El vigilante Cristian Garzón, de 27 años, fue asesinado mientras cumplía tareas de seguridad en Transmilenio. Su familia podría recibir prestaciones del sistema de riesgos laborales si se reconoce que la muerte tuvo origen laboral, pero una indemnización adicional no es automática y dependerá de establecer responsabilidades del empleador, del sistema y de las autoridades involucradas.
La decisión inicial corresponde a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que deberá determinar si el homicidio ocurrió con ocasión del trabajo.
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Si concluye que fue un accidente laboral, los beneficiarios que acrediten los requisitos legales podrán acceder a una pensión de sobrevivientes y al auxilio funerario, Según indicó el abogado laboralista Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en declaraciones a La FM.
El vínculo entre el homicidio y las tareas de seguridad
La muerte de Garzón ocurrió mientras desarrollaba sus funciones, un elemento que permite analizar el caso dentro del sistema de riesgos laborales. La jurisprudencia ha establecido que debe existir una relación entre el hecho y la actividad laboral, aunque cada situación exige revisar sus circunstancias particulares.
El abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que también debe identificarse cuál era la empresa que tenía el vínculo contractual con el joven. Aunque Transmilenio es propietario del sistema, sus trabajadores pueden estar contratados por concesionarias que prestan distintos servicios.
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La pensión no se concede a todos los familiares por el solo hecho del fallecimiento. Las personas que la soliciten deberán demostrar que cumplen las condiciones legales para ser reconocidas como beneficiarias.
Las fallas de seguridad y una posible indemnización
El caso puede abrir una discusión adicional sobre culpa patronal si se demuestra que el empleador incurrió en una falla de seguridad que podía prevenirse. Para ello, se deberán examinar las medidas de protección existentes, el riesgo al que estaban expuestos los vigilantes y la posibilidad de adoptar acciones adicionales para reducirlo.
Así mismo, los antecedentes de agresiones contra personas que intervienen ante usuarios que ingresan sin pagar también podrían ser relevantes en esa evaluación. La responsabilidad no dependería solo del resultado del ataque, sino de determinar si hubo omisiones vinculadas con la seguridad del trabajador.
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La eventual reclamación también podría alcanzar a la Alcaldía de Bogotá y a Transmilenio mediante una discusión de responsabilidad civil extracontractual. En ese escenario, se analizarían las obligaciones de seguridad dentro del sistema, separadas de las responsabilidades laborales de la empresa que contrató a Garzón.
La definición de una indemnización para la familia dependerá de que se establezcan las responsabilidades de cada actor y de la relación entre eventuales fallas de seguridad y el homicidio.
La Fiscalía reconstruyó el homicidio de un guarda en Terreros tras impedir un ingreso sin pasaje
La Fiscalía General de la Nación reconstruyó el homicidio de Cristian David Garzón Castro, guarda de seguridad de 27 años, ocurrido en la estación Terreros de Transmilenio, en Soacha (Cundinamarca).
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Según la acusación, David Gabriel Acevedo Sánchez lo atacó con una navaja durante una confrontación iniciada cuando el trabajador impidió que Acevedo y Angie Natalia Díaz Sierra ingresaran sin pagar el pasaje. El fiscal describió el hecho como un “ataque desproporcionado por una razón insignificante”.
El ente acusador sostuvo que Díaz Sierra habría instigado la agresión y presentó videos de seguridad, el arma blanca y documentos laborales para respaldar su hipótesis. La pareja huyó después del ataque y fue capturada por policías y guardas en el barrio Terreros.
Ambos fueron imputados por homicidio, no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en prisión mientras avanza el proceso.
Durante la audiencia, la Fiscalía también expuso antecedentes por hurto de Acevedo y señaló que se encontraba en Colombia de manera irregular. La defensa de Díaz pidió detención domiciliaria, pero la solicitud fue negada.
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Del mismo modo, el caso provocó pronunciamientos de autoridades y de Transmilenio, que afirmó que “la vida humana tiene un valor invaluable y no puede valer menos que un pasaje”.
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