Enrique Gómez radicó propuesta de acto legislativo para acabar con la JEP en el 2028: “Se dedica a lavarle el rostro histórico a las Farc”

El senador Enrique Gómez presentó un acto legislativo para impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extienda su funcionamiento más allá de marzo de 2028 y trasladar a la justicia ordinaria los procesos pendientes. La propuesta fija un cierre definitivo tras 10 años de vigencia y plantea preservar las garantías procesales de víctimas, integrantes de la fuerza pública y exguerrilleros sometidos a esa jurisdicción.

El legislador de Salvación Nacional calcula que una extensión de cinco años supondría un gasto de 6,2 billones de pesos entre 2027 y 2033. Para Gómez, esos recursos deberían destinarse a descongestionar juzgados de la justicia ordinaria y crear cargos de planta.

El texto prevé que los expedientes sin resolución al momento del cierre pasen a la jurisdicción ordinaria bajo las reglas de la justicia transicional. También contempla que la Fiscalía General de la Nación asuma las tareas de investigación y acusación que requieran esos casos.

La iniciativa, radicada este 23 de septiembre, busca eliminar la posibilidad de una prórroga por otros cinco años. “La JEP fue concebida como una justicia transicional, excepcional y temporal. Lo que proponemos es que Colombia tenga claridad sobre cuándo termina y qué pasará con los procesos que queden pendientes”, sostuvo Gómez.

El proyecto busca cerrar la JEP en marzo de 2028 sin una nueva prórroga

La propuesta establece que la JEP concluya sus funciones en marzo de 2028, cuando se cumplan 10 años de funcionamiento. La Corte Constitucional había determinado que la jurisdicción tenía carácter transitorio y excepcional, además de fijar las condiciones para una eventual ampliación de su vigencia.

Gómez busca definir el destino de los casos que no concluyan antes de la fecha límite. Según el documento, el traslado a la justicia ordinaria no podrá imponer un tratamiento penal o procesal más gravoso a quienes ya estén sometidos a la JEP.

El proyecto también incorpora una opción para las personas que cumplen las condiciones para haber acudido a esa jurisdicción, pero que aún no están vinculadas a ella. El objetivo declarado es que el cierre no afecte el debido proceso, la seguridad jurídica ni los derechos de las víctimas.

Gómez cuestionó la estructura y los resultados de la jurisdicción

Durante el espacio legislativo en el que presentó la iniciativa, Gómez se refirió a la composición administrativa de la JEP. “Cargos con las más altas denominaciones de función pública del país y del poder judicial, con todos los excesos posibles. Y además, si como ello no fuera poco, hemos visto que tienen 1.200 contratistas adicionales”, afirmó.

El senador también cuestionó la situación de las personas sometidas a esa jurisdicción. “Hoy, ni las víctimas, ni quienes están sometidos a la competencia de la JEP, más de 9.700 guerrilleros, cerca de 2.000 miembros de las Fuerzas Militares, obtienen satisfacción en relación con la resolución de su situación jurídica”, dijo.

Gómez sostuvo que la continuidad de los procesos en la justicia ordinaria tendría un costo menor y mantendría los parámetros del sistema transicional acordado en La Habana. La propuesta incorpora un artículo transitorio, identificado como 15-A, para regular ese traslado.

En su intervención, el senador atribuyó a la jurisdicción un efecto sobre los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto. “La JEP se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las Farc y a garantizar una simulación de penas que al final del día nos llevan a la triste conclusión de que ese acuerdo sobre la JEP está orientado a amnistiar lo inamnistiable, que son los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, manifestó.

Gómez afirmó durante la presentación que el acto legislativo “declara la terminación de vigencia de la JEP en marzo de 2018”, aunque el documento oficial de la iniciativa fija el cierre de la jurisdicción en marzo de 2028.