Drones, cámaras con reconocimiento facial y la construcción de 10 cárceles: estas son las propuestas de Confevip para reforzar la seguridad en Colombia

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (Confevip) presentará al Gobierno cinco propuestas para el período 2026-2030, entre ellas la construcción de 10 nuevos establecimientos penitenciarios y un modelo de seguridad público-privada para escenarios deportivos, culturales y eventos masivos.

El gremio busca que las empresas de vigilancia participen en tareas de prevención, protección de infraestructura, monitoreo tecnológico y apoyo a las autoridades, dentro de las competencias previstas en la legislación colombiana. Las iniciativas serán expuestas el 29 y 30 de octubre de 2026, durante el IX Congreso Internacional de Seguridad Privada, que se realizará en Cartagena, en el hotel Dreams Karibana.

El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, sostuvo que la propuesta parte de la presencia territorial y la capacidad operativa del sector privado. “Estamos convencidos de que la seguridad requiere la participación coordinada de todos los sectores. La vigilancia privada tiene presencia en buena parte del territorio nacional y cuenta con tecnología, conocimiento y personal capacitado que pueden ponerse al servicio de estrategias de prevención y protección”, afirmó.

El modelo plantea tres anillos de seguridad para eventos masivos

La primera iniciativa propone una articulación entre la Policía Nacional y las empresas de vigilancia privada en conciertos, partidos de fútbol, espectáculos culturales y otros espacios con alta concentración de personas.

El esquema contempla un primer anillo en el perímetro exterior de los escenarios. Allí, la seguridad trabajaría junto a la Policía Nacional en el control de accesos y en la detección de armas, drogas u otros objetos prohibidos mediante equipos tecnológicos.

El segundo anillo quedaría dentro de los recintos deportivos o culturales. Según la propuesta, los vigilantes privados asumirían labores de control preventivo, disuasivo y activo, con dispositivos para identificar armas, elementos cortopunzantes, sustancias ilícitas y objetos que puedan ser usados en hechos violentos.

El tercer nivel se basaría en cámaras inteligentes con reconocimiento facial, tanto fijas como móviles. Estos equipos estarían ubicados en accesos, tribunas y zonas consideradas de riesgo para identificar riñas, concentraciones inusuales de público, movimientos sospechosos o situaciones de desorden.

La propuesta prevé que estas acciones se desarrollen bajo coordinación con las autoridades y sin sustituir las funciones que corresponden a la fuerza pública.

El gremio calcula una inversión de $3,5 billones para 10 cárceles

El segundo punto plantea la construcción y operación de 10 cárceles con capacidad para 2.000 internos cada una, lo que sumaría 20.000 cupos penitenciarios.

Confevip señaló que su planteamiento se apoya en la Ley 2197 de 2022, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla la participación de empresas de seguridad en la construcción, administración y protección de establecimientos penitenciarios.

La inversión estimada por cada cárcel asciende a $350.000 millones. De concretarse el proyecto en la escala planteada, el costo de construcción alcanzaría $3,5 billones. El gremio calculó, además, que la operación anual de cada centro tendría un valor cercano a $55.000 millones.

La iniciativa incluye la participación del sector privado en la administración y seguridad de estos establecimientos, bajo las disposiciones legales que regulen esa intervención. La propuesta no detalla el mecanismo de financiación ni los criterios para definir las zonas donde se ubicarían las nuevas cárceles.

Cámaras, drones y análisis de datos para las ciudades

El tercer eje está dirigido a las ciudades seguras e inteligentes. Confevip propone ampliar el uso de cámaras con analítica, sistemas de identificación de placas, biometría, drones, semáforos inteligentes y herramientas de monitoreo del espacio público.

Uno de los puntos centrales consiste en conectar los sistemas privados de videovigilancia con las plataformas de atención de emergencias de las autoridades, entre ellas la Línea 123. Esa integración, según el gremio, debería cumplir las normas de protección de datos personales.

También plantea la creación de un Centro de Análisis de Seguridad que utilice big data e inteligencia artificial para procesar información relacionada con incidentes, patrones de riesgo y movimientos en zonas urbanas.

La cuarta propuesta se concentra en la protección de fronteras, bienes e infraestructura estratégica. El gremio propone desplegar vigilancia aérea no tripulada mediante drones y aeronaves de ala fija, con centros de monitoreo que reciban imágenes en tiempo real.

El planteamiento incorpora reconocimiento vehicular, sistemas biométricos y herramientas de inteligencia artificial cuando su utilización esté permitida por la ley.

La quinta iniciativa apunta a la ciberseguridad de jóvenes y centros educativos

El último eje plantea una estrategia público-privada de ciberseguridad para jóvenes, colegios y universidades. La iniciativa busca vincular la seguridad física con la protección digital para prevenir la exposición a contenidos violentos, adictivos o sexuales que puedan afectar a niños, adolescentes y estudiantes.

La propuesta también contempla capacitación técnica para el personal operativo del sector, con el objetivo de que pueda utilizar herramientas de analítica predictiva, reconocimiento de vehículos y controles biométricos en espacios urbanos e instalaciones estratégicas.

“Queremos ser parte de la solución. Nuestro sector tiene presencia en todo el país y cuenta con miles de trabajadores, empresas y herramientas tecnológicas que pueden contribuir, dentro del marco de la ley, a fortalecer las estrategias de prevención y protección”, aseveró Miguel Ángel Díaz.