La bancada del Pacto Histórico presentó ante el Congreso una ponencia alternativa para el primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, con una proyección de $598,68 billones.
El documento propone recursos adicionales para reconstrucción, educación, vivienda, gestión del riesgo y empleo, con una financiación que incluye una ley de financiamiento por $32 billones.
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La propuesta fue radicada en Bogotá el 23 de agosto de 2026 y plantea un monto menor al proyecto que será discutido en las comisiones económicas conjuntas. Ese texto, con modificaciones avaladas parcialmente por el Ministerio de Hacienda, conserva una asignación total de $634,9 billones.
El senador Alejandro Ocampo, coautor de la iniciativa y vicepresidente del Senado, sostuvo que la alternativa busca aumentar las partidas sociales sin alterar los límites fiscales previstos para el país.
“Este presupuesto demuestra que sí es posible cuidar las finanzas públicas y, al mismo tiempo, proteger la inversión social”, afirmó Ocampo al presentar la ponencia.
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La propuesta plantea una ley de financiamiento por $32 billones
El documento del Pacto Histórico proyecta una ley de financiamiento equivalente al 1,3% del producto interno bruto (PIB). También contempla el uso de la cláusula de escape de la Regla Fiscal que, de acuerdo con la ponencia, fue aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para el periodo 2025-2027.
La bancada indicó que el esquema mantendría la deuda neta en un máximo de 55% del PIB y la deuda bruta con un techo de 71%. Bajo esos parámetros, los autores plantearon que existen condiciones para aumentar las apropiaciones orientadas a inversión y atención de necesidades sociales.
La iniciativa incluye $20 billones para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el Valle del Cauca. Además, reserva $150.000 millones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con destino a la respuesta frente a los efectos del fenómeno de El Niño.
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El proyecto alternativo suma $1 billón para la financiación de la educación superior, en cumplimiento de la Ley 2568 de 2026, y añade $3,51 billones al presupuesto del Ministerio de Educación. A esto se agregan $8,77 billones para el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), una partida que apunta a ampliar el acceso a programas habitacionales.
Educación, vivienda y empleo concentran parte de los recursos propuestos
La propuesta contempla un aumento de 12,4% para el Ministerio del Trabajo. Según el documento, esos recursos se destinarían a programas de formación técnica y a iniciativas vinculadas con la generación de empleo.
El Pacto Histórico defendió el incremento de las partidas sociales con cifras sobre pobreza y transformación productiva. La bancada afirmó que, durante el cuatrienio anterior, 2,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y un millón dejó la pobreza extrema como resultado del gasto social.
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También citó el comportamiento de las exportaciones como parte de sus argumentos. De acuerdo con el texto, las ventas externas de café alcanzaron $5.788 millones en 2025 y superaron las exportaciones de carbón, que llegaron a $4.901 millones ese año.
“No hay que elegir entre responsabilidad fiscal y bienestar de la gente; esta ponencia prueba que se puede hacer las dos cosas bien”, señaló Ocampo.
El Gobierno mantuvo el proyecto principal en $634,9 billones
La ponencia que irá a primer debate conserva la estructura general del proyecto del Gobierno nacional: 62% para funcionamiento, 24% para el servicio de la deuda y 14% para inversión. Las modificaciones aprobadas redistribuyeron recursos hacia salud, justicia y deporte.
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Entre los cambios figura una adición de $2 billones para Salud y Protección Social. La Rama Judicial recibiría $100.000 millones para cubrir gastos de personal relacionados con la bonificación judicial, mientras que Deporte y Recreación tendría $99.100 millones para programas de formación, apoyo a deportistas y alto rendimiento.
El texto principal dejó por fuera una iniciativa que buscaba trasladar $20 billones del servicio de la deuda a la atención de los damnificados y a la reconstrucción posterior al terremoto. Tampoco fue incorporada una solicitud para adicionar $15 billones al sector Defensa.
La discusión del PGN de 2027 continuará en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, donde se debatirán tanto las modificaciones incluidas en la ponencia oficial como las alternativas presentadas por las bancadas.
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