Vicepresidente de la Cámara pidió auditar los esquemas de protección de la UNP asignados durante el Gobierno Petro

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, cuestionó los recursos destinados a los dispositivos de seguridad de algunos exfuncionarios y solicitó revisar la permanencia de vehículos y elementos de protección que todavía estarían en poder de antiguos integrantes del Gobierno.

Durante un debate de control político, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, entregó detalles sobre los esquemas asignados a distintas personas. El debate se realizó el 29 de septiembre de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde el funcionario explicó algunos de los retos que enfrenta la entidad para realizar la transición entre antiguos y nuevos beneficiarios de medidas de protección.

A partir de las explicaciones entregadas por el funcionario, el vicepresidente de la Cámara pidió que se realice una auditoría sobre los esquemas de seguridad otorgados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Entre los casos que puso bajo la lupa mencionó el de Juliana Guerrero y el del excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”.

Simón Molina también solicitó verificar qué exministros y exfuncionarios que ya dejaron sus cargos todavía cuentan con vehículos blindados u otros elementos que fueron entregados como parte de sus esquemas de seguridad.

UNP reportó vehículos que aún no han sido devueltos

Durante su intervención ante la Comisión Segunda, el director de la UNP señaló que la salida de funcionarios y la transición de los esquemas de protección han generado dificultades para realizar el relevo de los dispositivos asignados. “Hay que decirlo: la transición no fue fácil”, señaló Blanco al explicar las demoras registradas en algunos procedimientos.

De acuerdo con el funcionario, varios exministros y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro no han devuelto los vehículos que tenían asignados dentro de sus esquemas de seguridad después de abandonar sus respectivos cargos.

Blanco explicó además que la situación también se presenta en el caso de antiguos congresistas que dejan de ocupar una curul. Estas personas pueden solicitar medidas de protección por circunstancias particulares, pero para ello deben iniciar un procedimiento diferente ante la UNP.

“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”, explicó el director de la entidad.

Según Blanco, algunos exfuncionarios buscan evitar permanecer durante algunos días sin protección mientras se adelanta el nuevo procedimiento. Esta situación, de acuerdo con lo expuesto ante la Cámara, ha dificultado completar el proceso de transición entre los antiguos beneficiarios y las personas que deben recibir los esquemas posteriormente.

Molina tomó estas explicaciones como fundamento para solicitar una revisión de los recursos y elementos entregados durante el anterior gobierno. El congresista planteó que la auditoría permita establecer qué vehículos y componentes de los esquemas continúan asignados a personas que ya no ocupan los cargos por los cuales fueron protegidas.

El esquema de Juliana Guerrero costó $739 millones

Uno de los casos mencionados durante el debate fue el de Juliana Guerrero. Según la información presentada por el director de la UNP, entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 se destinaron $739 millones para garantizar las medidas de protección asignadas a la joven.

Blanco explicó que el monto correspondió al esquema definido después del estudio de riesgo realizado por la entidad. La UNP señaló que los detalles específicos de los componentes del dispositivo de seguridad están sometidos a reserva legal.

La información fue cuestionada por Molina, quien pidió revisar el gasto destinado a este esquema y las circunstancias que llevaron a su asignación. El vicepresidente de la Cámara hizo referencia a las investigaciones adelantadas contra Guerrero por la presentación de documentación académica falsa.

En su intervención, Molina cuestionó que se hubieran destinado esos recursos mientras avanzaban las actuaciones judiciales relacionadas con la exfuncionaria.

Guerrero, de 24 años, fue vinculada a un proceso penal relacionado con la modificación de su hoja de vida y la presentación de documentación falsa para acceder al cargo de viceministra de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación formuló la acusación durante una audiencia realizada el 9 de septiembre de 2026.

‘Timochenko’ mantiene 6 vehículos blindados y 16 escoltas

Otro de los casos abordados durante el debate fue el de Rodrigo Londoño. El director de la UNP confirmó que el excomandante de las extintas Farc actualmente cuenta con 6 vehículos blindados y 16 hombres de protección asignados por la entidad.

La información fue entregada pese a que “Timochenko” cumple actualmente una sanción propia de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad y secuestros.

Blanco explicó que Londoño había solicitado una ampliación de su esquema, pero que la UNP realizó el correspondiente estudio de riesgo y determinó que no era posible aumentar las medidas existentes.

“Ellos tienen una condición particular como firmantes del Proceso de Paz, que además está muy vigilada por la Cidh y, pues, muchas veces tenemos que regirnos por esa convención internacional”, explicó Blanco durante el debate.

El vicepresidente de la Cámara cuestionó el costo que representa mantener este dispositivo y pidió que el esquema sea revisado dentro de la auditoría que propone para las medidas de protección otorgadas durante el anterior gobierno.