El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inició negociaciones para buscar una salida a la crisis fiscal de Colombia, una decisión que abrió el debate sobre qué tipo de apoyo podría solicitar el país al Fondo Monetario Internacional, FMI, y bajo qué condiciones tendría acceso a esos recursos.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el escenario fiscal previsto para 2027 es uno de los principales motivos de preocupación. Sin el ajuste que plantea la actual administración, el déficit podría alcanzar 9,4 % del producto interno bruto, PIB, nivel que, según la fuente, sería el más alto registrado en el país.
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El profesor de finanzas públicas de la Universidad de los Andes Germán Machado sostuvo que Colombia enfrenta la necesidad de realizar un ajuste fiscal y advirtió sobre los riesgos de mantener un faltante de esa magnitud.
“Es un faltante que lo pone a uno muy nervioso, no solo porque es gigante, sino porque cualquier cosita que pase, cualquier gran evento internacional o cualquier crisis local, puede terminar haciendo que Colombia se meta en serios problemas”, afirmó.
Expertos descartan por ahora un rescate tradicional del FMI
Machado señaló que un deterioro adicional de las cuentas públicas podría afectar la capacidad de endeudamiento del país, encarecer el costo de la deuda y aumentar la presión sobre otras variables económicas.
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Entre los riesgos mencionó una eventual pérdida de confianza internacional, mayores costos de financiación, un dólar más caro y nuevas presiones inflacionarias.
Sin embargo, los analistas consultados no ubican actualmente a Colombia en una situación comparable con crisis de pagos como las que han afrontado otros países latinoamericanos.
El jefe de análisis de BTG Pactual, Munir Jalil, considera que Colombia no estaría en una situación que justificara un Stand-By Arrangement, instrumento que suele utilizarse cuando un país enfrenta problemas más severos de balanza de pagos o financiación.
“Colombia no da para lo que se llama un Stand by Agreement, que es para un país que está en la mala y que está ya no pagando deudas. En Colombia no estamos tan mal para eso”, explicó.
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Al mismo tiempo, Jalil señaló que las condiciones actuales tampoco serían las mismas que permitían anteriormente contar con una Línea de Crédito Flexible, FCL, un instrumento reservado para economías con fundamentos y marcos de política particularmente sólidos.
Una PLL podría movilizar hasta US$16.900 millones
Ante ese escenario intermedio, el analista planteó que una opción posible sería acudir a una Línea de Precaución y Liquidez, PLL, mecanismo del FMI destinado a países que conservan fundamentos económicos relativamente sólidos, pero presentan vulnerabilidades que requieren respaldo financiero.
“Entonces, hay una opción intermedia que se llama el PLL. Entonces, yo creo que Colombia se va a ir por ahí”, señaló Jalil.
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Según cálculos de BTG Pactual citados por el medio, Colombia podría solicitar mediante este mecanismo entre US$8.400 millones y US$16.900 millones.
El acceso a esos recursos implicaría compromisos de política económica, aunque, según el análisis, las exigencias no serían equivalentes a las de un programa tradicional de rescate.
Una condición relevante sería que Colombia demuestre un compromiso creíble con restablecer el ancla fiscal, es decir, con adoptar medidas que permitan reducir gradualmente el desequilibrio de las cuentas públicas.
El Gobierno no ha revelado hasta ahora detalles públicos sobre las conversaciones con el FMI ni sobre el monto que eventualmente buscaría solicitar.
Según Blu Radio, la administración De la Espriella trabaja en un plan de tres fases para enfrentar la crisis fiscal, aunque la información suministrada no detalla todos sus componentes. Entre las acciones mencionadas está la presentación de medidas ante el Congreso.
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El tamaño de una eventual asistencia del FMI dependerá, por tanto, de las negociaciones y de la capacidad del Gobierno para mostrar una estrategia fiscal que resulte sostenible.
Los expertos coinciden en que Colombia todavía conserva margen para enfrentar el problema sin encontrarse en una situación de cesación de pagos, pero advierten que el déficit previsto obliga a tomar decisiones para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
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