Fabiola Perea, exempleada doméstica de Laura Sarabia, denunció que fue “víctima del abuso de poder” de la exembajadora en Londres

Fabiola Perea aseguró que fue víctima de abuso de poder tras la interceptación ilegal de su teléfono, una actuación vinculada con la búsqueda de una maleta con dinero desaparecida en la vivienda de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete de Gustavo Petro.

La exempleada doméstica sostuvo que agentes de la Policía recopilaron datos de su familia durante una visita a su casa en Soacha, antes de que conociera que su línea había sido intervenida.

“Sí fui víctima del abuso de poder de Laura Sarabia”, afirmó Perea a en declaraciones a Cambio. La mujer no fue sometida a una prueba de polígrafo, como Marelbys Meza, pero su nombre apareció entre las personas interceptadas durante la operación desplegada por el presunto hurto.

Perea trabajaba un día por semana en el apartamento de Sarabia, en el que realizaba tareas domésticas. Cuando volvió después de la desaparición de la maleta, le comunicaron que había ocurrido un hecho delicado, aunque al principio no le informaron que se trataba de dinero.

La entonces pareja de Laura Sarabia le explicó que debía someterse a un “estudio de seguridad” si quería conservar su empleo. Perea aceptó porque entendió que era una exigencia asociada al trabajo de su empleadora en la Presidencia de la República.

Entre una y dos semanas después, un hombre que se presentó como policía la llamó por teléfono. Cerca de cuatro personas vestidas de civil llegaron a su vivienda en Soacha, recorrieron el inmueble y pidieron información sobre sus cinco hijos, su pareja, números telefónicos, correos electrónicos y dirección de residencia.

“Ellos miraban mi casa para arriba y para abajo, afuera, adentro y todo”, relató Perea. Los visitantes también tomaron fotografías de la vivienda y reunieron datos sobre su entorno familiar.

La exempleada nunca recibió una copia del supuesto estudio de seguridad ni conoció sus conclusiones. Según su versión, le indicaron que la información sería enviada directamente a sus empleadores.

Perea descubrió que su teléfono había sido interceptado al salir de una diligencia ante la Fiscalía. Mientras volvía a su casa, escuchó una noticia radial sobre las “chuzadas” relacionadas con el caso de Meza y oyó que también mencionaban su nombre.

“Mierda, esa soy yo. Esa gente me dañó la vida”, fue la reacción que recordó. Desde entonces, sostuvo que supo que su línea había sido intervenida mediante un trámite en el que presuntamente fue vinculada de manera falsa con una organización criminal.

La mujer llamó a Andrés, entonces pareja de Sarabia, para pedir explicaciones. “Yo le dije que por qué aparecía mi teléfono chuzado. Ellos eran los únicos que tenían mi número telefónico”, señaló, sin obtener una respuesta que esclareciera lo ocurrido.

Las consecuencias también alcanzaron su trabajo como empleada doméstica. “Esa era la forma de yo trabajar, de yo sobrevivir”, expresó Perea, quien dijo que perdió la mayoría de sus empleos en distintas casas y permaneció más de un año al servicio de la familia de Sarabia porque no encontraba otras opciones laborales.

La imputación contra Sarabia y la disputa por las interceptaciones

La Fiscalía imputó a Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. El organismo sostiene que la exjefa de gabinete habría utilizado recursos y funcionarios estatales para resolver un asunto personal, mientras que ella se declaró inocente durante la audiencia.

La acusación se concentra en el empleo de recursos públicos para practicar el polígrafo a Marelbys Meza. Hasta ahora, no existe una imputación contra Sarabia por haber ordenado las interceptaciones ilegales de los teléfonos de Meza y Perea.

El abogado Mauricio Marín, representante de Perea, solicitó que su clienta fuera reconocida como víctima en el proceso contra Sarabia. La jueza rechazó el pedido al considerar que no se acreditó una afectación directa relacionada con los hechos concretos investigados en ese expediente.

La defensa cuestionó que la imputación no incluyera las interceptaciones telefónicas y sostuvo que la investigación debería revisar el conjunto de actuaciones posteriores al presunto hurto. Marín planteó que, si la hipótesis del ente acusador es que los uniformados no actuaron por iniciativa propia, debe determinarse si la entrada de policías a la casa de Perea, la recolección de datos y la posterior intervención de su línea pueden atribuirse penalmente a Sarabia.

Esa línea hace parte de otra investigación en la que han sido vinculados integrantes de la Policía Nacional. Perea ya figura como víctima en procesos relacionados con las interceptaciones y presentó una demanda de reparación directa contra el Estado.

Su equipo jurídico busca que la Fiscalía vuelva a escucharla y establezca si el supuesto estudio de seguridad formó parte de las actuaciones que precedieron la intervención telefónica. “Que todo esto se aclare. Que mi nombre quede limpio”, pidió Perea, quien dejó Bogotá y cambió de residencia por temor después de conocer que había sido presentada como presunta integrante de una estructura criminal.