El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con autoridades tradicionales y líderes de los pueblos indígenas de Colombia, con el objetivo de establecer una “nueva etapa” en la relación entre esas comunidades y el Estado.
De acuerdo con el mandatario, su administración reconoce que existe un mandato constitucional que ordena la protección de la diversidad étnica en el país. Además, aseguró que garantizará el derecho que tienen los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rom a la consulta previa. Ese mecanismo les permite decidir sobre proyectos y medidas que se quieran ejecutar en sus territorios y que puedan generar afectaciones en sus comunidades.
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Sin embargo, aclaró que la consulta previa se llevará a cabo “con reglas claras” que impidan que el mecanismo sea “distorsionado” por intermediarios, o que haya abusos o irregularidades. Esto, sin que se genere un debilitamiento de la figura. “Se revisarán detalladamente los procedimientos para impedir que intermediarios, funcionarios, empresas o dirigentes puedan convertir la consulta previa en un negocio o utilizarla como mecanismo de presión económica”, precisó De la Espriella en el encuentro con las comunidades.

Asimismo, indicó que pretende que los proyectos territoriales cuenten con la participación de las comunidades étnicas y aseguró que los recursos asignados para beneficio de dichas poblaciones serán vigilados de manera rigurosa, para evitar cualquier irregularidad relacionada con su manejo.
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“Quiero una política en la que las comunidades participen desde el origen en los proyectos estratégicos de regiones como la Amazonía, el Pacífico, La Guajira, la Orinoquía y las zonas de frontera. Al mismo tiempo, ejerceremos un riguroso control fiscal para garantizar que cada peso destinado a estas comunidades se traduzca en resultados concretos: escuelas dignas, salud, agua potable y mejores condiciones de vida”, precisó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.
En la reunión, el presidente aseguró que, para asegurarse de que los recursos están siendo manejados correctamente y que están llegando a los pueblos indígenas como corresponde, visitará personalmente las obras y proyectos que se adelanten. “Yo no me voy a contentar con informes que digan que se contrataron o ejecutaron miles de millones de pesos”, señaló.
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Según explicó, es necesario hacer una revisión exhaustiva del dinero porque, en el empalme anticorrupción que se llevó a cabo antes de iniciar su mandato, identificaron presuntas irregularidades. Por ejemplo, en 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior aparecen comprometidos $967.000 millones, aproximadamente, y más de $672.000 millones que fueron desembolsados.
“En la información examinada no aparece que alguno de esos convenios haya sido liquidado, hecho que, por supuesto, enciende todas las alarmas”, detalló De la Espriella.
Así las cosas, el presidente aseguró que habrá una relación respetuosa con las comunidades, en la que se reconocerán sus derechos, pero también sus deberes y sus aportes en materia de seguridad, educación, salud, productividad y empleo. Además, informó que mantendrá estrecha comunicación con las autoridades y las comunidades, y que también escuchará a las organizaciones que representan a los pueblos étnicos. Sin embargo, aclaró que “ninguna organización puede sustituir la voz de los pueblos ni atribuirse la representación de su voluntad”.
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Por otro lado, el mandatario informó que ordenó la revisión jurídica de los actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr resolver inconvenientes que tiene el resguardo Guambía del pueblo Misak, en Silvia, Cauca. Asimismo, solicitó la presencia de la fuerza pública para proteger a las comunidades.
“Que la extraordinaria diversidad de nuestra Patria nunca sea una razón para dividirnos, sino una fuerza que nos una y un motivo para sentirnos profundamente orgullosos de Colombia”, señaló el jefe de Estado en la red social X.
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