Crédito Flexible, conocida como LCF, que el expresidente Iván Duque había adquirido en 2020 para atender la pandemia de COVID-19, y que en su momento estableció un compromiso de USD 5.400 millones para atender la emergencia.
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Según el expresidente, se encargó de pagar las deudas de su antecesor y, una vez cumplido el compromiso, afirmó que Colombia se había “sacudido” del control del organismo y había recuperado autonomía financiera. Esto dista de la postura que ha adoptado su sucesor, De la Espriella, que ya establecieron acercamientos con el FMI.
“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo. Por lo anterior, he dado instrucciones claras al señor Ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo el presidente en su alocución del 27 de septiembre.
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“He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos y responsables que nos antecedieron”, agregó el jefe de Estado en lo que sería una mención a Petro: que desde la oposición sostuvo que el ajuste debe recaer sobre los sectores de mayores ingresos y no en nuevos créditos ni en recortes del gasto social.
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