La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a seis integrantes del último Secretariado de las Farc a rendir versión dentro del Caso 11, subcaso 03, por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos en la organización entre 1990 y 2015.
Con estas decisiones, la JEP suma 35 exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central y de los bloques Occidental, Noroccidental, Magdalena Medio y Caribe llamados a responder por 693 hechos documentados en informes de organizaciones sociales y víctimas directas, según informó El Tiempo.
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El expediente del despacho de la magistrada Lily Rueda reúne 34 víctimas acreditadas: 30 directas y cuatro familiares indirectos, ubicadas en 12 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Cundinamarca. La investigación busca establecer si la cúpula conocía las agresiones cometidas contra mujeres mayores de 18 años que pertenecieron a las Farc.
La lista de convocados incluye a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”.
Las pesquisas incluyen denuncias por violencia y esclavitud sexual, abortos forzados, uso obligatorio de anticonceptivos y órdenes del alto mando para entregar recién nacidos a terceros. En el caso de Londoño se documentaron abortos forzados, procedimientos practicados con malos tratos y la imposición de anticonceptivos. Las mujeres señalaron al antiguo Secretariado por ordenarles entregar a sus hijos nacidos dentro de las filas para que fueran criados por otras personas de la organización.
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Otro grupo de conductas investigadas comprende violencias motivadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. Los relatos incluyen malos tratos, ocultamiento forzoso de la orientación sexual o de la identidad de género, amenazas de consejos de guerra y fusilamiento, además de prácticas que las víctimas describieron como correctivas, reveló el diario.
El subcaso 03 del Caso 11 se ocupa de personas que sufrieron estos hechos cuando tenían más de 18 años. Su alcance incluye violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio vinculadas con razones de género y diversidad sexual.
La Sala de Reconocimiento de la JEP también citó a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo a rendir versión en el Caso 07, que investiga el reclutamiento de niñas y niños por las Farc-EP, para establecer si su trayectoria guerrillera y su relación personal con Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, le otorgaron una posición de poder dentro de la organización. La diligencia también busca determinar el alcance de su eventual conocimiento o intervención en violencias contra menores, incluidas las sexuales y reproductivas.
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El proceso reúne a 11.277 víctimas acreditadas: 2.250 de manera individual y 9.027 en forma colectiva, tras el reconocimiento de cinco pueblos indígenas y un Consejo Comunitario Afrocolombiano. Además, 26 antiguos integrantes de las extintas Farc, tanto del nivel nacional como territorial, han sido convocados a reconocer su máxima responsabilidad en este macrocaso, de acuerdo con la JEP.
La declaración de Ramírez tendrá efectos sobre el régimen de condicionalidad, del que dependen los beneficios de la justicia transicional, entre ellos evitar la cárcel ordinaria. Para mantenerlos, los comparecientes deben aportar una verdad plena, detallada y exhaustiva.
Si la Sala concluye que la exsenadora omite, minimiza o contradice los relatos entregados por víctimas y exmandos guerrilleros, esa conducta podría perjudicarla más adelante, aunque actualmente no sea tratada como máxima responsable. La magistratura deberá establecer si su versión coincide con la información acumulada en el expediente.
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Si fuera imputada y reconociera su responsabilidad con un aporte completo de verdad, podría acceder a una sanción propia, de carácter restaurativo y sin prisión. Si negara los hechos y estos fueran probados, el expediente pasaría a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para un juicio contradictorio, con penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.
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