El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, deberá retractarse en un plazo de 48 horas a partir del miércoles 23 de septiembre por haber calificado como despectivas las palabras “campesino”, “campesina” y “campesinado”. Así lo dio a conocer el representante a la Cámara Miguel Ángel Grisales, del Pacto Histórico, que recibió el fallo favorable de una acción de tutela interpuesta.
La decisión judicial cuestionó el intento de reemplazar esa denominación en el lenguaje oficial por “pequeños empresarios del campo” y “productores rurales”. La controversia se produjo después de que contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibieron, a su vez, recomendaciones informales para modificar el vocabulario en los informes y contenidos presentados a la ciudadanía.
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La orientación también proponía sustituir “reforma agraria” por “acceso a tierras” o “formalización”. En su momento, Dangond defendió ante las Comisiones Económicas del Congreso de Colombia una modificación institucional que buscaba cambiar la forma en que el Estado nombra a quienes producen alimentos y sostuvo que el nuevo término elevaba el reconocimiento de su función.
. “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”, expresó Dangond, que posteriormente, quiso matizar sus afirmaciones. “‘Campesino’ y ‘productor agropecuario’ no son sinónimos”, agregó el ministro de Agricultura, que según explicó, la primera definición identifica “una condición social, económica, territorial o de agricultura familiar”.
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¿Qué decisión tomó la justicia frente a esta acción de tutela? Esto es lo que se conoce
Según dijo Grisales, la orden judicial no se limita a exigir una rectificación pública, también impide que la denominación desaparezca de los documentos oficiales. “Un juez de la República nos dio la razón y en el término de las próximas 48 horas, el ministro tendrá que retractarse por decir que la palabra campesino, campesina y campesinado son denigrantes y despectivos”, dijo.
El parlamentario habló de la decisión con una defensa de la identidad campesina y de su lugar en la sociedad colombiana. “Colombia, los hijos e hijas de Colombia, somos hijos del azadón y hoy se respeta la dignidad de los campesinos”, acotó Grisales, antes de advertir que el ministro tampoco podrá sacar los términos “campesino”, “campesina” y “campesinado” del lenguaje institucional.
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Tras conocerse el fallo de esta tutela, Grisales defendió lo que a su juicio es una identidad colectiva protegida por la Constitución, pese a que el ministro, en su comparecencia ante las Comisiones Económicas del Congreso, defendió su postura. “Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país. ¿Oyeron? Empresarios del campo”, destacó el ministro.
La declaración, que no tardó en hacerse viral, provocó críticas de sectores políticos y sociales que interpretaron la medida como una exclusión de una categoría con reconocimiento cultural, social e histórico. Entre las voces que cuestionaron al ministro estuvo la representante María Fernanda Carrascal, que lanzó duros señalamientos contra el funcionario, oriundo de La Guajira.
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En medio de la discusión, Carrascal señaló que la misma tendría efectos sobre una identidad formada con las disputas rurales. “Es una falta absoluta de ética política, porque lo que busca es negar una identidad colectiva construida durante más de un siglo, a partir de las luchas por el acceso a la tierra, por la propiedad, por el territorio y por unas condiciones dignas de vida”, dijo.
En el documento en mención, se incluyeron frases para la estrategia comunicativa del gobierno de Abelardo De La Espriella en el ministerio, entre ellas “La era del campo milagro”, “Firmes por el campo”, “Firmes por la Patria”, “Colombia, un país de propietarios”, “La Patria Milagro”, “Dignidad Real” y “El desarrollo rural y la transformación de nuestra tierra ya son una realidad”.
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