Lili Pink denunció que la Fiscalía incautó bienes que no tendrían que ver con la marca como “medida de retaliación”

La defensa de Lili Pink afirmó que la Fiscalía General de la Nación impuso nuevas medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según sostiene, no guardan relación con la marca e incluso fueron adquiridos antes de su creación.

Los abogados de la empresa calificaron la decisión como una “medida de retaliación” y anunciaron que acudirán a las instancias legales para controvertirla.

El pronunciamiento emitido la mañana del viernes 18 de septiembre fue firmado por Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, quienes representan a la compañía en los procesos judiciales en curso.

En el comunicado, la defensa cuestionó el alcance de las actuaciones patrimoniales y señaló que afectan activos que, a su juicio, no deberían hacer parte de la investigación.

La defensa de Lili Pink aseguró que los bienes afectados serían anteriores a la existencia de la marca, circunstancia que, según su postura, excluiría una relación con las actividades bajo investigación.

Abogados que representan a Lili Pink sostienen que las medidas tienen un efecto confiscatorio

En su comunicado, los representantes legales afirmaron que las nuevas medidas patrimoniales tienen efectos confiscatorios y comprometen inversión extranjera realizada en Colombia.

“La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia”, indicaron los abogados en el documento.

También señalaron que “estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”.

La defensa recordó decisiones judiciales previas dentro del proceso

Los abogados de Lili Pink afirmaron que cuatro jueces declararon ilegales elementos probatorios dentro de la investigación.

Además, aseguraron que otro juez negó una medida de aseguramiento al concluir que la sustentación expuesta por la Fiscalía era insuficiente.

“Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales”, señalaron los representantes de la compañía.

En la parte final del comunicado, los juristas plantearon que no hay avances conocidos en denuncias relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y con la posible comercialización irregular de cerca de tres millones de prendas decomisadas.

Los abogados sostuvieron que, mientras se anuncian medidas contra Lili Pink, continúan pendientes esas denuncias.

“La defensa acudirá a todas las instancias legales necesarias para impedir que los titulares sustituyan las pruebas y el debate ante los jueces”, concluyeron los apoderados de la compañía.

Fiscalía ocupó 45 inmuebles vinculados al caso Lili Pink y ordenó medidas cautelares por más de $184.000 millones

La Fiscalía General de la Nación ocupó 45 inmuebles con fines de extinción de dominio que estarían relacionados con el conglomerado empresarial de Lili Pink, cuya razón social es Fast Moda S.A.S..

Los activos, avaluados en más de $184.615 millones, están ubicados en Bogotá y otros seis departamentos del país.

La medida fue anunciada el 16 de septiembre de 2026 y hace parte de la investigación contra la compañía de ropa femenina.

Según el ente investigador, el conglomerado habría facilitado el ingreso a Colombia de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando bajo la apariencia de operaciones comerciales relacionadas con la venta de prendas de vestir.

El organismo ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. Estas decisiones buscan impedir que los activos sean vendidos, transferidos o modificados mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.

La actuación está a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, dependencia adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.

Las diligencias de ocupación fueron ejecutadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional.

Los bienes intervenidos incluyen 17 predios rurales y 28 urbanos

De los 45 inmuebles afectados, 17 son predios rurales y 28 corresponden a bienes urbanos. Las propiedades se encuentran en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, en Bolívar; Pereira, en Risaralda; Ibagué, en Tolima, y Cali, en Valle del Cauca.

Entre las propiedades figuran bodegas, locales comerciales, terrenos y otros predios que, de acuerdo con la investigación, estarían asociados al conglomerado empresarial investigado.

“Los elementos materiales probatorios y los análisis realizados dan cuenta de que este patrimonio estaría asociado al conglomerado empresarial que, con la fachada de comercialización de ropa femenina, habría permitido el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando”, indicó la Fiscalía.

Los comercios que funcionan en los inmuebles podrán continuar sus actividades

La ocupación de los predios no supone el cierre inmediato de los establecimientos comerciales que operan allí. Parte de los inmuebles está ocupada por outlets y tiendas de ropa de otras marcas, ajenas al proceso que enfrenta Fast Moda S.A.S.

Los negocios arrendatarios podrán continuar con sus obligaciones contractuales mientras la medida cautelar esté vigente. En principio, deberán seguir realizando los pagos de arriendo a la empresa propietaria de los bienes.

En caso de que un juez ordene la extinción de dominio sobre los inmuebles, la administración de los bienes podría pasar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En ese escenario, los comerciantes y demás ocupantes tendrían que efectuar sus pagos a esa entidad estatal, según las condiciones que se definan dentro del proceso.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer si los activos ocupados tienen relación con presuntas operaciones de contrabando y lavado de activos. El proceso también deberá determinar el papel que habrían tenido las empresas y personas vinculadas al conglomerado.