
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó el presunto “uso indebido” de solicitudes de rectificación contra medios de comunicación por parte del presidente Abelardo de la Espriella, las cuales, según la organización, fueron tramitadas a través de la firma De la Espriella Style.
La entidad sostuvo que este tipo de reclamos no puede convertirse en una vía para condicionar la cobertura periodística sobre la trayectoria de quien ejerce la Presidencia de Colombia.
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La organización señaló que había alertado sobre esa práctica durante la campaña electoral y afirmó que ahora se repite desde la jefatura del Estado. Para la Flip, ese cambio de posición institucional amplía la diferencia de poder entre el mandatario y los medios que reciben las solicitudes.

“Durante la campaña, advertimos esta práctica y hoy se replica desde el cargo con mayor poder político del Estado”, afirmó la organización en su comunicado.
La Flip recordó que las solicitudes de rectificación tienen como finalidad corregir informaciones erróneas. Sin embargo, consideró que ese recurso no debe emplearse para intervenir sobre el enfoque, las interpretaciones o la forma de narrar asuntos de interés público relacionados con el jefe de Estado.
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“El derecho a la rectificación no puede usarse para controlar cómo los medios investigan y narran la trayectoria de quien ejerce el poder”, sostuvo la entidad.
La organización citó un reclamo contra Manizales Denuncia por una publicación sobre Fipaz
Uno de los episodios mencionados por la Flip involucra al medio regional Manizales Denuncia. De acuerdo con el comunicado, De la Espriella Style pidió rectificar una publicación de 2024 que se refería a Fipaz, fundación de la cual De la Espriella fue socio fundador y representante legal.
La entidad indicó que el medio modificó la información para incorporar el desenlace de las investigaciones judiciales citadas en la publicación. Pese a esa actualización, la firma jurídica habría planteado fórmulas concretas para la rectificación y advirtió sobre la posibilidad de promover acciones constitucionales, civiles y penales.
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Para la Flip, la solicitud plantea un debate sobre los límites del derecho de rectificación cuando quien reclama ocupa la Presidencia. La organización afirmó que resulta problemático que se recurra a una estructura jurídica para revisar contenidos referidos al pasado del mandatario, pedir cambios en la forma de exponerlos y advertir sobre eventuales demandas.

“Quien reclama es hoy el Presidente de Colombia, que concentra la mayor autoridad política y, por ende, está sometido al más alto nivel de escrutinio”, expresó la Flip.
La entidad sostuvo que el artículo 20 de la Constitución protege la libertad de prensa y prohíbe la censura. También recordó que, de acuerdo con su interpretación de decisiones de la Corte Constitucional, las autoridades no pueden utilizar su cargo para definir o alterar el contenido de publicaciones elaboradas por medios de comunicación.
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La Flip advirtió sobre un posible efecto disuasivo sobre periodistas y medios regionales
El comunicado también aludió al estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual los funcionarios públicos están expuestos a un mayor nivel de escrutinio y deben tener una tolerancia más amplia frente a las críticas por asuntos vinculados a su función o vida pública.
La Flip señaló que las advertencias de sanciones o demandas pueden tener consecuencias más allá de un caso puntual. Según la organización, ese escenario puede llevar a periodistas o redacciones a desistir de publicar investigaciones similares para evitar litigios o presiones legales.
“Ante un medio regional el desequilibrio es evidente y el efecto inhibitorio puede ir más allá del medio directamente requerido: otros periodistas pueden optar por no publicar información similar”, indicó.
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La organización agregó que ha documentado durante varios años acciones judiciales promovidas por De la Espriella contra periodistas que investigaron o cuestionaron distintos aspectos de su actividad profesional. Entre ellos mencionó su relación laboral con Alex Saab y David Murcia Guzmán, su actuación como abogado del exmagistrado Jorge Pretelt y otros episodios de su trayectoria pública.
La Flip afirmó que el pasado de una persona que ocupa la Presidencia constituye un asunto de interés general y puede ser objeto de investigación, contraste y análisis crítico por parte de la prensa. En ese sentido, diferenció entre corregir un error verificable y exigir cambios que incidan sobre una narrativa periodística o una controversia pública.
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“El derecho de rectificación permite corregir errores, pero no puede desnaturalizarse para definir la narrativa periodística ni controversias relevantes sobre quien gobierna”, señaló la entidad.

En el cierre de su pronunciamiento, la Flip pidió al presidente Abelardo de la Espriella que no utilice “su posición de poder y los mecanismos jurídicos a su alcance para inhibir el escrutinio”. Además, reclamó garantías para que periodistas y medios ejerzan su labor “con libertad, sin presiones ni interferencias”.
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