Presidente de la JEP respondió a propuesta del senador Enrique Gómez de quitarle $100.000 millones al presupuesto del tribunal: “Pone en riesgo las garantías de las víctimas”

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, rechazó en la mañana del viernes 18 de septiembre la propuesta del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, en el sentido de trasladar $100.000 millones del Presupuesto General de la Nación de 2027, destinados a la justicia transicional, al Consejo Superior de la Judicatura.

El magistrado advirtió que la medida comprometería la operación del tribunal creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 y afectaría las garantías para víctimas y comparecientes. Durante la rendición de cuentas de la JEP en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá y en diálogo con medios, sostuvo que el ajuste propuesto desconoce obligaciones asumidas por el Estado.

Así pues, el titular del tribunal mostró su rechazo a la iniciativa de Gómez Martínez, que fue respaldada por el presidente de la República Abelardo de la Espriella, pues a su juicio, comprometería la autonomía de la jurisdicción. “Están desconociendo todo”, afirmó el presidente de la JEP al referirse a lo expuesto por el congresista oficialista.

En su discurso, precisó que esto “pone en riesgo las garantías de las víctimas”, indicó Ramelli, que incluso fue más allá. “Se evidencia una estrategia de asfixia económica para impedir el funcionamiento, la propuesta apoyada por el presidente de la República afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones”, agregó el togado en relación con esta determinación.

Según explicó Ramelli, el traslado de recursos afectaría el rubro de adquisición de bienes y servicios, que cuenta con una asignación de $161.271 millones, ya que el mencionado reporte equivaldría al 62% de esos fondos. Sobre todo, cuando el organismo de justicia ya arrastra una desfinanciación de $84.663 millones, derivados del reajuste hecho en la presente vigencia.

En su concepto, si el Congreso aprueba la proposición, se vulneraría la obligación de garantizar recursos para la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura de la jurisdicción, que opera desde 2017 y tiene a su cargo no solo los procesos de los exmiembros de las Farc, también de los exintegrantes de la fuerza pública.

La JEP llevará el caso ante organismos internacionales: interpondrá quejas ante la ONU y la CPI

En su exposición, el presidente del tribunal anunció que informará la situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, siendo este un organismo garante del Acuerdo de Paz.

En defensa del ejercicio del tribunal, Ramelli también prevé acudir a los países garantes del Acuerdo de Paz y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que la discusión presupuestal debe ser examinada a la luz de los compromisos adquiridos por Colombia para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto.

Si bien reconoció la crisis fiscal y la acumulación de proceso, afirmó que la solución no puede salir del presupuesto de la jurisdicción. “Estas son problemáticas estructurales que no pueden ser resueltas a costa de una jurisdicción creada y diseñada con el fin de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante 50 años de conflicto armado”.

Y cuestionó una reforma constitucional en trámite que propone una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de decisiones de la JEP contra integrantes de la fuerza pública. Para el magistrado, ambas iniciativas afectan la independencia del tribunal y los derechos que asisten a las víctimas de conocer verdad, recibir reparación y la no repetición.

Ramelli anticipó problemas en la protección de víctimas y en las sedes del tribunal

Para el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el impacto de la reducción no se limitaría a las labores administrativas. El presidente de la JEP afirmó que la medida pondría en riesgo el sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y demás operadores judiciales, que funciona mediante convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Este apartado contempla recursos por $62.478 millones. “Esto dejaría desamparadas a miles de personas cuyos derechos, seguridad y vidas son protegidas por la jurisdicción”, advirtió el magistrado, que también alertó sobre la continuidad de las sedes principal y alterna de la JEP en Bogotá, que requiere $29.362 millones para arriendos, servicios y mantenimiento.

Sin esa partida, según el magistrado, se afectaría la atención al público y el trabajo de las Salas y Secciones, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). “Si quieren acabar la JEP, la están acabando con el presupuesto”, dijo a Noticias Caracol, al advertir que la reducción podría alcanzar los $185.000 millones con otros conceptos.

¿Qué planteó Enrique Gómez Martínez sobre el presupuesto de la JEP?

La propuesta fue presentada por Gómez Martínez se dio en medio de la discusión en el órgano legislativo del Presupuesto General de la Nación para 2027. El congresista, que respaldó a De la Espriella en la contienda electoral, planteó que los recursos sean destinados a diferentes organismos judiciales para financiar nuevos despachos y formalizar cargos en su planta.

Con ello, cuestionó los resultados del tribunal transicional y sostuvo que el dinero debería destinarse a reducir la congestión judicial. “Esta es una necesidad sentida. Con $4 billones que ha costado la JEP, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables. Es la jurisdicción de la impunidad”, expresó el congresista en su declaración en redes sociales.

Esta iniciativa recibió el respaldo del presidente De la Espriella, que compartió el anuncio del senador en su cuenta de X con un claro mensaje. “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, dijo el jefe de Estado, con lo que expresó su espaldarazo a esta iniciativa, que iría en la misma línea de una de sus propuestas de campaña: la de fizcalizar la labor del mencionado tribunal.