Defensa de Eva Ferrer denunció amenazas e intimidaciones tras revelaciones sobre Verónica Alcocer y presuntos actos de corrupción en el gobierno Petro

Decenas de archivos sobre negocios y movidas políticas de Eva Ferrer, exconsejera para la Reconciliación Nacional, muestran que envió correos, cartas y propuestas a entidades del gobierno de Gustavo Petro, empresas estatales, embajadas y organismos internacionales.

Ferrer elaboró una cuenta de cobro millonaria, reclamos de pago de un supuesto préstamo ligado a la posesión presidencial; y reuniones para impulsar negocios. Además, la estratega en marketing dirigió una carta a Petro en la que habló de la injerencia de catalanes en el Gobierno. También expone su ruptura con el entorno de Verónica Alcocer y sus gestiones posteriores para conseguir apoyos y patrocinios, según informó Semana.

Tras las revelaciones, María Soledad Morales y Jhonny Batalla, integrantes del equipo legal de Ferrer, señalaron que la exfuncionaria no ha sido requerida por las autoridades colombianas, pero está dispuesta a entregar las pruebas que tenga.

La documentación recibida por Ferrer, de acuerdo con Morales, confirmaría que la protección había sido suspendida antes de la notificación. Sus representantes consideran que esa decisión la dejó expuesta en medio de las revelaciones sobre el círculo de la ex primera dama.

La estratega catalana también habría recibido amenazas públicas. Morales interpretó como una intimidación el anuncio de Petro, divulgado un día después de que se filtraran los audios, de que iniciaría acciones penales contra ella.

El hermano de Ferrer habría sido amenazado directamente en España. Su madre, por su parte, recibió hace 15 días una solicitud de Manel Grau para reunirse y “arreglar las cosas”, pero rechazó el pedido y respondió que cualquier asunto debía resolverse ante la justicia, explicaron los togados en entrevista con el medio citado.

La exfuncionaria abandonó Bogotá por razones de seguridad y permanece en un lugar que no se ha dado a conocer. También tuvo que entregar su apartamento antes de tiempo: su contrato vencía en abril, pero dejó la vivienda el mes anterior a las revelaciones.

“Ella tuvo que irse de Bogotá. Está en alguna parte por temas de seguridad. Tuvo que entregar el apartamento de un día para otro. A ella se le vencía su contrato en abril y lo tuvo que entregar el mes pasado, después de la noticia”, dijo Morales.

El pedido de investigación y protección estatal

Jhonny Batalla solicitó que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación a partir de las denuncias difundidas por los medios de comunicación. El objetivo, sostuvo, es que Eva Ferrer pueda intervenir en el proceso y esclarecer los hechos relacionados con conductas que calificó como delicadas dentro del Código Penal.

“Ella tiene información. Ella podría ayudar a determinar los hechos con precisión, pero en estos momentos tiene una situación bastante compleja de seguridad. No puede ni siquiera salir a la luz pública ni caminar como cualquier ciudadano, porque siente temor. Llaman a su familia, llaman a su madre. Entonces necesita seguridad del Estado colombiano, presidido por Abelardo de la Espriella”, explicó.

El abogado defensor agregó: “Estamos hablando de unos hechos que vinculan a un Estado con el anterior presidente a bordo. Efectivamente, con la ex primera dama y gente muy cercana al anterior gobierno. Cualquier persona que esté cerca de una situación de esta, de un entramado de corrupción como el que se ha ventilado en los medios de comunicación, necesita protección y defensa contra las acciones de estas personas”.

La defensa reclama al Gobierno de Abelardo de la Espriella un esquema de protección que permita a Ferrer declarar sin temor. “No puede ni siquiera salir a la luz pública ni caminar como cualquier ciudadano, porque siente temor”, señaló Batalla, al mencionar las llamadas que recibe su familia.

Según el representante, la información que Ferrer podría aportar involucra al anterior presidente, a la ex primera dama y a personas cercanas al Gobierno anterior. Su pedido es que la protección estatal garantice que las responsabilidades penales recaigan sobre quienes resulten culpables de los hechos investigados.