Nueve personas provenientes de Colombia y República Dominicana fueron enviados a prisión preventiva en Roma (Italia), señalados de integrar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica.
El resultado fue producto de una investigación que comenzó por el secuestro y tortura que sufrió un ciudadano colombiano.
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La orden de detención fue emitida por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Roma, a pedido de la Dirección Distrital Antimafia. La medida fue ejecutada la mañana de jueves 24 de septiembre por la Brigada Móvil de Roma y los Carabinieri de Civitavecchia.
Los hoy detenidos deberán afrontar, según el grado de responsabilidad que les atribuyen las autoridades, cargos por asociación para el tráfico ilícito de estupefacientes con agravante transnacional, secuestro con fines de extorsión, robo y lesiones personales.
El secuestro de un colombiano abrió la investigación sobre la red
El caso que dio origen a las pesquisas ocurrió en la madrugada del 7 de junio de 2026, en el barrio de Casal Bertone, al este de la capital italiana.
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De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, un ciudadano colombiano fue atraído hasta el lugar cerca de las 2:30 a. m. por una mujer vinculada con el grupo.
Una vez llegó al punto acordado, el connacional habría sido agredido, inmovilizado y obligado a subir a un automóvil. Los presuntos secuestradores lo llevaron primero a una vivienda del sector de Borghesiana y luego a un apartamento semisótano en Centocelle.
Allí habría permanecido retenido durante unas siete horas. Las autoridades sostienen que fue atado de manos y pies, amenazado con un arma de fuego y herido en varias ocasiones con armas cortopunzantes.
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Durante el cautiverio, la víctima habría sido forzada a entregar 8.900 euros en efectivo, joyas de oro, un reloj de lujo y las llaves de su apartamento. Luego, según el reporte oficial, varios miembros del grupo se trasladaron hasta su vivienda para apoderarse de otros objetos y equipos informáticos.
Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos implicados
La Policía y los Carabinieri reconstruyeron la secuencia del secuestro mediante el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia urbana y de edificios residenciales.
Los registros permitieron seguir el recorrido de la víctima y los movimientos de quienes, de acuerdo con los investigadores, integraban el grupo que ejecutó la retención.
Ese trabajo derivó en una pesquisa más amplia sobre una organización que presuntamente importaba grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica para abastecer puntos de venta de drogas en Roma y la costa de Lacio.
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Las autoridades también identificaron bases logísticas en Cerveteri, Ladispoli y Tarquinia como parte de las pesquisas previas.
La organización habría usado vehículos con compartimentos ocultos y mecanismos de apertura mecánicos o electrónicos para transportar los estupefacientes.
La comunicación interna del grupo, según la investigación, se realizaba a través de teléfonos inteligentes cifrados que contaban con sistemas para borrar información de forma remota.
Los recursos obtenidos por las actividades ilícitas habrían circulado mediante operaciones con criptomonedas.
Hallaron 24 kilos de hachís y cocaína en un apartamento de Roma
Como parte de las diligencias, los investigadores realizaron otras capturas e incautaciones de droga en carreteras de la zona.
También identificaron un laboratorio clandestino en el área rural de Sant’Agata del Bianco, en la provincia de Reggio Calabria, que presuntamente era utilizado para la refinación de estupefacientes.
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En Roma, la investigación permitió ubicar un apartamento que, según las autoridades, funcionaba como sitio de almacenamiento. En ese lugar fueron incautados 24 kilogramos de hachís, además de cantidades de cocaína, sustancias sintéticas y otras drogas destinadas al mercado local.
Entre el material encontrado figuraba la llamada “cocaína rosa” o tusi, una mezcla de sustancias que suele comercializarse bajo ese nombre y cuya composición puede variar.
Los detalles que diero pie a la investigación de las autoridades en Italia
Desde inicios de junio, la Fiscalía Antimafia de Roma investigó a la red transnacional que introdujo cocaína en Europa con apoyo de contactos en Colombia, España, Países Bajos, Bélgica e Italia.
