La fuerza pública de Colombia reportó la captura de 124 personas y la neutralización de 269 unidades de producción minera y socavones desde el 7 de agosto de 2026, en operaciones contra estructuras que obtienen recursos de la extracción ilícita de minerales.
Las operaciones conjuntas y coordinadas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se concentraron en la infraestructura que permite la explotación ilegal de yacimientos mineros. Según el balance oficial, durante este periodo fueron incautados 55.668 galones de combustible, 40 unidades de maquinaria amarilla, 127 equipos adicionales, 77 dragas y 16 dragones.
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Las autoridades informaron que estos elementos eran utilizados para remover material de los ríos, extraer oro y sostener puntos de producción ilícita. La inutilización de los equipos busca limitar la capacidad operativa de las organizaciones que controlan esta actividad en distintas regiones del país.
Los procedimientos hacen parte de una campaña militar y policial que tiene como objetivo afectar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, entre ellas la minería criminal y el narcotráfico.
La estrategia oficial señala que las rentas derivadas de la extracción ilícita de minerales permiten a estas estructuras comprar insumos, mantener redes logísticas y ejercer control sobre comunidades y corredores fluviales. Por esa razón, la fuerza pública priorizó los operativos contra dragas, excavadoras, motores industriales, combustible y demás equipos usados en las explotaciones.
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El Magdalena Medio quedó bajo prioridad operativa
La orden para reforzar la ofensiva fue impartida después del consejo de seguridad realizado el 26 de septiembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar. En ese encuentro, el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, dispuso el despliegue de unidades especializadas del Ejército Nacional en el Magdalena Medio.
El Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército tendrá la tarea de intervenir zonas en las que persisten actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales. La orden contempla acciones para identificar, ubicar y neutralizar la infraestructura que respalda esa economía ilícita.
La información oficial advierte que en departamentos como Cesar, Santander, Antioquia y Bolívar confluyen estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Las autoridades sostienen que estos grupos buscan controlar rutas y rentas ilegales vinculadas con la minería y el tráfico de drogas.
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La Armada de Colombia incrementará sus operaciones en los afluentes donde se registra extracción ilegal de oro. La estrategia contempla controles fluviales para localizar dragas y otros equipos instalados sobre los ríos, así como para restringir el transporte de combustible y materiales destinados a esos puntos de explotación.
A su vez, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) duplicará los sobrevuelos con aeronaves de ala fija, helicópteros y aeronaves remotamente tripuladas. El propósito será obtener información sobre nuevos frentes de minería ilegal y facilitar la reacción de las unidades desplegadas en tierra y en los ríos.
Las operaciones deberán coordinarse con la Policía Nacional para apoyar las capturas, preservar los elementos materiales de prueba y avanzar en los procesos judiciales contra los responsables de financiar o ejecutar estas actividades.
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La operación Aquiles afectó una mina ilegal sobre el río Nechí
Uno de los procedimientos destacados por las autoridades ocurrió en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí, en jurisdicción de El Bagre, Antioquia. Allí, unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada desarrollaron la operación Aquiles contra una explotación minera que, según el reporte oficial, estaba vinculada con la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.
Durante la intervención fueron inutilizados tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y 13 motores industriales. Los equipos eran empleados para extraer oro de manera ilegal en ese afluente.
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en un mensaje publicado en X que en la mina intervenida se extraían cerca de 26,5 kilos de oro al mes, con un valor estimado de $11.130 millones en el mercado informal.
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De acuerdo con el mandatario, la estructura criminal cobraba una extorsión equivalente al 15% de esa producción, lo que representaría aproximadamente $1.669 millones mensuales. También señaló que la inutilización de la maquinaria tuvo un impacto de $6.264 millones sobre la cadena logística de ese grupo.
El despliegue en el río Nechí se suma a las acciones reportadas desde agosto, con las que la fuerza pública busca reducir la capacidad económica y logística de las organizaciones armadas que participan en la minería ilegal, además de contener los daños sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas del país.
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