Abelardo de la Espriella tendría facultades extraordinarias por seis meses para fusionar y eliminar ministerios: esta es la iniciativa que estudiará el Congreso

El presidente Abelardo de la Espriella podría recibir facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley, si el Congreso aprueba una iniciativa del Centro Democrático que busca reducir el gasto de funcionamiento y facilitar la promesa gubernamental de achicar la estructura estatal.

La meta fiscal planteada equivale a un ahorro permanente de 2% del producto interno bruto (PIB), una suma cercana a $42 billones. Los recursos, según los promotores, podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.

La propuesta fue radicada por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo, ambos del Centro Democrático. El proyecto permitiría crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional, además de modificar su naturaleza jurídica, sus objetivos, sus funciones y la distribución de recursos humanos y presupuestales.

La senadora Correa explicó que la iniciativa busca habilitar al mandatario para “eliminar, fusionar o modificar ministerios y las entidades que dependen de ellos”. La autorización evitaría que cada ajuste administrativo requiera un trámite legislativo individual durante el período establecido.

Decretos para reorganizar entidades y limitar el gasto

Las facultades permitirían modificar plantas de personal, reasignar competencias y reestructurar organismos nacionales mediante decretos con fuerza de ley. El proyecto establece que las medidas no podrán provocar un incremento del gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación (PNG).

La senadora sostuvo que el objetivo es reducir costos administrativos y cuestionó la continuidad de entidades que, a su juicio, no justifican su presupuesto. “Si de verdad queremos un Estado más eficiente hay que empezar por reducir el gasto de funcionamiento. No un Estado que tenga ministerios como el de la Igualdad, que nos costó alrededor de 2 billones de pesos y su ejecución fue pésima”, afirmó.

El alcance de la habilitación tendría límites explícitos. No podría crear tributos, modificar la regla fiscal ni alterar el régimen salarial de los servidores públicos, y tampoco alcanzaría a la Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral ni los órganos autónomos.

El Banco de la República quedaría excluido de las decisiones de reorganización, al igual que las universidades autónomas y las corporaciones regionales sometidas a regímenes especiales. La propuesta define la autorización como una herramienta temporal para corregir las estructuras acumuladas durante tres décadas de crecimiento institucional.

La iniciativa deberá completar su trámite en el Congreso, en el que podría enfrentar cuestionamientos de sectores de oposición. Cualquier cambio en el número de ministerios requiere aprobación legislativa, por lo que el proyecto busca otorgar una autorización específica para que el Ejecutivo pueda avanzar con las fusiones o eliminaciones.

La reducción de 18 a 13 ministerios y el antecedente de Uribe

El Gobierno confirmó su intención de pasar de 18 a 13 ministerios como parte de un plan de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, aunque no precisó la fecha ni cuáles dependencias quedarían incluidas.

La disminución del número de ministerios fue una de las promesas de campaña de De la Espriella. El presidente también propuso revisar embajadas y consulados, trasladar funciones del Gobierno nacional a departamentos y municipios, y concentrar el Estado en las tareas que considera esenciales.

Después de su elección, el mandatario anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República. El plan contemplaba eliminar dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y reducir 229 cargos.

El 28 de agosto, Abelardo de la Espriella ordenó una revisión integral de la estructura estatal. La instrucción incluyó identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir los gastos de funcionamiento.

Caicedo presentó el proyecto como una vía para acompañar esa decisión del Ejecutivo y recordó que Colombia ya aplicó una reforma administrativa de características similares. “Como presidente le ahorró a los colombianos 5 puntos del PIB en funcionamiento, eliminando y fusionando entidades. Así que ya hay un precedente de que sí se puede”, dijo sobre Álvaro Uribe Vélez.

La Ley 790 de 2002 otorgó a Uribe facultades extraordinarias para fusionar seis ministerios y reducir el total de 16 a 13. En esa reorganización se unificaron Interior y Justicia; Salud y Trabajo, que pasaron a conformar Protección Social; Ambiente y Vivienda; y Comercio, Industria y Turismo, cartera que mantuvo esa denominación en los gobiernos posteriores.