Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará decreto de emergencia económica por el fenómeno de El Niño: en qué consiste

El Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecta decretar el lunes 28 de septiembre una emergencia económica por el fenómeno de El Niño, con el objetivo de congelar pagos de créditos agropecuarios durante tres o cuatro meses y reperfilar obligaciones a dos años sin afectar la calificación financiera de los productores.

La medida apunta a una cartera cercana a $55 billones vinculada a actividades agroexportadoras que, en conjunto, generan alrededor de USD 11.000 millones anuales. Flores, caña, café, cacao, palma, aguacate, cítricos, pasifloras y tilapia figuran entre los renglones mencionados por el Ejecutivo.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, anunció la iniciativa durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.

La declaratoria aún no ha sido expedida: requerirá la aprobación del presidente De la Espriella, y la firma de todos los integrantes del Consejo de Ministros.

“La emergencia la vamos a decretar, con el favor de Dios, el próximo lunes, con el señor presidente, en el consejo de ministros. Vamos a declarar el fenómeno de El Niño como una emergencia para poder actuar rápidamente”, sostuvo Dangond.

La propuesta se tramitaría bajo el artículo 215 de la Constitución, que habilita al presidente a declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ante hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico, o constituyan una calamidad pública.

Congelamiento de cuotas y ampliación de plazos

Con el decreto vigente, la Superintendencia Financiera podría autorizar a las entidades bancarias a suspender temporalmente el cobro de determinados créditos. El objetivo es que los productores afectados por las condiciones climáticas no entren en mora ni reciban una calificación negativa por dejar de pagar durante ese lapso.

“La Superintendencia Financiera inmediatamente le permitirá a la banca congelar por lo menos tres o cuatro meses el pago de las deudas sin mandar a calificación mala a ningún productor”, explicó el ministro.

El Ministerio de Agricultura también trabaja en el reperfilamiento de las obligaciones. El plan contempla trasladar parte de la cartera a plazos de hasta dos años, una alternativa que reduciría el valor inmediato de las amortizaciones y las cuotas mensuales.

“Cuando mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización, el pago de la deuda, y eso es un tanque de oxígeno”, afirmó Dangond, citado por Blu Radio.

Todavía no se conocen qué proporción de la cartera podría acceder a los alivios, los requisitos que deberán cumplir los productores, las entidades financieras involucradas ni si el congelamiento abarcará capital, intereses o ambos componentes de las obligaciones.

Las flores y la tilapia enfrentan presiones adicionales por los aranceles aplicados a sus exportaciones hacia Estados Unidos, el aumento de los costos laborales y la reducción de la tasa de cambio, de acuerdo con el ministro. Ambos sectores emplean una alta proporción de mano de obra, por lo que Dangond propuso discutir una legislación laboral adaptada a los ciclos productivos rurales.

El Gobierno también busca acelerar las devoluciones del impuesto al valor agregado para los agroexportadores. Los trámites que antes tardaban entre dos y tres meses se estarían reduciendo a cerca de un mes, con la intención de mejorar el flujo de caja de las empresas.

Los fertilizantes representan otro foco de costos. Una parte importante de estos insumos ingresa por Buenaventura, donde la falta de disponibilidad en uno de los muelles puede provocar demoras para los buques y costos de fondeo de alrededor de USD 30.000 diarios, que terminan trasladándose a los productores.

Para atender ese problema logístico, el Ejecutivo trabaja en la habilitación de instalaciones de Almagrario para manejar carga a granel de productos agropecuarios. El Ministerio de Comercio prepara además un mecanismo transitorio de crédito para aportar liquidez a las empresas del sector.

El Niño, la energía y la producción del campo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó el 10 de septiembre que Colombia acumulaba cuatro trimestres móviles consecutivos con condiciones de El Niño tanto en el océano como en la atmósfera. El organismo calcula una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.

El Ideam también elevó al 75% la probabilidad de que este episodio sea el más intenso desde 1950. Sus efectos no serán iguales en todo el país ni implicarán ausencia total de lluvias, ya que las variaciones de las precipitaciones dependen de cada región y del momento del fenómeno.

El Ejecutivo identifica riesgos para la producción agropecuaria, el abastecimiento de agua, la seguridad energética, la salud pública y los precios de los alimentos. La disminución de lluvias, el descenso de los embalses y el aumento del riesgo de incendios forestales también forman parte de las amenazas previstas.

El sistema eléctrico colombiano depende en buena medida de la generación hidroeléctrica. Ante períodos prolongados con menores aportes hídricos, el Gobierno activó el Plan Energía YA, que prevé ahorro de electricidad y mayor disponibilidad de generación térmica para preservar las reservas de los embalses.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció un proyecto de ley con mensaje de urgencia para obtener $1,2 billones destinados a sostener las medidas de liquidez del sistema eléctrico y garantizar el suministro. Esa iniciativa se suma a una inyección de $1,5 billones anunciada previamente para 2026.

El 22 de septiembre, De la Espriella expidió la Directiva Presidencial No. 03, que ordena a los ministerios de Minas y Energía; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y Territorio; Salud y Protección Social, y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborar una hoja de ruta nacional.

El documento deberá identificar riesgos, territorios potencialmente afectados, medidas vigentes, capacidad de respuesta y brechas de infraestructura, recursos, información y coordinación. La planificación tendrá especial atención sobre la seguridad hídrica, energética, alimentaria, ambiental y sanitaria, y será presentada ante el próximo Consejo de Ministros.

Cultivos, crédito rural y antecedentes de la declaratoria

Antes de plantear la emergencia, el Ministerio de Agricultura había puesto en marcha un plan de choque con el programa Forrajes Milagro, destinado a producir heno y silos en instalaciones de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, para asegurar alimento al ganado durante las sequías.

Dangond mencionó la siembra de 400.000 hectáreas de soya en la Altillanura durante el primer semestre y otras 400.000 hectáreas de maíz en el segundo. También planteó renovar 185.000 hectáreas de palma con cerca de 30 años de producción y promover nuevas áreas de coco en la región Caribe.

La planificación de las siembras, según el ministro, deberá ajustarse a las condiciones del suelo, la disponibilidad de agua, la temperatura, la humedad y la demanda del mercado. En la ganadería, el acceso a incentivos quedaría condicionado a prácticas de producción sustentable y rotación de potreros.

El funcionario cuestionó el funcionamiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, Faia, y afirmó que el Gobierno halló casos que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría. Sostuvo que el programa no continuará bajo su esquema actual debido a situaciones en las que productores habrían sido registrados para recibir beneficios sin conocer el procedimiento.

El Ministerio propone además créditos rurales a 10 o 15 años, acordes con los ciclos de recuperación de inversiones en maquinaria, riego y proyectos agrícolas. “Tenemos que dar créditos a 10 años, a 15 años”, señaló Dangond.

Desde el 23 de julio, Colombia se encuentra bajo una situación de desastre nacional por El Niño 2026-2027, con vigencia inicial de 12 meses. Esa figura permite utilizar instrumentos administrativos, técnicos y presupuestales, mientras que la emergencia económica habilitaría al Ejecutivo a expedir decretos legislativos sujetos al control de la Corte Constitucional.

La eventual declaratoria sería la segunda emergencia económica del Gobierno en poco más de un mes. En agosto, el Ejecutivo declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, mediante el Decreto 1261 de 2026.