El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los demás organismos del Sistema Integral de Paz de Colombia cuenten con recursos suficientes para cumplir plenamente sus funciones.
El pronunciamiento se conoció el lunes 28 de septiembre de 2026, al cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, en medio de cuestionamientos al tribunal.
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Türk afirmó que los mecanismos creados tras el acuerdo son necesarios para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, entre ellos el acceso a la verdad, la reparación y la búsqueda de personas desaparecidas.
“Esto no puede ser un esfuerzo aislado. Los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional, establecidos en virtud del Acuerdo de Paz, son indispensables para garantizar los derechos de las víctimas y responder a sus demandas”, afirmó el funcionario de la ONU.
El Sistema Integral de Paz reúne a la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo mandato ya concluyó.
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Türk sostuvo que las instituciones que permanecen activas deben tener respaldo financiero para continuar las tareas previstas tras el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las Farc-EP.
“Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, expresó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La búsqueda de desaparecidos en Pitalito integra las sanciones restaurativas
Türk destacó las acciones de reparación que desarrollan exjefes de las Farc-EP y antiguos máximos responsables del Ejército, quienes aceptaron responsabilidad por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto.
Uno de esos proyectos se ejecuta en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, departamento de Huila. Allí, antiguos integrantes de ambos sectores participan en labores de localización, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas a sus familiares.
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La actividad forma parte de las sanciones propias de la JEP, que prevén medidas restaurativas para quienes reconocen de forma plena su responsabilidad por crímenes graves. En esos casos, las personas sometidas a la jurisdicción no reciben penas de prisión, aunque deben cumplir trabajos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas.
“Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, a la reparación y a la sanación de las familias afectadas por el conflicto”, dijo Türk.
La ONU consideró que las medidas restaurativas son un aporte a la justicia transicional
El Alto Comisionado señaló que las experiencias restaurativas que ya comenzaron en Colombia tienen alcance internacional.
“Las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”, afirmó.
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También consideró que estas acciones aportan a la construcción de condiciones de paz y seguridad duraderas.
“A diez años de la firma del histórico Acuerdo de Paz de Colombia, estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país y están allanando el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles”, sostuvo.
La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que acompañó la creación y el funcionamiento del Sistema Integral de Paz mediante asistencia técnica, con el objetivo de mantener a las víctimas como eje de los procesos ante la JEP.
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Recientemente, la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, advirtió que, si el tribunal concluye sus funciones en 2028, el trabajo realizado hasta ahora quedaría “a mitad de camino”.
El pronunciamiento se produjo luego de que Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, radicara un proyecto de acto legislativo que busca fijar en 10 años, sin posibilidad de prórroga, el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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