El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó las sanciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc-EP por sus responsabilidades en el conflicto armado, al considerar que las medidas no representan un castigo proporcional frente a los delitos atribuidos a la antigua guerrilla.
Briceño publicó un mensaje en redes sociales en el que se refirió, en particular, a la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez para cuestionar el modelo de justicia transicional aplicado por la jurisdicción.
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“Sandra Ramírez, decenas de delitos, vidas de niñas y adolescentes destruidas, ocho años de curul regalada en el Congreso, escoltas y privilegios”, expresó.
El legislador añadió: “¿Sanción de la JEP? Ocho años sin cárcel, haciendo ‘trabajo social’ y burlándose de las víctimas. Impunidad absoluta”.
La decisión ejecutada por la JEP corresponde a la sentencia por secuestro contra Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, y otros seis antiguos miembros del secretariado de las Farc. Sandra Ramírez no figura entre los siete comparecientes incluidos en esa sanción.
Los condenados cumplirán entre cinco y ocho años de trabajos, obras y actividades reparadoras, bajo un régimen de restricciones a la libertad. Deberán utilizar dispositivos electrónicos de seguimiento, cumplir jornadas obligatorias y obtener autorización judicial para cambiar de residencia o salir del departamento donde desarrollen los proyectos asignados.
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Además, tendrán prohibido salir de Colombia durante el cumplimiento de la sentencia.
El primer proyecto comenzará entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026 en el cementerio San Antonio de Padua, de Pitalito, Huila. Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en actividades de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas, bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Las tareas incluirán adecuación de terrenos, excavación manual, tamizado y apoyo logístico a los equipos de antropología. Los exjefes guerrilleros no cumplirán funciones forenses.
Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo recibieron sanciones de ocho años. Jaime Alberto Parra deberá cumplir siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años.
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Las acusaciones contra Sandra Ramírez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión voluntaria a la excongresista Sandra Ramírez para esclarecer su eventual conocimiento o intervención en violencias contra menores reclutados por las Farc, incluidas conductas sexuales y reproductivas investigadas en el Caso 07, que investiga precisamente el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes durante el conflicto armado, además de los hechos que padecieron mientras estuvieron en filas de las Farc.
Entre los patrones bajo estudio figuran tratos crueles, tortura, homicidios, violencias sexuales, violencias reproductivas y agresiones por prejuicio.
La diligencia fue avalada el 17 de septiembre de 2026 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
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La citación no constituyó una imputación ni determinó responsabilidad penal o administrativa de la exintegrante de las Farc, conocida dentro de esa organización como “Griselda Lobo”.
La JEP buscó contrastar su declaración con los testimonios de víctimas y el material reunido en el expediente. No obstante, la investigación procura establecer qué funciones desempeñó Sandra Ramírez en la estructura guerrillera, si su relación con Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, le otorgó una posición de poder y cuál fue el alcance de esa influencia.
Víctimas atribuyen a Sandra Ramírez participación en hechos de violencia sexual
Entre los testimonios incorporados al debate público figura el de Deisy Dorelly Guanaro, quien afirmó que fue reclutada cuando era menor de edad y señaló a Ramírez por presuntos abusos y humillaciones dentro de la guerrilla.
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“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, declaró Guanaro en una entrevista concedida a Semana en diciembre de 2025.
La excongresista, que llegó al Senado por el partido Comunes tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha rechazado que el reclutamiento de menores o las conductas denunciadas hubieran respondido a una política sistemática de las Farc.
“Nunca fue una política de las Farc, eso sí fue diferente. Pudo haber sucedido, sí, pero nosotros nunca lo ordenamos como colectivo”, afirmó Ramírez en una declaración previa citada en la información suministrada.
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