Alcalde de Dosquebradas, Risaralda, fue víctima de estafa con ayudas por el terremoto: se hicieron pasar por congresista

Roberto Jiménez Naranjo, alcalde de Dosquebradas (Risaralda), denunció que fue víctima de una estafa con falsas ayudas para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Según contó el mandatario local a los medios locales, una persona suplantó a un congresista, y que este le había ofrecido auxilios para el municipio, al considerar que fue la segunda ciudad más afectada por el sismo de 7,4 de magnitud.

Jiménez Naranjo explicó que la maniobra consistió en prometer aportes, insumos, materiales o auxilios multimillonarios para atender a los afectados y exigir giros previos para cubrir el traslado desde Bogotá. El mandatario reconoció que hizo desembolsos y que la ayuda ofrecida nunca apareció.

“Infortunadamente, aprovechando la necesidad hoy de los alcaldes, hay alguien haciéndose pasar por un senador de la República y lo ilusionan a uno con que van a llegar ayudas de miles de millones, pero a lo último piden que les consigne el transporte de esos materiales. Y ahí caímos”, expuso.

Sobre el origen del contacto, el mandatario local indicó que la información llegó desde la Gobernación de Risaralda y que, por medio de funcionarios, alcanzó al alcalde de Dosquebradas. Al contar con la participación del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, Jiménez Naranjo sostuvo que ello le dio una impresión de legitimidad a la gestión.

No obstante, el método de robo también incluyó al propio gobernador, ya que, según el alcalde, no tenía conocimiento de la maniobra. “Yo caí, no por ingenuo, yo creo que más por la necesidad hoy y el afán que queremos de llegar a las poblaciones afectadas (...) Hasta el señor gobernador cayó porque fue el enlace para que yo estuviera metido en ese problema”, añadió.

En cuanto al supuesto congresista que le habría ofrecido la ayuda, el alcalde recalcó que dicho parlamentario en cuestión no existía.

La presión por atender a los damnificados tras el terremoto

El caso ocurrió mientras el municipio buscaba recursos para responder a la emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto. El alcalde atribuyó su decisión a la urgencia institucional y a las limitaciones presupuestales y operativas para atender la crisis.

Tras hacer pública la situación, el alcalde llevó el caso ante las autoridades competentes donde se instauraron denuncias. De hecho, Jiménez señaló que, una vez fue recibida su denuncia, los organismos comenzaron a rastrear el número desde el cual contactaron al mandatario.

“Le da a uno rabia que jueguen con el dolor de la gente y la necesidad de la gente, porque son momentos donde la gente no debiera jugar con la dignidad de uno y sobre todo con el afán que quiere de serviciar a la comunidad”, lamentó.

Dosquebradas es el segundo municipio con mayores afectaciones en Risaralda, con un saldo preliminar de entre 7 y 9 personas fallecidas. El sismo afectó a más de 1.500 viviendas, provocó el colapso total de unas 10 edificaciones y dejó más de 100 construcciones con daños graves. Cerca de 20 inmuebles permanecían pendientes de demolición controlada, entre ellos el edificio Portal del Parque, en La Popa, cuya estructura quedó partida a la mitad.

Guadalupe, El Progreso, Molivento, Valher, El Crucero, La Floresta y la avenida Simón Bolívar concentraron los mayores daños y la acumulación de escombros. El colegio Fabio Vásquez Botero también registró daños internos y momentos de pánico cuando cedieron partes de su infraestructura.

La Alcaldía mantiene activo las 24 horas el Puesto de Mando Unificado para supervisar las redes de agua, gas y energía, además de vigilar sectores con riesgo de deslizamientos. Las familias damnificadas fueron trasladadas a albergues temporales habilitados en el Polideportivo Campestre B, el Centro Vida Violetas, en Frailes, y el Centro Vida José Argemiro Cárdenas, en Bosques de la Acuarela.

Por el momento, la denuncia dejó expuesto que la búsqueda de ayudas para las familias afectadas terminó convertida en un canal para el engaño. Ahora, las pesquisas apuntan a establecer quién usó esa necesidad para desviar dinero que iba a facilitar la atención de la emergencia.