El abogado Alejandro Carranza, que oficia como apoderado del expresidente de la República Gustavo Petro, cuestionó la participación del actual mandatario, Abelardo de la Espriella, en un operativo contra estructuras de microtráfico en Cali, conocido como Operación Iron y que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, dejó 85 capturados de siete estructuras al margen de la ley.
El jurista, a través de sus redes sociales, advirtió que la intervención directa del jefe de Estado en una de las capturas efectuadas por las autoridades, como se pudo apreciar en uno de los fragmentos del video publicado por el gobernante, podría afectar las garantías del proceso penal y la independencia judicial. Un aspecto que debería tener claro De la Espriella, al ser abogado.
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“Menos mal que es abogado penalista el presidente de la República Abelardo de la Espriella: ¿En qué parte del código dice que el jefe de Estado interviene directamente en la captura?”, acotó el letrado, que no dejó pasar el procedimiento en el que el primer mandatario se acercó a uno de los hombres señalados y capturados por las autoridades y le dijo: “Bienvenido a la Patria Milagro”.
Carranza lanzó advertencia sobre el debido proceso y el rol de los jueces
En su publicación, que recibió reacciones a favor y en contra, el abogado Carranza sostuvo que el mandatario no debería intervenir de manera directa en las actuaciones que corresponden a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y los jueces. Según señaló, la presencia del presidente en el lugar de una captura puede abrir cuestionamientos sobre el debido proceso.
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“Esto no solo afecta el debido proceso penal por el procedimiento, también afecta la neutralidad del sistema judicial”, afirmó el letrado. Y explicó que una intervención pública del presidente durante un operativo puede aumentar la presión sobre los funcionarios que deben decidir más adelante sobre la situación jurídica de los capturados, que se sometían a judicializaciones.
Y mencionó las decisiones que adoptan los jueces de garantías frente a solicitudes de medidas de aseguramiento. “Si resulta que la captura sale mal o el capturado recibe garantías como la no imposición de la medida de aseguramiento o pasa cualquier cosa que lo deje en libertad, entonces el pobre juez de garantías será señalado como alguien en contra de la Patria Milagro”, sostuvo.
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Para el jurista, las actuaciones deben mantenerse al margen de presiones políticas, mediáticas o institucionales. “Somos un Estado social de derecho, no una Patria Milagro”, insistió en este término el abogado, que además de su defensa al expresidente también representa a su primogénito: Nicolás Petro Burgos, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Carranza dijo “aplaudir” operaciones que se ejecuten en la legalidad
En su exposición, el abogado aclaró que su cuestionamiento no se dirigía contra los operativos de seguridad ni contra la persecución de las organizaciones criminales. Con ello, quiso dejar en claro que las operaciones contra estructuras dedicadas a delitos violentos y al tráfico de drogas deben contar con respaldo jurídico, y que siempre respeten los procedimientos legales.
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“Se aplauden todas las operaciones que se ejecutan en el marco de la legalidad”, reiteró. No obstante, acotó que De la Espriella debe resguardar la separación de poderes y evitar actuaciones que puedan interpretarse como una intromisión en las decisiones de fiscales o jueces. “Si la Policía captura, el jefe de Estado debería velar por la independencia de las ramas del poder”, señaló.
Por último, Carranza cuestionó la posibilidad de que el mandatario lleve a cabo pronunciamientos sobre los detenidos antes de que avance el proceso judicial y aludió a intervenciones públicas posteriores a operativos de seguridad. Con esto, parodió cómo el presidente podría, a su juicio, “hacer rueda de prensa, caminar sobre los muertos y decirle ratas a los investigados”.
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Y, de la misma forma, se refirió al lema de la actual administración. “Y gritar con la ceja levantada: firmes…”, concluyó Carranza, en relación con el estilo comunicacional de De la Espriella. Así pues, alertó sobre el efecto que ese tipo de mensajes podría tener sobre la percepción de imparcialidad en los casos judiciales que se deben adelantar tras estas detenciones.
Y es que durante los procedimientos, los investigadores incautaron armas y otros elementos que serán incorporados a los expedientes abiertos contra los detenidos. El megaoperativo se efectuó en zonas de alto impacto como El Calvario, San Pascual y Sucre, en donde las autoridades buscaron intervenir dinámicas asociadas al microtráfico y otros delitos conexos a estas actividades.
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