La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al senador Álex Flórez Hernández, del Pacto Histórico, por violencia intrafamiliar agravada contra su expareja Johanna Peláez Botero.
La decisión, tomada tras una investigación iniciada en julio de 2024, se fundamenta en presuntas agresiones verbales y físicas ocurridas entre 2020 y 2021, cuando el hoy congresista era concejal de Medellín, según la Corte Suprema de Justicia.
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La denunciante afirmó públicamente en marzo de 2025 que los hechos no ocurrieron. Pese a esa declaración, el magistrado Marco Antonio Rueda, que tuvo inicialmente a cargo el expediente, consideró que el material documental y testimonial reunido permitía avanzar a la siguiente etapa del proceso penal.
Entre los elementos evaluados figura un registro de una entidad promotora de salud (EPS) que consignó la expresión “sospecha de maltrato físico” sobre Peláez.
También se conoció un parte médico de EPS Sura que reportó un traumatismo superficial en uno de sus oídos, atribuido a golpes.
La denuncia señala que Flórez habría agredido a la madre de su hijo después de que ella se negara a abortar. En el momento en que se hicieron públicas las acusaciones, ambos difundieron un comunicado en el que afirmaron que mantenían una buena relación en torno a su hijo, sin desmentir de forma expresa la presunta agresión.
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Así mismo, la defensa del senador podrá presentar un recurso de reposición contra la acusación. Si la determinación queda en firme, el caso llegará a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que deberá conducir el juicio contra el congresista.
Flórez cuestionó la decisión judicial en marzo de 2025 y afirmó que la acusación era injusta. El senador sostuvo que la justicia había “ignorado intencionalmente” el testimonio de la madre de su hijo, que negó haber sufrido violencia intrafamiliar.
El congresista cerró entonces su pronunciamiento con esta frase: “Defenderé mi verdad y la tranquilidad de mi familia hasta las últimas consecuencias. No todo vale en política, y no permitiremos más mentiras ni ataques contra nuestra dignidad”.
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Los mensajes difundidos durante 2025 añadieron otra arista al caso. Fragmentos de conversaciones de WhatsApp publicados por Desigual, portal dirigido por el periodista Alejandro Villanueva, mostrarían intimidaciones contra Peláez y discusiones en la residencia de la pareja en las que ella habría expresado temor por su seguridad.
Las publicaciones también aludieron a presuntas presiones para que Peláez suscribiera un comunicado conjunto en marzo de 2022, en el que negó las agresiones. Flórez respondió que los mensajes eran falsos y que constituían actos de injuria y calumnia; además, acudió a la Fiscalía General de la Nación para pedir protección para su hijo menor de edad.
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El senador fue elegido en 2022 por la lista cerrada del Pacto Histórico. Su trayectoria incluye una sanción de la Procuraduría General de la Nación, que lo suspendió e inhabilitó durante ocho meses tras un altercado, mientras se encontraba en estado de embriaguez, con agentes de la Policía Nacional afuera de un hotel de Cartagena.
Otra investigación por la financiación de su campaña de 2021
La misma Sala de Instrucción abrió una investigación separada sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Flórez al Senado. La magistrada Cristina Lombana examina posibles conductas de concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado.
La indagación busca establecer si el senador solicitó dinero, de manera directa o por medio de terceros, a contratistas estatales de Medellín para financiar su campaña de 2021, cuando ejercía como concejal. También revisa eventuales irregularidades en los reportes y aportes económicos de esa contienda.
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La Corte Suprema aún no ha definido la fecha de la indagatoria dentro de ese expediente. Esa actuación avanza de forma independiente al proceso por violencia intrafamiliar agravada.
En la misma sesión, la Sala de Instrucción decidió no imponer una medida de aseguramiento al senador David Ricardo Racero, también integrante del Pacto Histórico, dentro del caso conocido como Fruver.
La ponencia del magistrado César Reyes, respaldada por la mayoría, rechazó la solicitud de enviarlo a prisión preventiva.
Racero continúa investigado por presunta concusión debido a la posible utilización de integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo, contratados con recursos públicos, en una tienda de frutas y verduras vinculada a su familia en Bogotá. El Consejo de Estado ya resolvió no retirarle la investidura, pero el proceso penal ante la Corte Suprema sigue en curso.
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