Rodrigo Londoño, excabecilla de las extintas Farc, rechazó la “asfixia económica y de sometimiento” a la JEP por plan de recorte

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en el ojo del huracán desde el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que se ha mostrado como uno de sus opositores desde tiempo atrás, al punto de que, durante su campaña, prometió acabar con la justicia transicional que se creó por los Acuerdos de Paz con las Farc.

Ante eso, salieron voces de apoyo a la JEP y una de ellas es la de Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y uno de los excabecillas de la extinta guerrilla, pues publicó una carta en la que señaló que se trata de una “estrategia de asfixia” contra el tribunal por parte del sector del oficialismo.

Todo esto se dio también por el proyecto del senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional y uno de los férreos opositores a la justicia transicional, de recortar 100.000 millones de pesos para que sean trasladados a la justicia ordinaria.

“La JEP no es un capricho ni una concesión a las extintas FARC”

Rodrigo Londoño cuestionó el recorte propuesto al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y lo calificó como un “ataque directo” contra el Acuerdo de Paz de 2016, cuando se acordó la creación del tribunal para investigar y juzgar todos los crímenes cometidos por la guerrilla y agentes del Estado.

Londoño sostuvo que reducir los recursos pondría en riesgo el funcionamiento del tribunal encargado del cierre jurídico del conflicto armado colombiano. También advirtió que el desmantelamiento progresivo de la institución o el traslado de los comparecientes a la justicia ordinaria eliminaría garantías procesales pactadas durante la negociación y dificultaría el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

El excomandante calificó la medida como una “estrategia combinada de asfixia económica y de sometimiento” y afirmó que la propuesta coincide con denuncias formuladas por la propia JEP. “La JEP no es un capricho ni una concesión a las extintas FARC: es el órgano de cierre jurídico del conflicto armado colombiano para todos los actores que se sometan a ella”, declaró.

De acuerdo con Londoño, para el 9 de septiembre la jurisdicción había concedido más de 1.000 renuncias a la persecución penal a comparecientes que cumplieron sus compromisos con las víctimas. De ese total, 979 correspondían a integrantes de la fuerza pública, equivalentes al 95% de los beneficiados.

“La jurisdicción de la impunidad”

El jueves 17 de septiembre, el senador Enrique Gómez propuso trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Rama Judicial dentro del Presupuesto General de la Nación 2027. El objetivo, según explicó, es financiar nuevos despachos y formalizar encargos en la planta judicial.

Gómez afirmó que la justicia ordinaria enfrenta un inventario de 2,2 millones de procesos represados y sostuvo que la cifra aumentó tras la crisis del sistema de salud durante el mandato de Gustavo Petro. Por ese motivo, pidió reducir dicho dinero de la justicia transicional y entregarlos al Consejo Superior de la Judicatura.

El senador cuestionó los resultados de la jurisdicción, cuyo costo cifró en cuatro billones, y la calificó como “la jurisdicción de la impunidad” y un “fortín burocrático e ineficiente”. También dijo que la propuesta requiere el aval del Ministerio de Hacienda y del Congreso en plenaria.

Dicha idea tuvo el respaldo del presidente Abelardo De la Espriella, que compartió el video del congresista de Salvación Nacional en su cuenta oficial de X. “Publíquese, comuníquese y cúmplase”, escribió el mandatario, lo que generó alerta en los jueces de la JEP porque verían seriamente afectada su labor y todas las investigaciones actuales.