Reportan que más del 50% de los vuelos del Gobierno De la Espriella duraron menos de 10 minutos: el gasto sería de $356 millones

La operación aérea asociada a la Presidencia de la República tuvo un gasto aproximado de $2.286 millones durante los primeros 32 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según información entregada por el Ministerio de Defensa al representante José Luis Bohórquez. El periodo revisado comprende del 7 de agosto al 8 de septiembre de 2026.

El consolidado reúne 219 movimientos realizados por aeronaves de la fuerza pública. De ese total, 138 trayectos duraron menos de 10 minutos, una cifra que representa cerca del 63% de las operaciones registradas. Todos los vuelos registrados sumaron 74 horas y 27 minutos y requirieron más de 37.000 galones de combustible.

El registro, no obstante, no equivale a 219 viajes personales del presidente. La operación aérea presidencial contempla desplazamientos logísticos, transporte de funcionarios, posicionamiento de aeronaves y movimientos relacionados con esquemas de seguridad, por lo que cada trayecto debe analizarse de acuerdo con su finalidad.

Entre los datos que aparecen en el reporte están 43 movimientos entre el aeropuerto Ernesto Cortissoz y Sabanilla, donde está ubicada la sede deportiva Adelita de Char, utilizada por el Junior de Barranquilla. Estas operaciones tuvieron un costo aproximado de $141 millones.

El consolidado no precisa la finalidad oficial de cada uno de esos desplazamientos. Los trayectos inferiores a 10 minutos tuvieron un costo conjunto cercano a $356 millones. El dato hace parte del balance divulgado por Bohórquez después de que una decisión judicial ordenara completar la información entregada inicialmente.

La jornada con mayor gasto fue el 1 de septiembre. Ese día se contabilizaron 19 movimientos por unos $299,5 millones. La agenda presidencial incluyó actividades en San José del Guaviare, Cúcuta y Barranquilla, relacionadas con una operación militar, un consejo de seguridad y la posesión de nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Por tipo de aeronave, el mayor costo correspondió al Boeing 737-700 BBJ, empleado para desplazamientos de mayor distancia. El avión realizó 41 trayectos y acumuló cerca de $1.342 millones, equivalentes aproximadamente al 59% del gasto total reportado.

Los helicópteros UH-60L Black Hawk sumaron 109 movimientos por unos $384 millones. Los aviones C-295 realizaron 15 trayectos con un costo estimado de $341 millones, mientras que los helicópteros AW139 registraron 54 operaciones por cerca de $219 millones. En conjunto, esas cuatro categorías completaron los 219 movimientos incluidos en el balance.

El reporte también registra desplazamientos vinculados con la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Entre los destinos aparecen Chocó, Cali y Pereira, con delegaciones que en algunos casos superaron las 30 personas. Esto muestra por qué la cantidad de movimientos no equivale automáticamente al número de viajes del mandatario.

La información completa llegó después de una orden del Juzgado IX Penal del Circuito Especializado de Bogotá. El despacho judicial ordenó al Ministerio de Defensa responder a la solicitud de información presentada por Bohórquez.

En una decisión del 15 de septiembre, el juzgado concluyó que la primera respuesta de la cartera era “incompleta y no congruente con lo solicitado”. En ese momento, el Ministerio había entregado únicamente los registros del periodo comprendido entre el 7 y el 24 de agosto.

Ese primer reporte contenía 103 movimientos y un costo de $1.117.705.478,79. Sin embargo, no incluía las operaciones realizadas entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre, por lo que la información quedó incompleta frente al periodo solicitado.

Durante el proceso, el Ministerio sostuvo que había respondido con información remitida por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado. El juzgado rechazó esa posición y ordenó emitir una “respuesta de fondo, clara, precisa y congruente” dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.

Además, la decisión dispuso que los datos fueran entregados en un formato “accesible y procesable”, con el propósito de permitir su revisión y análisis. El fallo judicial no determinó que los vuelos fueran ilegales, injustificados o irregulares. Tampoco estableció responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales por las operaciones registradas.

El consolidado permite conocer los costos, tiempos, aeronaves y destinos reportados, pero no atribuye por sí mismo una finalidad personal a cada movimiento presidencial.