
Otty Patiño, que se desempeñó durante casi tres años como el alto comisionado para la Paz en el Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció frente a las críticas a su gestión por la suspensión, en su momento, de la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña: traslado que finalmente se ejecutó el viernes 25 de septiembre, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.
Patiño, que habló con Blu Radio, sostuvo que la extradición de “Araña” no fue negada por Petro, sino que fue suspendida de forma temporal para preservar las conversaciones de paz con la organización armada a la que pertenecía: los Comandos de Frontera, disidencias de la Segunda Marquetalia que operan en el sur del país y que avanzaban en procesos de diálogo.
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“Lo que se suspendió fue la ejecución misma de la extradición, pero en ningún momento se negó”, aseguró el excomisionado, en una medida que buscaba permitir los desplazamientos y la participación de los delegados mientras avanzaban los contactos, aun cuando el Ejecutivo conocía sus vínculos con el narcotráfico y la extorsión, como lo relacionó Estados Unidos.
Las declaraciones de Patiño se conocieron tras consumarse la extradición de Rojas, que finalmente deberá responder ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, que lo señaló de cometer conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo. De la Espriella se encargó de “despedirlo” desde el Comando Aéreo de Combate de Malambo.
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En este expediente, aunque la Corte Suprema de Justicia ya había aprobado la extradición, su traslado a suelo norteamericano se suspendió por orden del gobierno Petro, pues ejercía como uno de los negociadores de esta estructura armada. Así pues, su traslado fue postergado mientras avanzaba el ciclo de negociación, que fue finalizado por el hoy primer mandatario, Abelardo de la Espriella.

Otty Patiño destacó los avances del proceso de paz con Comandos de la Frontera, estructura de ‘Araña’
En defensa de la política de Paz Total, el excomisionado dijo que el Gobierno interpretó varias acciones de la organización como gestos en pro del éxito del acuerdo. Fue entonces cuando habló de cómo se había reportado la erradicación de cultivos de coca, la destrucción de armamento y la llegada de integrantes desde Putumayo a una Zona de Ubicación Temporal.
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“Se destruyeron varias toneladas de explosivos. Igualmente, también mostraron voluntad de desarmarse”, reiteró Patiño a Blu Radio, al describir los hechos que, según él, fueron evaluados durante los diálogos. Así pues, agregó que varios miembros de la estructura llegaron “desarmados y sin uniforme” a la referida zona, a fin de empezar su desmovilización.
Aunque reconoció que los grupos con los que el Gobierno dialogaba estaban relacionados con actividades ilegales, salió en respaldo de las intenciones promovidas por el Ejecutivo, en el objetivo de avanzar en las mesas de conversación. “Éramos conscientes de que muchos de los señores con los cuales estábamos interlocutando habían incurrido en delitos como narcotráfico”, dijo.
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Extradición de ‘Araña’ reactivó polémica sobre la responsabilidad judicial de los negociadores
En sus declaraciones, Patiño explicó que la meta de las conversaciones era que los integrantes de esas organizaciones pasaran “de un estado de ilegalidad” a uno de civilidad, a través de mecanismos legales y el cumplimiento de las penas correspondientes; pues a su juicio, la suspensión de la orden no eximía a Rojas de responder al llamado de la justicia.
“Ya le tocaba era al aparato judicial pensar qué podía hacerse con esas personas”, refirió el excomisionado, en relación con un personaje al que la Fiscalía General de la Nación le atribuyó participación en al menos 13 ataques armados cometidos entre 2020 y 2024 en Caquetá, que dejaron un saldo de 16 muertos, entre ellos líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
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Las investigaciones también lo relacionaban con reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado, pues los Comandos de la Frontera eran asociados con tráfico de drogas, homicidios selectivos y control territorial. “Aquí este sujeto hizo mucho daño, derramó mucha sangre y debe pagar cada gota de esa sangre que derramó del pueblo”, señaló De la Espriella.
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