Gobierno lanzó ultimátum a grupos armados tras acabar con mesas de diálogo: sometimiento a la justicia o confrontación con la fuerza pública

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el cierre de nueve procesos de diálogo, conversaciones sociojurídicas y zonas de ubicación temporal que habían sido establecidos durante la administración anterior, según informó el Gobierno nacional.

La decisión, vigente desde el 7 de agosto de 2026, implica un cambio en la estrategia oficial frente a los grupos armados y las organizaciones criminales. La administración sostuvo que no mantendrá espacios de negociación con estructuras que continúen con actividades violentas, narcotráfico, extorsión u otras acciones ilegales.

De acuerdo con el mensaje difundido por la Presidencia, la nueva directriz fija dos alternativas para los integrantes de esas organizaciones: el sometimiento a la justicia o la confrontación con la fuerza pública dentro de los límites de la Constitución y la ley.

El Ejecutivo presentó la medida como parte del cumplimiento de una promesa de campaña de De la Espriella, que había cuestionado los mecanismos de diálogo y los beneficios otorgados a actores armados durante el gobierno anterior. La Casa de Nariño afirmó que esos espacios no produjeron resultados suficientes en materia de reducción de violencia ni de desarticulación de las organizaciones ilegales.

El Gobierno asegura que los grupos se fortalecieron durante los acercamientos

La administración nacional argumentó que las estructuras incluidas en los procesos aprovecharon los últimos cuatro años para ampliar su presencia territorial y aumentar su capacidad operativa. Según esa versión, los grupos incrementaron los ataques contra la población civil, las Fuerzas Militares y la Policía mientras sostenían contactos con delegados del Estado.

“Para el presidente De la Espriella no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia”, señaló la Presidencia en su comunicación oficial.

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, afirmó que el mandatario considera agotado el modelo de negociaciones con organizaciones que no suspendan sus actividades ilegales. El funcionario sostuvo que la prioridad será recuperar la autoridad institucional en las regiones donde operan grupos armados y bandas de alto impacto.

Soto indicó que la política oficial parte de una condición: las estructuras que pretendan acceder a beneficios judiciales deberán abandonar la violencia y aceptar los mecanismos de la justicia. De lo contrario, enfrentarán operativos de las autoridades.

La decisión representa una ruptura con los procesos que combinaban mesas formales de diálogo, contactos sociojurídicos con organizaciones urbanas y zonas temporales para integrantes de grupos armados. El Gobierno sostiene que esos instrumentos quedaron sin efecto ante la continuidad de las acciones criminales.

Los procesos alcanzados incluyen estructuras armadas rurales y bandas urbanas

Entre las instancias cerradas figura la mesa con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. También fueron terminados los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el proceso que involucraba al Frente Guerrillero Comuneros del Sur.

La medida abarca, además, los espacios de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura con presencia en la región Caribe. La Presidencia incluyó en la decisión las conversaciones con organizaciones armadas de crimen de alto impacto que operan en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

El anuncio también menciona procesos relacionados con grupos criminales de Quibdó y Buenaventura, dos ciudades afectadas por disputas entre estructuras ilegales, extorsiones y hechos de violencia contra la población.

La Casa de Nariño afirmó que buscará reforzar la protección de las comunidades y el respaldo a la fuerza pública. El Ejecutivo también señaló que su estrategia de paz estará condicionada por la seguridad, la aplicación de la justicia y la desarticulación de las organizaciones que mantengan actividades criminales.

El Ejecutivo denunció más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores

Uno de los argumentos centrales de la administración se refiere al costo de los procesos. De acuerdo con la información citada por el Gobierno, durante la gestión de Gustavo Petro se destinaron más de $7.000 millones en honorarios para voceros, representantes y negociadores vinculados a estos espacios.

Esa cifra, según explicó Soto, no contempla otros rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, logística y funcionamiento de las zonas de ubicación temporal. El vocero sostuvo que esos gastos fueron financiados con recursos públicos.

El Gobierno presentó esos desembolsos como parte de la revisión de la política heredada. La administración considera que los recursos invertidos no se correspondieron con una reducción de las capacidades de los grupos involucrados ni con una mejora en las condiciones de seguridad de los territorios.

La nueva política condiciona cualquier salida al sometimiento judicial

La Presidencia sostuvo que la estrategia busca garantizar una “paz basada en la seguridad y la justicia”. Bajo esa definición, la administración priorizará operaciones contra las estructuras que persistan en actividades ilegales y mecanismos judiciales para quienes decidan abandonar las armas y responder ante las autoridades.

El comunicado oficial concluyó que la protección de la población civil, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa del territorio serán los criterios que orientarán las decisiones de seguridad tras la terminación de los nueve procesos.