Antonella Petro cuestionó decisión de Abelardo de la Espriella de levantar suspensión al porte de armas en Colombia: “Multiplica la violencia”

A través de sus redes sociales, Antonella Petro Alcocer, hija del expresidente de la República Gustavo Petro, cuestionó que el hoy mandatario, Abelardo de la Espriella levantara la suspensión general al porte de armas en Colombia y advirtió que esta decisión lo que hace es trasladar a los ciudadanos una responsabilidad que, según sostuvo, solo corresponde al Estado.

La restitución de la norma ordinaria fijada por De la Espriella cobija a cerca de 700.000 personas con permisos vigentes y entró en vigor el 9 de septiembre, tras la publicación del Decreto 1368 en el Diario Oficial. Con ello, medida devolvió la validez a las licencias al día, pero no ampara a los que tengan permisos vencidos, cancelados o restricciones judiciales previas.

Frente a esto, Petro Alcocer, que ya es mayor de edad, hizo énfasis en la circulación de armas a situaciones cotidianas. “Solo piensen en una discusión de tráfico o que una riña de fiesta termine en una tragedia”, afirmó la joven, que ha utilizado las plataformas digitales para expresar su opinión sobre la agenda nacional y respaldar la gestión de su padre en el Ejecutivo.

Es válido destacar que la suspensión general había sido adoptada en diciembre de 2015, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Aunque en su momento nació como una disposición temporal para las festividades de fin de año, fue prorrogada cada año y se convirtió en la regla para la ciudadanía durante más de una década en el país.

Los cuestionamientos de Antonella Petro sobre el porte de armas en Colombia

Con la determinación, el Ejecutivo sostuvo que la restricción indefinida afectaba a los que cumplían la ley, mientras las estructuras delictivas mantenían el acceso ilegal al armamento. Bajo esa premisa, el Gobierno De la Espriella justificó el levantamiento de la suspensión en la necesidad de equilibrar las posibilidades de defensa de los ciudadanos autorizados.

Ante esto, Petro Alcocer cuestionó los motivos de la determinación del Gobierno, pues no está convencida de que el porte legal de armas represente, de manera directa, una protección frente al accionar de la criminalidad. “El argumento que nos venden es el de siempre: que armar a la gente es la única forma que los ciudadanos se defiendan de la criminalidad”.

Y de esta manera fue clara en afirmar que tanto la experiencia internacional y la realidad del país contradicen los propósitos expuestos para defender la medida. “Llenar las calles de armas no disminuye la violencia, al revés, la multiplica”, escribió la joven, que ha acompañado a su padre tras su salida del poder, el 7 de agosto, y se ha encargado de rescatar sus logros.

¿Qué alcance tiene la decisión de Abelardo de la Espriella?

El Decreto 1368, que es el que levantó la suspensión que existía desde hace al menos 11 años, no habilita el porte indiscriminado de armas de fuego en el territorio nacional. Los solicitantes y titulares de una autorización deben conservar los procesos de evaluación y acreditación exigidos por las autoridades, con el fin de cumplir con la normativa vigente.

En ese orden de ideas, la emisión y supervisión de los salvoconductos continúa bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. Por ello, para solicitar la autorización se exige una edad mínima de 25 años, además de otra serie de requisitos que garanticen la capacidad de tener salvoconducto.

En relación con estos permisos, Antonella Petro hizo una aguda observación sobre el papel institucional ante los riesgos asociados a las armas en espacios públicos y hogares. “La seguridad real es responsabilidad del Estado, fortaleciendo la justicia, la inteligencia y la presencia en los barrios, no lavándose las manos y dándole el peligro a la gente de a pie”.

Con ello, su crítica se centró en la legitimidad de esta decisión. “No todo lo que es legal es legítimo. ¿Otra vez, Abelardo?”, concluyó Petro Alcocer, que dejó clara su postura frente a lo que para ella es un riesgo latente que, en vez de brindar protección a los ciudadanos los dejará, a su juicio, expuestos a una serie de situaciones que tendrían el aval del Estado.