
La Fiscalía General de la Nación ocupó 42 bienes vinculados al denominado clan Herrera, una red financiera que las autoridades relacionan con los herederos de Hélmer “Pacho” Herrera, fallecido narcotraficante del Cartel de Cali.
Entre los activos figura la hacienda La Porcelana, en Sonsón, Antioquia, que reúne siete predios sobre una extensión de 1.083 hectáreas.
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El conjunto de propiedades, vehículos, establecimientos comerciales y una sociedad está valorado de forma preliminar en más de 44.900 millones de pesos. Las medidas se aplicaron en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón.
La actuación de la Fiscalía recayó sobre activos que, según la investigación, habrían sido administrados durante años mediante personas y compañías de distintos sectores para esconder su origen, transformarlos y darles una apariencia de legalidad. Los bienes quedaron sujetos a embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y, en algunos casos, toma de posesión.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio identificó los activos tras rastrear movimientos patrimoniales y operaciones financieras. El organismo señaló que el hallazgo se relaciona con un presunto grupo de testaferros que habría prestado servicios a la estructura de Herrera.
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Según la Fiscalía General de la Nación, los elementos reunidos indican que se utilizaron personas y empresas ligadas a actividades inmobiliarias, constructoras, financieras, hoteleras, aeronáuticas, avícolas, porcinas, cambiarias y de juegos de suerte y azar.
La entidad sostuvo que esas operaciones buscaban ocultar, transformar y administrar el patrimonio investigado. La hipótesis del caso apunta a que las estructuras comerciales permitieron mantener los activos fuera del control de las autoridades.
El ente acusador explicó que detectó anomalías en los flujos de caja y cruzó información contable para establecer el posible origen de los bienes. Ese trabajo derivó en la imposición de las medidas cautelares.
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En la capital colombiana, las medidas afectaron un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales. El grupo de activos muestra la presencia de la red investigada en propiedades destinadas a usos residenciales y comerciales.
En Cali, las diligencias alcanzaron dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. La Fiscalía incluyó esos bienes en el conjunto de patrimonios que considera relacionados con el clan Herrera.
Las autoridades también actuaron en Jamundí, donde ocuparon un inmueble urbano de cuatro pisos en el que funcionaba un hotel y un lote. En Tuluá, la intervención recayó sobre un terreno.
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Los procedimientos estuvieron a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con el apoyo del Ejército Nacional. Las acciones se ejecutaron de manera simultánea en Bogotá y varias localidades de Valle del Cauca y Antioquia.
La Fiscalía ordenó el embargo y el secuestro de los bienes, junto con la suspensión de la facultad de sus propietarios para disponer de ellos. Esas decisiones forman parte del proceso de extinción de dominio, que busca definir si los activos pasarán de manera definitiva al Estado.
Mientras avanza el trámite judicial, los bienes quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales. El destino final dependerá de las decisiones que adopten los tribunales en el proceso.
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La Fiscalía afirmó que las personas y empresas vinculadas al expediente habrían servido para sostener una red patrimonial conectada con recursos procedentes del narcotráfico. La entidad investiga si esas operaciones permitieron conservar bienes acumulados por la antigua estructura criminal.
La hacienda La Porcelana aparece entre los activos más extensos del caso
La hacienda La Porcelana, ubicada en Sonsón, se compone de siete predios. Su extensión la convierte en uno de los bienes con mayor dimensión territorial dentro de las medidas anunciadas.

El caso se centra en una organización que las autoridades denominan clan Herrera y que vinculan con familiares y operadores financieros de Hélmer Francisco Herrera Buitrago. El narcotraficante fue conocido como “Pacho Herrera” y ocupó una posición de mando en el Cartel de Cali.
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La Fiscalía considera que, pese a la desaparición de los principales jefes de esa estructura, personas cercanas a sus antiguos integrantes habrían intentado mantener el control sobre parte de sus patrimonios. La investigación apunta a esclarecer la procedencia y la titularidad real de los activos ahora ocupados.
Herrera nació en Palmira, Valle del Cauca, en 1951. Fue asesinado el 5 de noviembre de 1998 en la cárcel de Palmira, donde permanecía recluido.
De acuerdo con la información disponible en el expediente, el antiguo jefe narco construyó mecanismos para mover y ocultar recursos mediante actividades comerciales. La nueva actuación judicial busca determinar si una parte de ese esquema siguió operando a través de propiedades y sociedades que permanecieron fuera del alcance de las autoridades.
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