Cauca concentra riesgo para defensores ambientales: indígenas y campesinos, principales víctimas

Colombia volvió a aparecer como el país más letal del mundo para las personas defensoras del ambiente y la tierra, según el informe anual de Global Witness publicado este 15 de septiembre. El documento registró 39 asesinatos en 2025 y mostró que el riesgo se concentra especialmente en el Cauca, así como en comunidades indígenas y campesinas.

De acuerdo con el análisis publicado por El Tiempo, el informe no solo confirma la gravedad de la violencia contra líderes ambientales, sino que permite identificar patrones territoriales y sociales. La mayor parte de los casos está vinculada con disputas por la tierra, presencia de economías ilícitas, minería ilegal y control de corredores estratégicos.

El dato más crítico aparece en Cauca: de las 39 personas asesinadas en Colombia, 13 murieron en ese departamento. Esto equivale a una tercera parte de los casos del país y a más del 10 % de las 124 muertes documentadas en todo el mundo por Global Witness durante 2025.

Cauca, epicentro de la violencia

El informe señala que el Cauca se consolidó como el principal foco de riesgo para quienes defienden el ambiente en Colombia. Con los 13 asesinatos registrados en 2025, el departamento acumula 171 casos desde 2012, cuando Global Witness comenzó su registro, la cifra más alta entre todos los departamentos del país.

Según el documento, la violencia en esta zona responde a factores estructurales. Su ubicación al sur del país, cercana a la frontera con Ecuador y con acceso a rutas hacia el Pacífico, ha convertido al Cauca en un corredor estratégico para el tráfico de cocaína.

El informe también advierte que el cultivo de coca se quintuplicó en la última década, en medio de una creciente influencia de grupos armados colombianos y cárteles mexicanos. A esto se suma la minería ilegal, que junto con el narcotráfico ha contribuido a la degradación de bosques y fuentes de agua.

El patrón se repite en otros departamentos del sur del país. Nariño y Putumayo registraron tres asesinatos cada uno, con factores similares de fondo: presencia de cultivos de coca, minería ilegal, grupos armados, desplazamiento de comunidades y contaminación de ríos.

Uno de los hallazgos centrales del informe es que los territorios más biodiversos también aparecen entre los más peligrosos para quienes intentan protegerlos. En esas zonas, las comunidades que habitan y defienden la tierra quedan en medio de disputas armadas, economías ilegales y presiones sobre los recursos naturales.

Víctimas indígenas y campesinas

El segundo patrón identificado por Global Witness está relacionado con el perfil de las víctimas. Según el informe, casi la mitad de las 39 personas asesinadas en Colombia en 2025 eran indígenas y otras 15 eran campesinas.

Ese comportamiento coincide con la tendencia global. A nivel mundial, casi tres cuartas partes de los asesinatos documentados afectaron a pueblos indígenas y personas campesinas, atacadas por defender sus territorios y su acceso a la tierra.

En el caso del Cauca, el riesgo sobre las comunidades indígenas es especialmente alto. De los 13 asesinatos registrados en el departamento, cuatro correspondieron a guardias indígenas. Global Witness documentó en 2025 la muerte de 44 personas indígenas en el mundo, entre ellas siete integrantes de guardias indígenas.

El informe también rindió homenaje a Edgar Tumiñá Gembuel, guardia nasa de Colombia, cuyo caso fue incluido en el recuento de personas indígenas asesinadas por defender su territorio, su cultura y sus recursos.

Para Global Witness, los ataques contra guardias indígenas muestran que la violencia no se dirige únicamente contra personas individuales, sino también contra mecanismos comunitarios de protección. Estas guardias hacen parte de sistemas colectivos de defensa territorial, monitoreo y alerta temprana.

El informe relacionó 35 de los 39 homicidios en Colombia con conflictos por la tierra. Además, vinculó presuntamente 17 muertes con el crimen organizado y otras cinco con asesinos a sueldo.

Global Witness recomendó al Estado colombiano firmar y aplicar la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, con un enfoque preventivo y colectivo. También pidió reconocer e integrar mecanismos comunitarios de protección, incluidas las guardias indígenas, dentro de las rutas del Acuerdo de Escazú.

Aunque los asesinatos bajaron de 48 en 2024 a 39 en 2025, el informe advierte que las cifras probablemente subestiman la magnitud real de la violencia por las limitaciones para verificar casos. Los patrones, sin embargo, se mantienen: Cauca como epicentro, víctimas indígenas y campesinas, conflicto por tierra como móvil dominante y crimen organizado como presunto perpetrador principal.

El reporte también alertó por la reducción de la ayuda internacional en 2025, que golpeó a organizaciones que acompañan a comunidades en riesgo. Según el análisis, mientras la amenaza persiste, la red de apoyo a los defensores ambientales se debilita.