Así sería la ley de sometimiento que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella, según explicó el ministro Iván Cancino: contempla rebajas de hasta el 50% en las penas

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la ley de sometimiento que prepara el Gobierno contemplará rebajas de pena del 30% para integrantes de estructuras armadas ilegales que ejerzan mando y del 50% para los demás miembros que acepten las condiciones fijadas por el Estado.

El acceso a esos beneficios dependerá de los aportes que hagan sobre delitos, redes criminales y procesos de desmovilización, según detalló el jefe de la cartera a medios de comunicación.

“Para las personas que tengan mando, la rebaja es del 30%; para los demás, del 50%”, afirmó Cancino. El ministro aclaró que esas condiciones podrán variar de acuerdo con el nivel de colaboración y las circunstancias en que se produzca la entrega o el sometimiento.

La iniciativa prevé un mecanismo de acogimiento voluntario al Estado de derecho para integrantes de organizaciones armadas ilegales. Según el jefe de la cartera de Justicia, el proyecto no otorgará reconocimiento político a las estructuras que decidan ingresar al esquema.

“Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones”, dijo Cancino. También indicó que la persona encargada de dialogar con el Gobierno deberá ser un abogado, debido a que el procedimiento tendrá carácter jurídico. “Es un tema jurídico, no político”, sostuvo.

Los beneficios estarán sujetos a aportes sobre delitos y redes criminales

El ministro explicó que quienes aspiren a recibir una reducción de pena deberán cumplir compromisos relacionados con verdad, justicia, reparación y desmovilización. Además, tendrán que suministrar información sobre rutas de desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas.

Cancino señaló que la propuesta exigirá datos sobre las estructuras financieras y políticas que han respaldado actividades ilegales. “Se deben aportar datos sobre actos de corrupción cometidos y sobre vínculos políticos”, afirmó.

Para el ministro, esos elementos serán determinantes en la evaluación de cada caso. “Si no hay aportes sobre la corrupción generada o sobre vínculos con políticos, también será difícil someterse a la ley u obtener sus beneficios”, advirtió.

La propuesta también contempla un papel activo para las víctimas en las decisiones relacionadas con eventuales beneficios y libertades condicionales. Cancino afirmó que “la víctima será el eje y puede tomar decisiones de fondo para beneficios y libertades condicionales”.

El funcionario descartó que el proyecto incluya centros de detención diferenciados para quienes se acojan a la futura norma. “No va a haber cárceles especiales”, aseguró. Añadió que los establecimientos penitenciarios podrán contar con espacios productivos, sin que ello implique un régimen distinto de reclusión.

No se suspenderán extradiciones ni órdenes de captura

Cancino indicó que la ley de sometimiento no modificará las medidas judiciales vigentes contra integrantes de organizaciones criminales. En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de frenar extradiciones, sostuvo que esos procedimientos continuarán.

“Siguen. No hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones. Eso no aplica”, afirmó el ministro.

También precisó que las personas que ya estén detenidas no podrán acogerse al mecanismo. Según explicó, el Estado ya realizó un esfuerzo institucional para lograr esas capturas, por lo que esos casos continuarán bajo los procesos judiciales correspondientes.

“Las personas que ya estén capturadas tampoco van a ser parte de la ley de sometimiento”, dijo Cancino. La medida excluye, por tanto, una vía de excarcelación automática para quienes permanecen privados de la libertad.

El ministro se refirió además a la situación de la Coordinadora Bolivariana y reiteró que el Gobierno no instalará una mesa política con organizaciones que contemplen entrar al esquema. “No hay negociación. El Gobierno no negocia”, expresó.

De acuerdo con Cancino, los grupos deberán definir si aceptan el procedimiento previsto y las consecuencias jurídicas de sus declaraciones. “Ellos están mirando si se someten y si siguen la vía jurídica que está prevista para ellos: sus versiones y su judicialización”, manifestó.