El expediente ubica a varios colombianos en tareas de coordinación, logística y administración dentro de la estructura, de acuerdo con un informe que publicó en ese entonces el diario El Tiempo.
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Las autoridades italianas sostienen que la organización operaba desde al menos 2023 y contaba con una división de funciones para importar, transportar, almacenar, procesar y vender grandes cargamentos de cocaína en distintas zonas de Italia.
Según la investigación, un colaborador de justicia declaró en 2025 que la red podía mover alrededor de 800 kilos de cocaína al año hacia mercados europeos.
Los envíos llegaban principalmente a Italia y luego eran distribuidos en Roma, Milán, Bolonia, Nápoles, Cerveteri y Civitavecchia.
Pavel Guarín Morales, uno de los colombianos que figura entre los presuntos líderes de la red
Uno de los principales investigados es el colombiano Pavel Guarín Morales, a quien los fiscales identificaron con el alias de “el presidente”.
De acuerdo con el expediente, compartía la dirección del grupo con el dominicano Jefferson Luis Núñez Camacho.
La Fiscalía le atribuye a Guarín Morales los contactos con presuntos narcotraficantes ubicados en Colombia y España, además de la planificación de las rutas para llevar la droga hasta Europa.
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Los agentes descubrieron que la organización evaluaba métodos como el uso de correos humanos y el traslado de cocaína en estado líquido, una modalidad que buscaba dificultar su detección en controles aeroportuarios y aduaneros.
En el expediente también aparece otro colombiano identificado como Ricardo Andrés Asprilla Tovar, quien habría participado en reuniones con miembros de la estructura, apoyado actividades de distribución y colaborado con el cobro de deudas relacionadas con el tráfico de drogas.
Una colombiana habría cumplido funciones logísticas y financieras
La Fiscalía incluyó en la causa a la colombiana Diana Marcela Guevara Mayor, a quien atribuye labores de apoyo logístico, administración de dinero y manejo de comunicaciones clandestinas desde el exterior.
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En la indagación se describe a la presunta organización como un grupo asentado de manera permanente en Roma, integrado por ciudadanos italianos, colombianos y dominicanos. Cada integrante habría tenido tareas definidas en la adquisición, ingreso y comercialización de cargamentos.
Según los fiscales, los enlaces colombianos permitían mantener el vínculo con proveedores sudamericanos, coordinar entregas y organizar rutas para garantizar el abastecimiento de droga.
La Fiscalía indaga presuntos nexos con la Camorra y grupos de Calabria
El expediente menciona contactos de la organización con estructuras de la Camorra napolitana y con operadores relacionados con Calabria.
Uno de los episodios analizados se refiere a una supuesta operación por 10 kilogramos de cocaína.
De acuerdo con la declaración de un colaborador de justicia, el cargamento habría llegado a un grupo vinculado con la criminalidad organizada de Nápoles. Esa estructura habría simulado posteriormente un procedimiento policial para quedarse con la droga sin realizar el pago acordado.
Los investigadores también analizan los contactos de la red en Colombia, España, Bélgica y Países Bajos.
Además, un testimonio menciona a una mujer radicada en Holanda que habría tenido conexiones directas con narcotraficantes colombianos y una posición jerárquica dentro de la estructura.
Un operativo en Calabria permitió hallar un laboratorio clandestino
La causa tomó impulso en febrero de 2026, cuando las autoridades hallaron un laboratorio clandestino en Bianco, localidad de la región italiana de Calabria.
En el lugar encontraron prensas hidráulicas, moldes, hornos microondas, sustancias químicas, materiales de embalaje y otros equipos que presuntamente se utilizaban para procesar cocaína.
Durante el operativo fue detenido Núñez Camacho, señalado como uno de los responsables de la red.
Las autoridades incautaron más de 500 kilogramos de material vinculado con la producción de estupefacientes. La Fiscalía investiga ahora la extensión de los contactos de la organización en Colombia y busca identificar a los proveedores y facilitadores de las operaciones hacia Europa.
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