Álvaro Uribe pidió condena o absolución en la investigación por las masacres de El Aro y La Granja: “Si hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”

El expresidente Álvaro Uribe pidió que la justicia defina su situación en una investigación por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y hechos de violencia en Antioquia, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja.

El líder natural del Centro Democrático solicitó que el proceso termine con una absolución o una condena, sin que permanezca en un “limbo” por la disputa sobre la autoridad competente.

“Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”, afirmó Uribe. En el mismo pronunciamiento sostuvo: “Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”.

La Corte Constitucional debe resolver quién continúa la investigación

El expediente enfrenta un conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Corte Constitucional deberá establecer cuál de las dos entidades continuará con las actuaciones.

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investiga al exmandatario por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Los hechos bajo revisión ocurrieron durante su periodo como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.

La pesquisa incluye la masacre de La Granja, ocurrida en 1996; la masacre de El Aro, de 1997; el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, cometido en 1998, y la presunta creación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, que pertenecía a la familia Uribe.

La Comisión reclamó el expediente al considerar que el delito de concierto para delinquir podría tener carácter permanente y haberse extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia de Colombia. Esa circunstancia podría activar el fuero presidencial y trasladar el caso a esa instancia legislativa.

Uribe dijo que acudirá a las citaciones de la Fiscalía

El expresidente Uribe indicó que su abogado, Jaime Granados, considera que el proceso no debió pasar a la Fiscalía. Aun así, señaló que ha comparecido ante esa entidad y que mantendrá esa conducta.

“Me he sometido a la Fiscalía. He ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen”, expresó Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

También aseguró que aceptará el pronunciamiento de la Corte Constitucional. “Cualquier decisión que sobre ese conflicto de competencia tome la Corte Constitucional la respetaré enteramente, como ha sido mi conducta frente a la justicia colombiana”, dijo.

El senador Iván Cepeda, parte civil dentro de la investigación, pidió que la Fiscalía conserve la competencia para avanzar en el caso, con garantías procesales y en defensa del derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y la justicia.

“Como es de conocimiento público, actúo como parte civil, en calidad de actor popular, en la investigación que adelanta la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por estos hechos (sic)”, señaló Cepeda.

Cepeda señaló que pidió a sus abogados mantener la posición para que la Fiscalía conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales. El senador vinculó esa solicitud con la defensa del derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia.

“En esta condición, defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales (sic)”, aseveró Cepeda.

La posición de Cepeda apareció después de que la defensa de Uribe lograra que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad promover un conflicto de competencias para asumir el expediente. Ese caso incluye las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta relación con el Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.